Boicot a la PSU: Cortes han rechazado más de la mitad de los recursos tras filtración de prueba de Historia

Encapuchados queman facsímiles de la PSU

Fogata con facsímiles de Lenguaje en Valparaíso, el día anterior a la filtración de la PSU de Historia.

Solo cinco acciones judiciales han sido acogidas a trámite. Todas ellas radican en la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ordenó informes al Cruch y Demre.




"Alcancé a contestar las primeras ocho preguntas de dicho examen (de Historia), cuando de pronto apareció el encargado del establecimiento educacional, señalándonos a viva voz, a todos los alumnos presentes, que 'se suspendía a nivel nacional la prueba de Historia, debido a la filtración de dicho examen'", detalla Alberto Marín, uno de las 202 mil estudiantes impedidos de rendir la PSU Historia, el pasado 7 de enero.

Su caso corresponde a uno de los -a lo menos- 56 recursos de protección que han ingresado las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, tras la interrupción del examen de admisión. Y también es uno de los únicos cinco casos declarados admisibles por los tribunales y que aún continúa con su tramitación.

A través de la interposición de recursos de protección contra el Consejo de Rectores (Cruch) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), apoderados y estudiantes afectados intentaron revertir la decisión de no rendir la PSU de Historia.

Las presentaciones judiciales, sin embargo, se realizaron previo al anuncio que realizó el Cruch, donde ofreció una solución a los estudiantes afectados: aumentará en 5% los cupos de las carreras ligadas a Historia y Ciencias Sociales, para que sean usados por quienes se sientan perjudicados por la cancelación de esta prueba, ya que muchos postulantes apostaban a que su mejor desempeño iba a ser en ese examen.

De esta manera, según el análisis de antecedentes del Poder Judicial, 30 recursos de protección fueron declarados inadmisibles y rechazados en su apelación (53%). En tanto, 17 acciones judiciales (31%) no fueron acogidas a trámite pero aún se encuentran en etapa de apelación . Además, tres casos aún están sin resolución y uno fue desistido.

En el caso de los cinco recursos de protección acogidos a trámite o declarados admisibles por la Corte de Apelaciones, todos corresponden a causas revisadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel. En estos casos, incluso, el tribunal de alzada ordenó al Demre y al Cruch evacuar todos los antecedentes que obren en su poder referente a los hechos que motivaron la suspensión del test.

Así, la arista judicial de la PSU persistiría luego de que se aplique el tercer examen, el 4 y 5 de febrero.

En el Cruch, sin embargo, están atentos a lo que ocurra con los recursos de protección que fueron admitidos, pues cualquier orden de no innovar podría paralizar por completo el proceso.

El miércoles, las universidades analizaron el tema. El rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, dice que si se aplica una orden de no innovar, "eso sí que sería perjudicar al conjunto de los estudiantes".

Pero valora que las otras acciones judiciales hayan sido desestimadas. "No se le reconoce responsabilidad al Cruch de un no cumplimiento del contrato. Ha habido dificultades y se han tratado de subsanar", dice.

Lo mismo cree su par de la U. del Bío-Bío, Mauricio Cataldo. "Espero que ocurra lo mismo con los otros casos, que no se aceptaron, porque el Cruch no tiene responsabilidad en esto. Son las circunstancias que está viviendo el país", dice.

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