El 26 de marzo la relación entre el directorio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el rector Álvaro Ramis (53) se quebró definitivamente. Ese día los representantes de la casa de estudios privada le comunicaron al doctor en filosofía el cese anticipado de sus funciones (lleva 6 años en el cargo y este, su periodo, culminaba en agosto de 2027), desatando un verdadero terremoto interno. Hoy la institución es dirigida de manera subrogante por Iria Retuerto.

La acusación del expresidente de la FEUC, respaldado por varios funcionarios, es que la suya es una remoción irregular que vulnera los estatutos, mientras que la defensa del directorio es una evaluación “objetiva” de su gestión. Pero a Ramis eso no lo convence.

“Previamente a que se me anunciara desde el directorio este despido antiestatutario yo había pedido la remoción del vicerrector de Administración y Finanza, Patricio Soto. Esa remoción no fue aceptada por parte del directorio”, contextualiza.

¿Y qué deriva de esto?

Planteé que no puedo administrar una institución cuando la persona que va a gerenciar la dimensión financiera no es de confianza. Eso generaba una situación muy incómoda e iba a tensionar a la institución. Eso se prolongó por dos semanas, hubo una serie de exigencias hacia mi persona, de que mantuviéramos la buena convivencia. Dije que lo que correspondía era nombrar a otra persona para ese cargo y finalmente el directorio decide removerme a mí, pero al hacerlo no cumple el estatuto de la institución, que determina que la remoción puede ser por renuncia voluntaria o vía Consejo Superior Universitario, que vota con un quórum determinado y después pasa al directorio. Siempre estuve dispuesto a que se hiciera ese proceso, sin embargo, se me despidió de manera unilateral y eso rompe la cadena de gobierno de la universidad.

¿Qué ocurre con esa situación?

No es un problema solo para mí, sino que genera una cadena de problemas: la remoción -después- de la secretaria general, que es ministra de fe de la universidad, y luego una presión a los decanos que apoyan la posición del rector, que también se ven enfrentados a una presión de alinearse con, por decirlo así, estas autoridades de facto que empiezan a administrar la universidad. Eso obviamente genera un problema de certidumbre: quiénes tienen hoy la autoridad para firmar documentación o validar actos académicos y administrativos.

¿Hay alguna rencilla personal en esta decisión?

Yo no tengo ninguna diferencia o juicio negativo personal ni del presidente del directorio ni del vicerrector de Finanzas, sino que creo que el vicerrector fue adquiriendo con los años una serie de atribuciones que excedían sus competencias y, por lo tanto, colonizó dimensiones académicas que hacía preciso un cambio. Evidentemente la dimensión financiera no puede interferir en todas las áreas de la vida universitaria. Eso fue llevando a prácticas de desacato a las orientaciones del rector.

¿Ve que esto sienta precedentes?

Sí. Primero porque la principal función de una universidad es la certificación de grados y títulos académicos, y si eso no está bien establecido genera legítimas dudas. Hay una responsabilidad que se debería atender y por eso hemos hecho saber esto a la Superintendencia de Educación Superior, además de recurrir de protección para establecer claridades en el aspecto jurídico.

¿Cuál es su situación administrativa hoy?

A mí se me quitó inmediatamente acceso al mail, también se le quitó acceso al equipo de la Dirección de Comunicaciones. La universidad no está reconociendo accesos a gente que está todavía contratada. Situaciones parecidas también pasan con el equipo de Secretaría General, que también tiene bloqueadas sus cuentas.

¿Cómo ha visto usted que toda esta situación ha permeado a la universidad?

Evidentemente lo que la comunidad necesita es certeza, jurídica y administrativa. Yo quisiera convocar a la comunidad no a que se manifieste, sino que demande al directorio la certidumbre que requiere esto y que pueda dar continuidad a los procesos, pero no de cualquier manera. Si simplemente se pasa página de este hecho tan grave los que van a pagar las consecuencias son los trabajadores, los académicos y los estudiantes.

¿Y usted cómo daría punto final a este episodio? ¿Qué es lo que busca? La intención del director ya está clara.

Es un camino que lleva a un callejón sin salida. Lo importante sería, por una parte, la intervención de la superintendencia y por otro que la Corte de Apelaciones acoja el recurso de protección y una orden de no innovar para que todos los actos administrativos puedan cautelarse y se pueda establecer con certidumbre qué es lo que ha ocurrido. Que se reconozca que un proceso de destitución de un rector por voluntad del directorio tendría que pasar por el conducto regular que es el Consejo Superior y la aprobación posterior del directorio. Eso no ha ocurrido.

¿Estaría dispuesto a continuar a pesar de saber que el directorio quiere sacarlo?

Yo estoy dispuesto a continuar. El punto es que se den las garantías para los equipos de trabajo y también para el bien superior de la institución. Lo importante es que se enmienden los errores normativos y la universidad recupere el apego a legalidad y se puedan llevar adelante todos los procesos que la comunidad necesita.

¿Ve riesgos de que esta situación pueda escalar hasta algún tipo de sanción para la universidad?

El riesgo siempre está. Por eso es importante avisar y advertir a tiempo, porque todavía hay margen para corregir y llegar a algún tipo de solución que evite esos escenarios.

¿Hoy día cómo está funcionando la universidad? ¿Quién toma las decisiones?

En la práctica el directorio, que ha designado autoridades de facto para poder administrarla. Pero la comunidad demanda las actas de esos actos administrativos del directorio para conocer son sus fundamentos, actas que deben estar validadas por un ministro de fe.