Fue durante la semana pasada que se conoció que el Gobierno Regional de Santiago, liderado por Claudio Orrego, había decidido cerrar un convenio de 5 mil millones de pesos con la Policía de Investigaciones (PDI) para implementar el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), tras años de inactividad.

Y mientras desde el Ejecutivo y la propia PDI buscaban insistir en la idea de implementar la licitación, ahora son algunos alcaldes de oposición de la RM los que entran en la polémica, clamando por la continuidad de un proyecto que en tres años no ha avanzado en el proceso licitatorio.

José Manuel Palacios (UDI), alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), es tajante, apuntando además al Ejecutivo: “⁠El gobierno dice que la seguridad es su prioridad, pero se queda solo en las palabras al ser incapaz de avanzar en una iniciativa tan relevante para las personas como el reconocimiento biométrico de delincuentes, dejando en evidencia la ineficacia y problemas serios de ejecución de esta administración”. Y suma: “Como representante de los alcaldes agrupados en Amuch pedimos al gobernador Orrego persistir en esta iniciativa manteniendo su financiamiento, y exigimos al gobierno realizar las acciones y coordinaciones necesarias para ejecutar esta iniciativa en el menor plazo posible”.

A su vez, el edil de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), primero contextualiza que el sistema ABIS “es la única opción” que tiene el país de hacer frente “a la inmigración irregular y los delitos cometidos por extranjeros de los que no tenemos ningún antecedente en Chile, sobre todo de sicarios y el crimen organizado”.

“Este aspecto de la crisis de inseguridad pública es un problema a nivel nacional, por lo tanto, debiera realizarse con fondos asignados por Hacienda a la PDI directamente para que se utilice en todo el país”, suma. Y añade: “Ya que el Ejecutivo no lo hizo, los gobernadores de Santiago y de Arica y Parinacota anunciaron que comprarían dicho sistema para sus regiones, ya que son los más aquejados por este flagelo”.

Y mientras el proyecto en el norte avanzó, Alessandri dice que el de la RM no sabe si no prosperó porque “hubo un error en los requisitos técnicos o en el monto asignado a la licitación, pero lo cierto es que nadie se presentó a dicha licitación”. Esos “errores”, dice, se pudieron haber corregido. “Estamos llegando tarde por falta de gestión tanto del gobierno central como el regional. (…) “Estamos hablando de 5 mil millones de pesos congelados durante años porque un puñado de burócratas son incapaces de hacer su trabajo”.

Del mismo modo, Camila Merino (Evópoli), máxima autoridad de Vitacura, recuerda que en agosto de 2022 fue invitada al acto en el cual fue anunciado el nuevo Sistema Automatizado de Identificación Biométrica.

“Ya han pasado casi tres años desde el anuncio y el proyecto aún no se ha ejecutado. La demora ha tenido consecuencias concretas. La falta de esta herramienta tecnológica ha significado que numerosos casos que podrían haberse resuelto de forma rápida y eficaz sigan demorando su esclarecimiento o, simplemente, se cierren sin una condena”, se extiende.

Y se pregunta: “¿Cuál es la explicación para este retroceso? ¿Cómo es posible que el Estado no sea capaz de gestionar un proceso que está en el corazón de las prioridades ciudadanas?”.

“No nos preguntemos después por qué la democracia sigue perdiendo valoración a ojos de las personas”, cierra.