El juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, suspendió temporalmente este sábado la aplicación de la ley impulsada por el Congreso brasileño que abría la puerta a reducir las condenas de Jair Bolsonaro y otros condenados por la intentona golpista vinculada a los hechos del 8 de enero de 2023.

La determinación representa un nuevo capítulo en la disputa política y judicial en torno a las responsabilidades por el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, episodio que ocurrió pocos días después de la asunción del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

La resolución fue adoptada por Moraes -magistrado a cargo de las investigaciones sobre la trama golpista- tras revisar dos acciones judiciales presentadas por partidos de izquierda, que cuestionan la constitucionalidad de la nueva legislación aprobada por el Congreso.

Según explicó el juez en su resolución, la presentación de recursos de inconstitucionalidad constituye un “hecho procesal nuevo y relevante” que podría afectar directamente la situación jurídica de los condenados y las solicitudes presentadas por sus defensas.

“La interposición sobrevenida de un recurso directo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, la sentencia pendiente en revisión constitucional concentrada, constituye un hecho procesal nuevo y relevante que puede influir en la resolución de las solicitudes presentadas por la defensa”, sostuvo Moraes en el fallo.

La controversial ley

La norma suspendida corresponde al denominado proyecto de ley de Dosimetría, iniciativa que modificaba la forma de calcular las condenas por delitos relacionados con atentados contra el orden democrático.

En concreto, el texto establecía que los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no debían acumularse cuando fueran cometidos dentro de un mismo contexto.

Además, contemplaba rebajas de entre un tercio y dos tercios de las penas para quienes hubiesen participado en intentos de golpe sin haber financiado las acciones ni ejercido funciones de liderazgo.

De haber entrado plenamente en vigor, la legislación habría beneficiado directamente a Bolsonaro y a varios exintegrantes de su círculo político y militar, todos investigados o condenados por su presunta participación en la trama golpista que buscaba impedir la continuidad del gobierno de Lula.

Entre los eventuales beneficiados figuraban el excomandante de la Armada, Almir Garnier; el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira; el exjefe de la Casa Civil, Walter Braga Netto; y el general retirado Augusto Heleno.

Con la decisión de Moraes, cualquier intento de aplicar inmediatamente la reducción de condenas quedó paralizado hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal resuelva si la ley aprobada por el Congreso se ajusta o no a la Constitución.

De esta forma, Bolsonaro y los demás acusados no podrán, por ahora, acceder a eventuales beneficios penales derivados de la nueva normativa.