El gobierno de Donald Trump anunció su intención de derogar la “norma de protección de áreas vírgenes” que ha protegido los bosques primarios de Estados Unidos durante 25 años, lo que podría abrir 18 millones de hectáreas de bosques nacionales a la construcción de carreteras, la perforación y la tala de árboles.

Los conservacionistas temían que se produjera este anuncio desde el año pasado, después de que Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Trump, criticara una norma introducida por el gobierno de Bill Clinton, describiéndola como “excesivamente restrictiva” y un “obstáculo absurdo” para el desarrollo.

El Servicio Forestal de Estados Unidos, una agencia del Departamento de Agricultura, anunció formalmente, el martes, que había presentado la propuesta para derogar por completo la Norma de Conservación de Áreas sin Carreteras de 2001, porque estaba desactualizada y se necesitaba mayor flexibilidad para combatir la creciente amenaza de incendios forestales en terrenos públicos. Las carreteras facilitan el acceso a los equipos de bomberos y pueden servir como cortafuegos.

“Nuestros bosques no pueden permitirse otra década de inacción. En todo el país, hemos visto cómo condiciones evitables -bosques con vegetación excesiva, plagas de insectos y enfermedades- convierten paisajes saludables en polvorines”, dijo Rollins, en el comunicado.

“Durante demasiado tiempo, las restricciones obsoletas han mantenido decenas de millones de hectáreas de bosque fuera del alcance de los tratamientos que mejoran la salud de los bosques y reducen el riesgo de incendios forestales para nuestras comunidades”, añadió.

La normativa vigente también prohíbe la tala comercial en las zonas que el Servicio Forestal ha designado oficialmente como “áreas sin carreteras inventariadas” o en zonas de bosques nacionales consideradas generalmente sin desarrollar.

Grupos ambientalistas criticaron de inmediato el plan por considerarlo un retroceso en la protección de los bosques desde Alaska hasta Oregon y Carolina del Norte. “(Esta norma) es lo único que impide que gran parte de nuestros bosques nacionales más vírgenes se vean afectados por el desarrollo industrial. Estos bosques ofrecen un hábitat fundamental para la vida silvestre, proporcionan aire y agua limpios y frescos a millones de personas y contienen vastas extensiones de los últimos bosques primarios que quedan en el país”, dijo a Mother Jones, Alex Craven, director de la campaña forestal del Sierra Club.

Además, sostienen que los cambios podrían provocar más incendios, ya que los seres humanos, responsables de 9 de cada 10 siniestros, tendrán un acceso más fácil a zonas remotas de los bosques nacionales gracias a las nuevas carreteras.

“Abrir nuestros bosques remotos a más carreteras y urbanizaciones, y por lo tanto a más focos de incendio, tampoco es una solución para los incendios forestales, y nunca lo será”, indicó Josh Hicks, director de campañas de conservación de la Wilderness Society, en un comunicado.

Según The Washington Post, los incendios forestales representan una parte cada vez mayor del trabajo del Servicio Forestal, ya que el cambio climático aumenta la intensidad de los incendios. A mediados de julio, los funcionarios federales de bomberos declararon el nivel máximo de preparación para incendios, el nivel de alerta más alto en 10 años. A principios de este mes, grandes incendios en el estado de Washington obligaron a evacuar a la población de Spokane.

La propuesta estará abierta a comentarios públicos durante 30 días, tras los cuales el Departamento de Agricultura (USDA) podrá realizar revisiones y finalizar la política. La derogación de la norma seguramente enfrentará impugnaciones legales si se aprueba, ya que varios grupos prometieron demandar después de que Rollins declarara el año pasado su intención de revocar la política.

El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) hizo un llamado para que se presenten propuestas durante el período de comentarios públicos con el fin de “defender nuestros bosques de la tala por parte de la administración”.

“Su plan abriría decenas de millones de acres de nuestros bosques nacionales a la tala destructiva, la perforación y la construcción de carreteras, incluyendo tierras públicas emblemáticas que van desde el bosque nacional Tahoe de California hasta el Tongass de Alaska y el Sendero de los Apalaches”, dijo el NRDC.

Actualmente, las protecciones se aplican a más de 17 millones de hectáreas de áreas sin carreteras inventariadas, de un total de 78 millones de hectáreas que conforman el sistema forestal nacional, según el USDA, organismo que alberga el Servicio Forestal, que fue citado por The Washington Post. Derogar la norma también permitiría la tala en estas áreas.

Más del 95% de esas áreas se encuentran en los estados occidentales de Alaska, Arizona, California, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Utah, el estado de Washington y Wyoming, según informó el departamento. Eso sí, la derogación propuesta no afectaría a Colorado e Idaho, que tienen restricciones estatales para zonas sin carreteras.

The Washington Post recordó que la derogación de la norma que prohíbe el acceso a zonas sin carreteras va más allá de las políticas del primer mandato del presidente Donald Trump, que permitían la urbanización de los bosques nacionales.

En 2020, la administración Trump eximió al Bosque Nacional Tongass en Alaska de las protecciones para áreas sin carreteras, lo que, según los republicanos de Alaska, ayudaría a la economía del estado, abriendo 3,7 millones de hectáreas a la tala.

El USDA afirmó en su comunicado que la derogación permitiría a los administradores forestales individuales tomar decisiones adaptadas a las tierras que supervisan, sin imponer la construcción de carreteras ni la producción de madera.

El año pasado, Trump emitió una orden ejecutiva que obligaba a los departamentos de Agricultura e Interior a aumentar la producción de madera para reducir el riesgo de incendios forestales e impulsar las exportaciones.

Los gobernadores de Montana, Utah y Wyoming elogiaron la derogación en un comunicado conjunto con el USDA.

“Durante 25 años, la injerencia de Washington D.C. ha obstaculizado la capacidad de Montana para gestionar adecuadamente el riesgo de incendios forestales y el desarrollo vial en casi el 60% de los terrenos del Servicio Forestal en todo el estado”, declaró el gobernador de Montana, Greg Gianforte. “La decisión tomada hoy, que se ha hecho esperar, permitirá a estados como Montana implementar una gestión forestal adecuada en terrenos federales, teniendo en cuenta a las comunidades locales”.