Las próximas semanas la Fiscalía Nacional iniciará una compleja labor. Durante mayo deben reclutar y abrir concursos para seleccionar al primer grupo de 221 nuevos funcionarios que se integrarán este año a la institución, tras la promulgación de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público. Entre ellos, deben elegir a 70 nuevos fiscales.

Se trata de una normativa ampliamente esperada en el organismo encabezado por Ángel Valencia, pues de manera gradual, en cuatro años, permitirá la incorporación de un total de 819 profesionales, incluyendo 205 fiscales.

Para esta primera fase, según detallaron desde el Ministerio Público a La Tercera, la distribución de esa nueva dotación se diseñó “en función de objetivos estratégicos institucionales orientados a mejorar los resultados de la persecución penal y la atención de víctimas y testigos”.

En términos generales se busca corregir déficits operacionales históricos que se han evidenciado en las fiscalías locales, fortalecer la capacidad de respuesta temprana en los casos, especialmente en situaciones de flagrancia y potenciar la investigación de delitos asociados a crimen organizado y de mayor complejidad.

Junto con ello, agregaron, se consideró como prioritario reforzar los equipos dedicados a la atención, protección y acompañamiento de víctimas y testigos, tanto durante la investigación como en su participación en los juicios orales.

Las tres grandes consideraciones que guiaron el diseño de la distribución de los funcionarios, fueron las necesidades operativas informadas por las fiscalías regionales, prioridades definidas en la Política de Persecución Penal vigente y la experiencia institucional acumulada en modelos de gestión ya implementados.

Esos antecedentes, según precisó la Fiscalía Nacional, permitieron “definir líneas de trabajo coherentes con la realidad territorial, los tipos de delitos que se investigan y las capacidades que cada Fiscalía necesita fortalecer”.

“Durante el primer año se ejecuta el 27% de la dotación total entregada por ley (70 fiscales y 151 funcionarios). Es importante señalar que el 92% de esa dotación se destina directamente a funciones operativas en las fiscalías regionales, con foco en fortalecer el trabajo en fiscalías locales, fiscalías con menor dotación, unidades estratégicas y equipos vinculados a la investigación, análisis criminal y atención de víctimas y testigos", puntualizaron.

La distribución específica por región, indicaron desde la entidad, forma parte del proceso de implementación y se está trabajando en conjunto con cada una de las fiscalías regionales. El proceso de reclutamiento y selección será liderado por la Fiscalía Nacional. Además se dispondrá de un proceso de formación obligatorio para fiscales y abogados asistentes.

Nuevas unidades

Junto con el ingreso de nuevos profesionales a la entidad, la Ley de Fortalecimiento introduce una serie de cambios orgánicos orientados a modernizar y robustecer el funcionamiento del Ministerio Público. Entre ellos, como se destacó desde la entidad, se implementaría la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal, la Unidad de Probidad Interna y la Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación.

Esas unidades también se conformarán a partir del nuevo personal, aunque sólo se destinará un 19% del total de los nuevos ingresos. El 40% estará enfocado en el reforzamiento operativo, 35% para procesos críticos y un 5% para refuerzos en las Fiscalía Nacional.

Dado que esta normativa incluía disposiciones que fueron descartadas por el Tribunal Constitucional -una que permitía al fiscal nacional devolver ternas para fiscales regionales y otra para que fiscales regionales salientes pudiesen reincorporarse como fiscales adjuntos- desde la Fiscalía Nacional buscarán insistir en ellas.

Según fuentes del Ministerio Público se pretende persistir en la norma sobre el retorno de fiscales regionales. Por una parte, quieren potenciar que al cargo de fiscal regional concursen los mejores fiscales, y no que sea un desincentivo como ocurre hoy, ya que una vez concluido el periodo se termina su carrera. Por otra parte, también se busca que esa experiencia y conocimiento permanezcan en la institución, volcándose al trabajo diario de las regiones.

Nuevas modalidades de trabajo

El fortalecimiento de fiscalías locales, de acuerdo con lo informado a funcionarios internamente, se realizará en función del análisis de los ingresos de causas, identificando las regiones donde se concentran mayores hechos. Así, se identificaron fiscalías locales con mayor carga, las que superen el umbral del 20% respecto de su zona, y las que tengan un 10% más que el umbral nacional.

Para sumar abogados asistentes, en tanto, se consideró el ranking de regiones con mayor tasa de causas de delitos focalizados.

Asimismo, en el reforzamiento de las unidades locales la idea es dotar a las regiones de profesionales y técnicos para incorporar la protección y atención a víctimas y testigos en los distintos procesos de tramitación de la causa, adoptándose las medidas de protección conforme al nivel de riesgo de la persona, o las medidas de atención pertinentes a las necesidades que presente. Todo, se advirtió, en base a las evaluaciones que se efectúen y las estrategias de protección e intervención que se definan para cada caso.

En el marco de la implementación de esta ley, además, el Ministerio Público pretende transitar a procesos de turnos de instrucción macrozonales en todo el país, por lo que ello también se considerará en la distribución de fiscales y abogados asistentes.

Actualmente existen tres turnos de instrucción macrozonal, en la zona norte, centro sur (O’Higgins y Ñuble) y austral. Esta línea de reforzamiento busca transitar a un “modelo de ingreso, clasificación y asignación de causas regional”, como se ha transmitido a los funcionarios.

Para ello, se establecerían pilotos con un avance gradual a nivel país. El objetivo, como se argumentó en su momento, es homologar y mejorar el análisis y asignación de las causas en un primer momento, así como asignar causas a las fiscalías locales con mejores antecedentes. Para esto, se sumará un nuevo rol de técnico de análisis de causas y se requerirá avanzar en nuevas tecnologías.

En cada región, adicionalmente, se implementará un Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad (SAC), que deberá ajustarse a los ingresos que tenga cada zona.