Salud, corrupción, pobreza y endeudamiento: los principales desafíos que enfrentará el próximo Presidente de Perú

Trabajadores sacan agua de una tumba para el entierro de una persona no identificada que murió por coronavirus, en marzo en el cementerio San Pablo de Tushmo, en Pucallpa. Foto: Reuters

El nuevo gobierno deberá acelerar la campaña de vacunación contra el Covid-19, ya que esa es la única manera de reactivar la economía que cayó un 11,12% en 2020, su peor retroceso en tres décadas.


El próximo Presidente de Perú recibirá al país con la mayor tasa de mortalidad por Covid-19 per cápita del mundo -más de 186 mil peruanos han perdido la vida a causa del virus- además de grandes desafíos económicos y sociales.

Según la Plataforma de Datos Abiertos del Gobierno, hasta el 31 de mayo se habían administrado 3.932.631 dosis de vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, solo 1.191.639 personas han sido inoculadas con ambas dosis, una cifra muy baja para un país de cerca de 33 millones de habitantes.

Residentes se bañan y lavan ropa en un arroyo en un área de la selva amazónica, en Pucallpa, el 10 de marzo de 2021. Foto: Reuters

Mientras la vacunación avanza a ritmo lento, los hospitales están sobrepasados y no hay disponibilidad de tanques de oxígeno. Por lo tanto, la aceleración de la campaña de inoculación será una de las principales prioridades del próximo gobierno, y de su éxito dependerá la reactivación económica del país.

En Perú, donde el empleo informal tradicionalmente ha acaparado gran parte de la economía, los cierres al comercio impuestos por la pandemia profundizaron la pobreza, que terminó 2020 afectando a un 30% de la población peruana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INEI).

Según el mismo organismo, la economía peruana cayó un 11,12% el año pasado, el peor retroceso en 30 años. La pobreza, en tanto, aumentó un 10% en relación a 2019, lo que equivale a más de tres millones de nuevas personas en situación de pobreza. Esto significa que casi un tercio de la población peruana no puede cubrir sus necesidades básicas.

Personas esperan afuera del comedor de beneficencia de San Francisco de Asís, que distribuye alimentos para personas sin hogar y pobres, en septiembre de 2020, en Lima. Foto: AP

“En 2020 se ha producido un retroceso de una década en los indicadores sociales”, señaló a La Tercera el analista peruano Augusto Álvarez.

Pese a que casi el 50% de la población -cerca de 15 millones de ciudadanos- terminó el 2020 con empleo, la mitad de ellos sólo pudo conseguir un trabajo informal, de acuerdo al INEI, que estima que el 83,9% de los trabajadores menores de 25 años no tiene empleos formales.

En cuanto a la inversión extranjera, dependerá de las asociaciones que consiga el nuevo gobierno. Esto es importante porque Perú necesita recuperarse rápidamente de su endeudamiento, ya que para paliar las consecuencias de la pandemia usó parte de sus ahorros. En noviembre de 2020, tras semanas de protestas y una inestabilidad política con tres cambios presidenciales, el país se endeudó por más de 100 años con un bono por US$ 4.000 millones.

Cientos de manifestantes protestan contra el gobierno del Presidente interino Manuel Merino, luego del juicio político y destitución del Mandatario Martín Vizcarra, el 12 de noviembre de 2020, en la plaza San Martín de Lima. Foto: AFP

En un país donde la mayoría de los mandatarios electos democráticamente desde 1985 han terminado encarcelados o investigados, la corrupción también ocupa un lugar fundamental entre las preocupaciones de los votantes.

Los candidatos lo tenían claro. De hecho, Keiko Fujimori tenía un discurso de “mano dura” contra la corrupción en todas sus expresiones durante la campaña, mientras que Pedro Castillo acusaba al fujimorismo de ser un referente del abuso de poder en su país.

Para Álvarez, otros desafíos importantes serán “la recuperación de las expectativas ciudadanas y empresariales ante un pesimismo generalizado, la atención de enormes demandas sociales sin desincentivar la inversión privada, la construcción de una relación positiva entre el gobierno y el Congreso, y las designaciones en entidades claves que inspiren confianza”.

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