La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) lleva semanas analizando qué acciones tomarán para combatir lo que consideran ha sido un comportamiento impropio por parte del pleno de la Corte Suprema. Esto, luego de que el máximo tribunal determinara revisar todos los sumarios que las distintas cortes de apelaciones del país tramitaron contra jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica. Luego de esa revisión, la Suprema optó por abrir casi 60 cuadernos de remoción.

Como detalló hace algunas semanas la presidenta del gremio, la jueza Mariela Hernández, en entrevista con La Tercera, la asociación considera que los supremos excedieron sus funciones, arriesgando la independencia judicial y, de paso, la democracia. Principalmente, como argumentó la magistrada, porque a juicio del gremio no se está respetando el debido proceso.

“Acá no defendemos conductas irregulares, defendemos un debido proceso (..) Se pone en riesgo uno de los valores principales que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que es el valor de la cosa juzgada, la certeza jurídica, y para qué decirle lo grave que puede ser esto para el Estado de Derecho”, dijo en ese momento.

Por lo mismo, y en atención que la situación afecta a varios de sus asociados, la directiva del gremio generó un convenio con el abogado Ciro Colombara para que represente a los profesionales que lo requirieran de manera individual.

En paralelo, además, decidieron que como gremio activarán acciones formales para hacer valer sus reclamaciones en el Tribunal Constitucional (TC) y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Junto con ello, están analizando qué medidas tomar por la vía de tribunales laborales.

Para todo ello la ANMM estuvo varias jornadas estudiando a qué abogados recurrir, y finalmente determinaron fichar a un grupo de seis profesionales que los acompañarán en el proceso.

Según pudo conocer este medio, para la elaboración de requerimientos de inconstitucionalidad ante el TC, el gremio de jueces estará representado por los abogados Claudia Sarmiento, Elisa Walker y William García.

En lo referente a posibles determinaciones en la vía laboral, cuentan con el apoyo y asesoría de Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa.

“Un estándar que no aplican”

Consultada respecto de las nuevas nuevas medidas que emprenderán, porque además ya presentaron un amparo gremial ante la Corte Suprema el pasado 23 de julio, Hernández manifestó a La Tercera que su labor es “defender la independencia judicial. No la de una persona en particular ni la de un caso determinado, sino la de una institución que constituye una garantía para toda la ciudadanía”.

Hernández agregó que ven enormes contradicciones en las determinaciones de la Suprema. A su juicio mientras determinaron abrir cuadernos de remoción amparados en el artículo 80 de la Constitución, en el informe que enviaron al Congreso a propósito de la reforma al sistema de gobierno judicial y de nombramientos judiciales, señalan que un sistema disciplinario moderno debe fundarse en una separación estricta entre las funciones de investigar, acusar y juzgar.

“Señalan que la responsabilidad disciplinaria debe ejercerse mediante procedimientos racionales y justos, por órganos especializados, con competencias claramente delimitadas y con pleno respeto del debido proceso. La propia Corte Suprema, ahí mismo, admite que la causal de ‘buen comportamiento’ pertenece a un sistema de control propio de una estructura jerárquica y que debería ser sustituida por reglas más objetivas y procedimientos con mayores garantías para quienes son sometidos a un proceso disciplinario”, sostuvo Hernández reprochando que nada de ello lo aplican cuando se trata del caso licencias médicas.

“Compartimos ese diagnóstico, no sólo porque representa una concepción moderna de la responsabilidad disciplinaria, sino porque se encuentra en línea con los estándares internacionales sobre independencia judicial. Sin embargo, mientras ese diagnóstico es presentado al Congreso como el camino correcto para fortalecer la independencia judicial, en el presente la propia Corte Suprema ha hecho uso del artículo 80 de la Constitución para abrir procedimientos de remoción respecto de juezas y jueces cuyos procedimientos disciplinarios ya habían concluido mediante sobreseimientos, absoluciones o sanciones ejecutoriadas”, añadió la dirigenta gremial.

Según Hernández la estrategia que promueve la ANMM no busca cuestionar la existencia de mecanismos de responsabilidad judicial ni defender irregularidades, sino que -insistió- apunta a hacer valer las garantías que resguardan los procesos y la independencia.

“No existe contradicción entre exigir responsabilidad y respetar el debido proceso. Tampoco entre sancionar conductas reprochables y asegurar certeza jurídica. Por el contrario, ambos principios se fortalecen mutuamente”, agregó.