Al menos cinco son las solicitudes de extradición que ha dictado la Corte Suprema en contra del exagente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Armando Fernández Larios, quien se encontraba radicado en Estados Unidos tras reconocer su participación en el crimen del excanciller Orlando Letelier durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Eso hasta que hace algunas semanas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, más conocido como ICE -por sus siglas en inglés-, lograra su detención en Fort Myers, Florida, y acusando que se encuentra en situación migratoria irregular.

Hasta ahora no se conocen detalles sobre el estado migratorio de Fernández Larios en el país encabezado por Donald Trump, ya que en algún momento se planteó que podría estar asilado.

Sin embargo, de aquello no existe claridad. Menos aún cuando ya se ha fijado para este jueves una audiencia en la que el exagente de la DINA deberá enfrentar a la justicia migratoria de ese país.

Un proceso extendido

Desde que fue detenido por el ICE, Fernández Larios ha permanecido detenido en en Centro de Procesamiento Krome, en el estado de Miami. Ese recinto penitenciario es administrado por la policía migratoria y ha hecho noticia por las condiciones en las que se encuentran recluidas las personas mientras esperan que se resuelva su situación migratoria.

Hasta ahora el exagente de la DINA estaría catalogado en dicho recinto de reclusión como una persona en situación migratoria irregular, dado que no se han aportado antecedentes que den cuenta de un estatus legal vigente. Así lo informó Cancillería a la ministra en visita a cargo de la causa, Paola Plaza, a través de un oficio reservado que tuvo a la vista La Tercera.

Desde ese recinto, deberá comparecer este jueves 19 de febrero ante el tribunal migratorio de la ciudad. Según la localización de su reclusión, la situación migratoria de Fernández Larios será revisada por el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, donde se iniciará su proceso judicial. Según conocedores del proceso, en esta audiencia el acusado de una serie de homicidios comenzará la evaluación formal de su situación migratoria, así como también se podrían dictar medidas judiciales respecto de aquello.

Fuentes del gobierno afirman que, en esta ocasió,n ni Cancillería ni ningún organismo nacional participaría de la causa migratoria de Fernández Larios en Estados Unidos, ya que -afirman- correspondería a un caso que lleva EE.UU. en contra del ciudadano chileno. Ese escenario cambiaría en caso de que se dicte alguna expulsión o deportación, donde el país tendría que coordinar dicha ejecución.

A pesar de aquello, a través del oficio reservado y a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, se le informó a la magistrada que puede que dicho proceso “se extienda por un periodo prolongado, incluso superior a un año”.

Lo anterior porque, según explican quienes conocen del proceso migratorio estadounidense, cualquier decisión del tribunal que evaluará la situación de Fernández Larios este jueves es apelable ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). La resolución de este último tribunal superior es nuevamente apelable en alguna de las cortes de apelaciones de EE.UU., pudiendo así pasar el caso de la justicia migratoria a la ordinaria, lo que podría extender la causa.

Víctimas en espera

Mientras aquello ocurre en Estados Unidos, en Chile Fernández mantiene cinco causas que son indagadas por la ministra en visita Paola Plaza. De estas, dos son por causas relacionadas a la Caravana de la Muerte, una por la causa Pisagua, otra en el caso del exembajador Orlando Letelier y otra catalogada como “Carmelo”.

Consultada al respecto, Karinna Fernández, abogada en el caso Caravana de la muerte Calama y La Serena, afirma que existe una manifiesta “preocupación de todos los familiares” de las víctimas de derechos humanos toda vez que, a su juicio, el exagente “ha recibido la protección de las autoridades norteamericanas desde el año 87″.

Con su reciente detención, afirma la abogada, se ha generado mayor incertidumbre en las personas que representa, dado que “existe escasa información que se ha obtenido por parte de la autoridad de Cancillería, en este caso que obran como autoridad central en estas causas”.

“A los familiares, y a mí como representante y a los defensores de derechos humanos que participan del proceso, efectivamente nos lamentamos mucho la ausencia de un accionar activo por parte de Cancillería y por parte del canciller, mencionando justamente que requieren que Fernández Larios regrese a Chile”, concluye la abogada.