En aniversario de la Fiscalía, Abbott critica a quienes "con liviandad ética e intelectual propugnan soluciones efectistas para calmar coliseo de voces"

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Foto: Mario Tellez

En la conmemoración de los 20 años del Ministerio Público, el fiscal nacional abordó una serie de puntos, incluyendo el caso del persecutor Emiliano Arias, a quien le abrió un proceso de remoción. Abbott también cuestionó que "para algunos delitos ligados a temas de impuestos, de campañas políticas, colusión en mercados o delitos medioambientales, aún se depende de la voluntad de órganos administrativos, que en algunos casos tienen dependencia del poder político".




En tres conceptos basó su discurso el fiscal nacional, Jorge Abbott, durante la conmemoración de los 20 años del Ministerio Público. El jefe del ente persecutor reflexionó sobre "la visión republicana de la Reforma Procesal Penal, la legitimidad de la acción penal pública y la preocupación central por las víctimas".

En cada uno de estos conceptos, Abbott abordó los logros y proyectos del Ministerio Público, exponiendo que en 2005, cuando terminó de instalarse la Fiscalía de Chile, se conocieron 710.568 causas, mientras que hoy ya se han recibido un millón 331 mil investigaciones penales. Además, el número de denuncias, dijo Abbott, aumentaron en un 87%.

El fiscal nacional, sin embargo, quiso abtraerse también de las cifras y entregar una lectura más en contexto, señalando que son todos los actores del Sistema de Justicia los responsables de lo positivo y lo negativo del proceso penal.

El jefe del Ministerio Público también hizo frente a las críticas hacia el rol del Ministerio Público, asegurando que "quienes con tanta liviandad ética e intelectual propugnan soluciones efectistas para calmar al coliseo de voces que piden 'severidado', no saben, no entienden o no quieren aceptar que la justicia emana de su legitimidad valórica y democrática". 

Caso Emiliano Arias: "Nadie está por sobre la ley"

Otro de los temas que abordó el fiscal nacional fue la situación del suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. El proceso de remoción del persecutor se inició ayer en la Corte Suprema y ha sido catalogado como uno de los episodios que más preocupan en el Ministerio Público.

"No puedo pasar por alto el tema de las investigaciones que se siguen en torno a la Fiscalía Regional de O'Higgins. El cumplimiento de la ley es exigible a todos, lo hemos reiterado, nadie está por sobre la ley. Y el estándar más alto es aplicable a quienes justamente tienen la potestad legal de ejercer la acción penal pública: ¡quienes tienen ese privilegio, no tienen ningún privilegio!", manifestó Abbott.

Arias se transformó en el primer fiscal regional, en la historia del Ministerio Público, en ser formalizado. Aunque sobre el caso Abbott no ahondó mayormente, sostuvo que "la función que nos ha sido entregada constitucionalmente exige de todos nuestros fiscales y funcionarios el cumplimiento irrestricto no solo de las normas legales, sino también de aquellas que guían una función que exige altos estándares de probidad y transparencia, como las que nos fuera encomendada. En dicho contexto, aunque las decisiones resulten incómodas y difíciles, no dejaré de adoptarlas, pues mi función implica también el bien del Ministerio Público".

Voluntad de organismos públicos

Otro punto fuerte del discurso del fiscal nacional fue el cuestionamiento a la pasividad de algunas instituciones al momento de buscar justicia y, por ende, denunciar ciertas prácticas a la Fiscalía.

"La legitimidad de la acción penal pública se ve lesionada cuando hay áreas en donde no queda claro el criterio con el que se persigue al ofensor. Para algunos delitos ligados a temas de impuestos, de campañas políticas, colusión en mercados o delitos medioambientales, aún se depende de la voluntad de órganos administrativos, que en algunos casos tienen dependencia del poder político. Son esas cosas las que cuesta explicar cuando hablamos de cómo reforzar la acción penal pública y de cómo legitimar el sistema ante la ciudadanía y, sobre todo, ante las víctimas", indicó.

Esto, en alusión a las denuncias requeridas por parte de la autoridad administrativa para indagar determinados delitos:  el Servicio de Impuestos Internos en el caso de delitos tributarios, el Servel para delitos electorales y la Fiscalía Nacional Económica en los de colusión.

Durante su discurso, el fiscal nacional abordó también los cuestionamientos hacia ciertas cifras del Ministerio Público, como por ejemplo, la tasa de causas archivadas y el bajo porcentaje de sentencias condenatorias.

Abbott explicó que "algunos -con un oportunismo difícil de entender- centran sus críticas, a vía ejemplar, en aislar el número de causas archivadas por la Fiscalía, sin considerar el incremento aún mayor de denuncias que ingresan al sistema".

En ese sentido, expuso que los casos en los que el imputado se encuentra efectivamente identificado se concentran en salidas judiciales. El fiscal dijo que la mayoría de las causas con imputado conocido corresponden a detenciones por flagrancia, que luego pasan a audiencias de control de detención.

Mejorar índices de imputado desconocido

En este caso, el número de imputados corresponde a 3 millones 11 mil 280; y, de éstos, el 45% de ellos fue condenado. "Pero si el imputado es desconocido, la tarea de lograr una salida judicial se vuelve extremadamente difícil, por lo que la probabilidad más alta será la de aplicar algún tipo de salida facultativa. Si atendemos al total de casos en estos 20 años, el 54% corresponde a imputados desconocidos, lo que, por supuesto, impacta en la calidad de los términos que se logra aplicar", agregó.

En ese sentido, Abbott sostuvo que "en la Fiscalía somos reacios a los oportunismos tan celebrados por la inmediatez del debate fácil y de corto plazo. Y también somos reacios a los titulares rimbombantes, carentes de la rigurosidad que requieren temas tan complejos como es el análisis del ingreso y salida de causas judiciales".

Finalmente, el fiscal nacional expresó que en el Ministerio Público están llanos a aportar su visión respecto a todo debate de cambio y modernización del ente persecutor, como también a seguir reforzando los canales de conversación con las policías y otros actores del sistema penal para mejorar la gestión en la persecución penal.

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