Una nueva ley de protección de menores en España elevará la edad mínima para tener redes sociales

El Consejo de Ministros en España aprobó en primera vuelta un anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales. La iniciativa aprobada este martes contempla diversas medidas, que van desde exigencias a los fabricantes de dispositivos electrónicos, pasando por órdenes de alejamiento virtuales y asignaturas de alfabetización digital en los colegios hasta controles pediátricos para la detección de adicciones relacionadas con la tecnología en la atención primaria.

Uno de los principales cambios es que se aumentó la edad mínima para acceder y registrarse en redes sociales, de 14 a 16 años. La ley actual indicaba que hasta los 14 años se necesitaba un consentimiento de madres, padres o tutores legales para ocupar las plataformas. Pero ahora, la edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales (regulada en la Ley de Protección de Datos) aumentará debido a que “la evolución, no solo de la tecnología digital, sino también de su uso por los menores de edad, ha sido tan exponencial que, dada la madurez que requiere, puede resultar inapropiada su utilización precoz”, de acuerdo con el anteproyecto.

Otra medida que propone el anteproyecto es la prohibición de acceso a entornos digitales que usen mecanismos aleatorios de recompensa (conocidos como lootboxes o cajas botín) o su activación por personas que sean menores de edad, a la vez que fija para los “sujetos responsables” (los proveedores de esos espacios online) la obligación de “operar sistemas de verificación digital que permitan acreditar de manera fehaciente la edad de los usuarios”.

También incluye medidas sanitarias y educativas que aún están debatiéndose, ya que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias en esta materia. En el ámbito de salud, la principal idea que contempla el texto es el programa de revisión del niño sano, que incluye visitas desde el nacimiento hasta los 14 años y en el que participarán matronas, enfermeras y pediatras de los equipos de atención primaria.

Las revisiones pediátricas se utilizarán para “identificar usos problemáticos” de las tecnologías “de forma simultánea a la detección que se realiza de otras conductas perjudiciales como el aislamiento, la falta de juego o la carencia de estimulación del lenguaje”, entre otras. Así, “se pondrá especial atención en identificar las situaciones en que niños y adolescentes recurran de forma prioritaria al entorno digital para entablar relaciones de pares, comprobando si tienen a su disposición recursos de ocio saludable, espacios de encuentro y oferta lúdica gratuita”, señala el documento.

La norma está siendo trabajada de forma coordinada por cuatro ministerios: el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Transformación Digital y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Juventud e Infancia, siendo este último el que lideró el proyecto, dirigido por la titular Sira Rego, de la coalición de izquierda Sumar. Según fuentes del Ejecutivo que hablaron con el periódico El Confidencial, la coordinación demuestra “la dimensión” de la iniciativa, que definen como un punto de partida.

En promedio, la edad de acceso al primer celular en España es de 11 años y el 98% de los adolescentes tienen algún tipo de interacción en las redes sociales, de acuerdo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha insistido que “está en juego” la salud de los menores, según información del diario español El País. Una vez recibida la aprobación de la coalición de gobierno, el texto pasará a órganos consultivos y posteriormente al Congreso de los Diputados, donde la ley podrá sufrir modificaciones en el proceso de negociación con otros grupos políticos. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha explicado que se trata de una ley que responde a una “inquietud” que ha dicho que comparte “la práctica totalidad de la ciudadanía de este país”.

El anteproyecto también incluye una serie de modificaciones en el Código Penal con el fin de adaptar las conocidas órdenes de alejamiento al actual paradigma tecnológico y crear lo que se podría definir como “órdenes de alejamiento virtual”. El documento, de 28 páginas y aún en proceso de redacción, expone que el acceso de los menores a contenido inapropiado puede producir “múltiples consecuencias”.

Entre ellas, se encuentran daños psicológicos y emocionales (“el menor posee una madurez y una autoestima en desarrollo, por lo que es más vulnerable a nivel emocional si tropieza con información que no es capaz de asumir”, como por ejemplo contenido pornográfico o violento); desinformación, manipulación y construcción de falsas creencias; conductas peligrosas o socialmente inapropiadas; daños para la salud física; inclusión en grupos y colectivos dañinos; adicciones, y gastos económicos.

Por ello, el objetivo de la ley es “garantizar el respeto” de los menores en el entorno digital, “especialmente los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y a la protección de los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a la edad”.

En tanto, las organizaciones dedicadas a la niñez, como la Plataforma de Infancia y Save the Children, han valorado la iniciativa gubernamental. La responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, destacó a la agencia EFE la importancia de la aplicación de un sistema de verificación de la edad en los sitios de internet, la creación de nuevas figuras penales contra los delitos tecnológicos y las medidas en los ámbitos educativos y salud. “Más allá de estas acciones, creemos necesario trabajar en un enfoque preventivo para enfrentar los distintos riesgos, sobre todo en lo que se refiere a la sensibilización”, aseguró.

Mientras que Save the Children, destacó que la futura ley de protección de menores de edad en los entornos digitales se aleje del prohibicionismo y que establezca las bases para educar a los menores a ser ciudadanos digitales que comprendan sus derechos y obligaciones. “La participación infantil y adolescente es un elemento fundamental del anteproyecto, planteando la creación de espacios no sólo formativos, sino en los que niños y niñas puedan aportar sus propias experiencias, necesidades y propuestas de mejora de cara a una estrategia de entorno digital seguro”, asegura su director, Andrés Conde.