El temible Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que dirige Gregory Bovino, el comandante en jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) acaba de publicar un listado de 42 chilenos detenidos.

El listado, titulado como “Arrestados: lo peor de lo peor”, incluye lo que para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos son “los peores criminales extranjeros arrestados” por el ICE.

En el lugar número nueve de la lista figura Armando Fernández Larios, el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

En la ficha de Fernández se especifica que el chileno está condenado por homicidio y fue detenido en Fort Myers, Florida.

Su captura fue confirmada por el canciller Alberto van Klaveren. “En el caso de Fernández Larios lo que sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, es que estaba detenido y estaba detenido hace bastante tiempo. Sobre su situación legal específica en Estados Unidos a nosotros no nos corresponde informar sobre eso, pero lo que puedo señalar es que sí está detenido y creemos que obviamente esa calificación que se ha hecho a Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad", comentó el ministro de Relaciones Exteriores.

De hecho respecto del exagente de la DINA, la Segunda Sala de la Corte Suprema ya había autorizado, en más de un caso, su extradición por varias causas de delitos de lesa humanidad en los que figura como autor. Los procesos que fueron iniciados hace años por el ministro Mario Carroza y algunos de ellos ahora están en manos de la magistrada Paola Plaza.

Según información del Poder Judicial, en el máximo tribunal Fernández mantiene cinco causas en las cuales se ha solicitado su extradición. De estas, dos son por causas relacionadas a la Caravana de la Muerte, una por la causa Pisagua, otro en el caso del exembajador Orlando Letelier y otra catalogada como “Carmelo”.

En detalle, la primera extradición solicitada fue la denominada “Caravana de la muerte Calama”, cuya causa ingresó al máximo tribunal en 2007. La segunda corresponde al crimen del exembajador de Chile en Estado Unidos, Orlando Letelier, donde en 2016 se aprobó la extradición como autor del crimen de Ronie Moffitt, secretaria de Letelier y quien también falleció a causa del atentado.

Ese mismo año también se le requirió internacionalmente en la causa calificada como “Caravana de la Muerte La Serena”, en la cual se le responsabiliza como autor del delito de homicidio por hechos ocurridos en octubre de 1973. En 2016 también existe otro caso en su historial, pero que se mantiene reservado, sin embargo estaría relacionado con el crimen del diplomático español Carmelo Soria.

Además, existe una causa de 2017 en la que el magistrado Carroza solicitó su extradición por el caso “Episodio Pisagua: Manuel Sanhueza Mellado”, también como autor del delito de homicidio.

El abogado Cristián Cruz, representante de familiares de las víctimas de Caravana de la muerte La Serena, afirma que “está bastante clara la responsabilidad de Fernández, entre otros, en varios episodios de las causas Caravana de la Muerte, y lo que correspondería es que el Estado de Chile, al gobierno, proceda a gestionar la extradición para que sea debidamente juzgado y sancionado”.

Karinna Fernández, abogada en el caso Caravana de la muerte Calama, señala que ve “con preocupación el que tenemos conocimiento de hecho de esta magnitud como una detención a través de las páginas del propio Departamento de Estado del ICE norteamericano y no a través de nuestras autoridades, que desconozcamos cuál fue la fecha de la detención y de cuándo Fernández Lario está en esa condición”.

En esa línea, agrega que “de esta parte, por lo menos tengo dudas respecto de si Cancillería entregó esta información de manera oportuna y pronto a la ministra Paola Plaza, quien mantiene la jurisdicción sobre estas causas. Y también me preocupa el hecho de que si Cancillería ha puesto o no en manos de Interpol oportunamente esta información. Debería tener un rol activo cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad y que el canciller debería tener una voz fuerte en este sentido y con la debida diligencia de que se coloque la información en manos de las autoridades correspondientes para hacer los pasos siguientes para obtener la pronta entrega de una persona requerida por el Estado chileno en tantos casos y en delitos de especial magnitud”.

“Cancillería nos debe una respuesta clara contundente y de acuerdo a las normas de debida diligencia, en especial cuando se trata de actores claves de la dictadura que manejan y controlan información del destino de víctimas y de otros responsables. Su traslado a Chile debería ser prioridad de Cancillería”, concluye.