En la diferencia inciden los procesos de regularización, visas consulares de turismo y los cierres de frontera por la pandemia. "Los índices y señales dicen que con reapertura de fronteras volverá a haber una irregularidad importante, por lo tanto debemos estar preparados, debemos tomar acciones, debemos mostrar los datos para hacernos cargo de esta realidad”, destacó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.

El Ministerio del Interior envió hace dos semanas el escrito con el cual, de ser visado por el organismo fiscalizador, entraría de lleno la aplicación de la nueva normativa. Con este proceso listo, Piñera podrá implementar su nueva normativa, la cual durante su tramitación legislativa tuvo una fuerte oposición por parte del Frente Amplio.

Si bien los flujos migratorios a EE.UU. se ha reactivado, los expertos destacan que hoy la mayor parte de los inmigrantes y refugiados en América Latina es intrarregional. Con todo, afirman que las cifras observadas aún no permiten hablar de un “rebalsamiento” de las sociedades a raíz del fenómeno

Álvaro Bellolio criticó las "señales" e "incentivos" de Gabriel Boric y de la Corte Suprema para los migrantes que ingresan a Chile en forma clandestina.

“Necesitamos que las y los diputados entiendan que detrás de nuestro llamado no hay afanes electorales ni políticos. Estamos frente a una crisis humanitaria y el ministro Delgado no hace nada", aseguraron las autoridades regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta.

Según indicó el director del Servicio Nacional de Migrantes, la principal razón por la que las personas no ingresaban de forma clandestina a Chile era el riesgo a que fueran devueltas a su país origen, sin embargo, sostiene, "hoy ese riesgo eso es mucho menor, por lo que hay que cambiar la estrategia".

"Encontramos lamentable que hayan hecho estas declaraciones sin ni siquiera haber preguntado al gobierno", dijo Álvaro Bellolio.

Álvaro Bellolio manifestó, igualmente que "si nos preguntan si vamos a expulsar condenados por secuestro, tráfico de drogas, personas que tenían antecedentes penales en su país de origen por violación a menores de 14 años, sí, lo vamos a seguir haciendo”.

La acción contempla establecer una mesa de trabajo con las cancillerías de los otros países vinculados para frenar el delito a nivel internacional y realizar acciones para entorpecer la acción de estas bandas. Con esto el Gobierno busca asegurar una migración ordenada, segura y regular.

Uno de los aspectos clave impugnados fijaba el plazo, de máximo 72 horas, para ejecutar la medida de expulsión. Otro punto que fue revocado es la norma que establecía el retorno asistido de menores.

Además, el pleno del Tribunal Constitucional acordó abrir audiencias públicas para la participación de la sociedad civil en este debate. La iniciativa fue despachada por el Congreso a comienzos de diciembre. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la ley impulsada por el Ejecutivo: "Como gobierno tenemos la convicción de que los artículos son constitucionales y así lo vamos a demostrar ante el TC".

El documento -emanado el lunes pasado por la Comisión Mixta, instancia compuesta por senadores y diputados- fue visado por 102 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones. Pero para convertirse en ley, este mismo informe debe ser también aprobado por la Cámara Alta.

Sala votó por sustituir la palabra "conviviente" del proyecto. Parlamentarios analizaron sus alcances legales. Además, se rechazó indicación renovada del gobierno para establecer que el Presidente (de turno) deba velar por evitar el "ingreso irregular".