Tras varias balaceras y episodios de violencia registrados en recintos educativos, el Ejecutivo lanzó ayer (miércoles) la implementación de los Patrullajes Preventivos Inteligentes (PPI) en entornos escolares a partir del segundo semestre, medida que se concretará en 44 comunas prioritarias, las que definió la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). Pero más allá de la vigilancia y la búsqueda de bienestar, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, expresó su rechazo a la forma en que se ha planteado la medida.

“Una vez más, la seguridad pública termina recayendo en los municipios, que ya operamos al límite de nuestras capacidades técnicas, humanas y financieras. La subsecretaria Leitao no ha tenido reparos en aumentar las exigencias al sistema municipal, sin acompañarlas de un respaldo económico real por parte del gobierno central”, advirtió Alessandri.

Alessandri agregó que “a estas alturas, resulta incomprensible que la principal respuesta del Ejecutivo ante el aumento de la violencia escolar sea implementar patrullajes preventivos fuera de los colegios, descartando otras medidas como el uso de detectores de metales, como si una fuera solución efectiva y suficiente frente a un fenómeno que es claramente complejo y multifactorial, y la otra no”.

Para Alessandri, enfrentar la violencia escolar requiere una estrategia integral, interministerial y sostenida en el tiempo, que involucre al Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Salud, Interior, Deportes, a las familias, a los colegios y, por supuesto, a los municipios, que conocen las dinámicas de sus comunas. Sin embargo, advirtió que este trabajo “debe hacerse con planificación, claridad y, sobre todo, con financiamiento”.

Finalmente, el presidente de la AChM sentenció que delegar la responsabilidad de la seguridad pública en los municipios, sin entregar recursos ni herramientas adecuadas, no solo es una medida irresponsable, sino que también representa una forma de encubrir la inoperancia del Estado en esta materia.

¿Y por qué la crítica de Alessandri? Leitao explicó el miércoles que la implementación requiere que los municipios demuestren capacidad operativa: vehículos disponibles, recursos tecnológicos básicos y compromiso institucional para coordinar con actores locales de educación y seguridad.

“La iniciativa integra nuestro programa PPI, que utiliza inteligencia artificial para optimizar patrullajes, con el programa Comunidades Educativas Protegidas del Mineduc”, y que la selección de comunas se basó en dos criterios técnicos: “Primero, consideramos las 63 comunas que ya cuentan con PPI implementado. Segundo, realizamos un análisis intersectorial de datos policiales 2019-2024 para identificar los 50 entornos educativos con mayor riesgo, priorizando comunas con alta concentración de delitos que afectan directamente a las comunidades escolares”.

El detalle de las comunas, que fue revelado por La Tercera, señala: Región de Arica y Parinacota, Arica; Región de Tarapacá, Iquique y Alto Hospicio; Región de Antofagasta, Antofagasta y Calama; Región de Atacama, Copiapó; Región de Coquimbo, La Serena, Coquimbo y Ovalle; Región de Valparaíso, Quilpué, Valparaíso y Viña del Mar; Región Metropolitana, Maipú, La Florida, San Bernardo, Santiago, Puente Alto, Estación Central, Ñuñoa, Recoleta, Las Condes, Peñalolén, Quilicura, Pudahuel, Quinta Normal, Melipilla, Renca, San Miguel, Cerro Navia, La Cisterna, Lo Prado y La Pintana; Región de O’Higgins, Rancagua; Región del Maule, Talca; Región de Ñuble, Chillán; Región del Biobío, Concepción, Lota, Los Ángeles y San Pedro de La Paz; Región de La Araucanía, Temuco; Región de Los Ríos, Valdivia; Región de Los Lagos, Puerto Montt; Región de Aysén, Coyhaique; y Región de Magallanes, Punta Arenas.