Más de 80 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado de Chile información sobre “el grave desmantelamiento de instituciones de derechos humanos, memoria y reparación en Chile”.

“Esta acción responde a la profunda preocupación de la sociedad civil frente al acelerado desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos, memoria y justicia en Chile”, indicaron en un comunicado la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, junto a otras 82 organizaciones.

Según señalaron, informaron sobre un conjunto de graves medidas administrativas adoptadas por el Gobierno de Chile que “vulneran derechos fundamentales”, entre ellas:

• El desmantelamiento y eliminación de unidades especializadas en derechos humanos dentro del Estado.
• Recortes presupuestarios que amenazan la continuidad del Programa de Derechos Humanos, el PRAIS y más de 140 programas sociales.
• La aplicación de “indultos pasivos”, mediante la omisión deliberada de la actuación judicial estatal, lo que facilita escenarios de impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad.
• El debilitamiento de las políticas de memoria, incluyendo la paralización de iniciativas en sitios como Colonia Dignidad.

“Advertimos que estas decisiones constituyen un grave retroceso y pueden comprometer seriamente las obligaciones internacionales del Estado de Chile, afectando el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición”, sostienen.

Asimismo, aseveraron que la acción “da cuenta de una preocupación transversal y urgente, frente a medidas que amenazan con desmantelar políticas públicas construidas durante décadas”.

“Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda, a través del requerimiento de información solicitado, verificar si estas medidas se ajustan a la normativa internacional vigente y a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, en particular en lo relativo a las obligaciones de garantía, no regresividad y justicia frente a graves violaciones”, sentenciaron.