El gobierno del Presidente Kast decidió no avanzar en la nueva ley de pesca impulsada por la administración Boric y continuar con la implementación del fraccionamiento pesquero. Las reacciones a la decisión anunciada por el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, en entrevista con Pulso, fueron mixtas.

La autoridad dijo que no seguirían adelante con el proyecto de ley: “No va a haber un nuevo proyecto de ley de pesca, eso no está en nuestros planes tampoco”. La autoridad argumentó que el fraccionamiento pesquero aprobado ya contenía aspectos que la nueva ley de pesca buscaba legislar. “El principal problema que había ya está resuelto”, agregó.

Por otro lado, argumentó que el proyecto tenía “ideas que no compartimos en absoluto, tanto por motivos técnicos como políticos, y en segundo lugar porque era un proyecto refundacional que quería reemplazar íntegramente la Ley de Pesca por otra”.

Frente a esto, el gremio de Pescadores Industriales del Biobío, que reúne a empresas como Blumar, Camanchaca y Landes, entre otras, valoró la decisión.

“La decisión del Gobierno va en la dirección correcta, en cuanto contribuye a despejar incertidumbres y permite proyectar el desarrollo del sector sobre bases más estables. Es fundamental que cualquier definición futura resguarde criterios técnicos, evidencia científica y una visión de largo plazo que otorgue confianza a todos los actores involucrados”, declaró el gremio.

La asociación ha insistido en tener certezas jurídicas para el desarrollo y contar con estabilidad en las reglas del juego, observando diferentes desafíos. “La pesca industrial del Biobío exhibe avances concretos que permiten fortalecer su competitividad en el mercado global, con sus principales pesquerías, como el jurel y la merluza común, certificadas bajo el estándar internacional MSC, que acredita prácticas responsables y un compromiso efectivo con la conservación de los ecosistemas marinos”, ha señalado.

Reacciones políticas

En el mundo político, desde el oficialismo se valoró lo decidido, mientras que desde la oposición se rechazó que se desistiera de la nueva ley de pesca.

“Tiene razón el subsecretario. Acá nosotros teníamos la inversión pública y privada detenida prácticamente, por diversas razones, no solamente atribuible a la pura ley de pesca. En cambio, así ya se está reactivando la actividad”, manifestó el presidente de la comisión de Pesca del Senado, Carlos Kuschel (RN), y añadió que “quedó bien el fraccionamiento”.

Por su lado, el diputado y presidente de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alejandro Bernales (PL), indicó que “el Ejecutivo ha señalado que mantendrá la ley de fraccionamiento y que no hará modificaciones en ella. En lo personal, sostengo que el mejor camino era avanzar en una nueva ley de pesca y que el gobierno hubiese trabajado sobre esa base. Sin embargo, ellos son el gobierno y han optado por ese camino, asumiendo que la actual ley está cubierta por una serie de cuestionamientos y enfrenta problemas de legitimidad en algunos sectores de la pesca”.

En tanto, el senador Fidel Espinoza (PS), integrante de la comisión de Pesca, dijo desconocer la razón de la decisión, pese a que la autoridad “ha querido señalar que ellos van a discutir los temas más importantes que tenía esa ley como leyes particulares. Desconozco por qué ha tomado esta decisión, porque le da discurso a los sectores más fundamentalistas para decir que el gobierno quiere continuar con la ley Longueira y esa va a ser la discusión que vamos a tener los próximos meses. Considero que es un error político”.

Mientras que el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien es parte de la comisión de Pesca de la Cámara, reconoció la vigencia de la Ley de Fraccionamiento Pesquero y destacó la decisión del gobierno de no avanzar en la nueva ley de pesca. “Destaco la valentía y el coraje del gobierno para no seguir tramitando este nefasto proyecto que solo generó incertidumbre en materia pesquera en el país y particularmente en la Región del Bíobío”.

Bobadilla sostuvo que con la iniciativa se detuvieron proyectos importantes de inversión en materia pesquera en la región mencionada, “porque se les cambió las reglas del juego. Este proyecto, en definitiva, promovía una expropiación encubierta”.

Otro integrante de la comisión de Pesca del Senado es el senador Iván Flores (PDC), quien no estuvo de acuerdo con lo planteado por el gobierno.

“No creo que sea una buena idea que el gobierno haya decidido no reponer la ley de pesca que retiró, que ya estaba a punto de ser despachada por la Comisión de Pesca de la Cámara. Creo que hay que ser muy cauteloso respecto de lo que significa el manejo sustentable de los recursos y mantener la actividad para que miles de familias puedan vivir de aquello”, apuntó.

Aseguró que “no basta con que digan que van a retirar la ley de pesca, porque recordemos además que hubo un acuerdo político en donde se derogó la ley de pesca con el plazo de dos años para tener una nueva ley, y ese plazo está archicumplido”.