Los suizos se encuentran en medio de un debate respecto a la relación con la Unión Europea (UE), en un proceso que ha recordado los fantasmas generados a raíz del Brexit con Reino Unido. Por un lado, esta pequeña nación, de 8,8 millones de habitantes, quiere no solo mantener el acceso al mercado único, sino también hacerlo solo mediante pagos financieros, acogiendo inmigrantes y renunciando al poder judicial.

Bruselas y Berna alcanzaron un acuerdo en diciembre pasado para garantizar el acceso de Suiza al mercado único y estabilizar las relaciones con el bloque. Este anuncio se produjo más de tres años después de que el país helvético tomara la sorpresiva decisión de retirarse de una serie de negociaciones previas.

La incertidumbre geopolítica mundial convirtió en una “necesidad estratégica” mantener relaciones estables y predecibles con la UE, el principal socio comercial de Suiza, afirmó el gobierno a mediados de junio.

“Al mejorar nuestras relaciones económicas y políticas con la UE aumentamos nuestra seguridad”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, añadiendo que Suiza pertenece a Europa no solo geográficamente, sino también económica y socialmente.

“En un entorno tenso, unas relaciones estables y fiables con nuestros países vecinos y, por tanto, con la UE son esenciales para garantizar nuestra seguridad, nuestra independencia y nuestra prosperidad”, afirmó.

Así, los suizos tendrán que aceptar o rechazar el acuerdo en un proceso que tomará varios años. Primero se realizará una consulta pública que durará hasta el 31 de octubre, según el gabinete. Una vez finalizado, el paquete de medidas se presentará al Parlamento en el primer trimestre de 2026, antes de que se celebre un referéndum, probablemente en junio de 2027.

En abril pasado el gobierno dijo que propondrá al Parlamento la celebración de un referéndum opcional. Esto significa que el acuerdo solo necesitaría una mayoría de votantes para su aprobación, y no el apoyo de la mayoría de los 26 cantones suizos, como sería el caso en un referéndum obligatorio.

Los estudios muestran que la economía suiza podría sufrir un impacto económico acumulado de más de 520 mil millones de francos suizos (unos 655.000 millones de dólares) para 2045 sin un acuerdo, dijo el gobierno.

Los opositores al acuerdo han hecho lobby contra este formato, y las últimas noticias provocaron una rápida reacción del partido derechista Partido Popular Suizo.

“Con esta manera de actuar, el gobierno actúa en contra de la democracia suiza”, afirmó la colectividad.

Según el diario Financial Times, de aprobarse, el nuevo marco obliga a Suiza a reflejar los cambios en la legislación de la UE en áreas como la regulación de mercancías, la migración, la electricidad y el transporte, o se enfrentará a represalias. Berna tendría poca influencia en el desarrollo de las normas, pero estaría obligada a aportar 375 millones de euros anuales al presupuesto de la UE.

La búsqueda de vínculos más estrechos con Bruselas es un tema polémico en Suiza, donde los oponentes nacionalistas a una integración más estrecha dicen que corre el riesgo de socavar los mejores niveles de vida y el carácter único del país.

Los analistas esperan que el gobierno enfrente una dura campaña para ganar el referéndum y los críticos no tardaron en atacar.

“Suiza se enfrenta a un tratado sin precedentes históricos que destruirá los fundamentos probados y exitosos de la soberanía, la democracia directa, la separación de poderes y el federalismo”, afirmó el grupo de campaña Pro Schweiz.

Los opositores han advertido que un mayor vínculo con la UE socavará la soberanía suiza y la capacidad del país para controlar la inmigración. En este sentido, para disipar algunas de estas preocupaciones, Suiza logró una cláusula de salvaguardia modificada sobre inmigración como parte del acuerdo de 2024.

El gobierno también anunció que dividirá el acuerdo en cuatro decretos separados, lo que representa un paso más para aumentar las posibilidades de aprobación del acuerdo en un plebiscito. Los proyectos de ley, que se votarán por separado, son: uno relativo a la estabilización de las relaciones bilaterales y tres sobre nuevos avances en materia de seguridad alimentaria, electricidad y salud.

Si uno de los tres proyectos de ley más específicos fracasa, el proyecto general aún puede entrar en vigor, explicó Michael Schöll, director de la Oficina Federal de Justicia.

Suiza podría ser readmitida como miembro asociado del programa científico Horizonte Europa del bloque y convertirse en parte del organismo científico nuclear Euratom y del programa de intercambio de estudiantes Erasmus.

El Financial Times señaló que el pacto se asemeja en muchos sentidos a la lucha de Reino Unido por equilibrar la soberanía con el acceso al mercado de la UE tras el Brexit. En mayo, la UE y Londres acordaron una serie de cambios, desde la pesca hasta la energía, como parte de un reajuste de su relación. “Ha habido un repunte en la participación e interés por parte de los británicos en las negociaciones que hemos estado manteniendo con Bruselas”, dijo un funcionario suizo al diario británico.

Las negociaciones también se producen en un momento en que tanto Londres como Berna buscan lazos más profundos de defensa y seguridad con el bloque después de las amenazas del presidente Donald Trump de retirar las garantías estadounidenses que han sustentado la seguridad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sostuvo el Financial Times.

El panorama no está fácil en Suiza. Esto debido a que en una encuesta publicada en octubre por el Instituto Gfs.bern, solo el 6% de los encuestados suizos tenía un “sentimiento muy positivo” sobre la UE, una minoría (22%) lo consideraba más bien positivo, pero el 49% de los encuestados dijo tener una evaluación “negativa o más bien negativa” sobre la UE.

La Unión Suiza de Sindicatos (USS), la mayor organización de trabajadores del país, se ha mostrado ambivalente respecto al acuerdo, ante el temor de que este resulte en una reducción salarial en Suiza. El viernes anunció que se tomaría un tiempo para examinarlo antes de adoptar una postura oficial.