Canciller Allamand por informe de la ONU que señala que Venezuela cometió “crímenes de lesa humanidad”: “Es una dictadura pura y dura”

Foto: Agencia Uno.

Texto de Naciones Unidas señaló que se han registrado “graves violaciones a los derechos humanos” desde 2014 en ese país. El gobierno de Chile reafirma su compromiso con la recuperación de la democracia en Venezuela.


La ONU presentó hoy un informe sobre la crisis social y política que se registra en Venezuela, donde el organismo concluyó que el régimen de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” y “graves violaciones a los derechos humanos” desde 2014.

De acuerdo a la ONU, se investigaron “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.

“Las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, reporta el informe.

Con estos antecedentes, el canciller chileno Andrés Allamand, emitió un pronunciamiento sobre el informe.

“El informe de Naciones Unidas es lapidario. Venezuela es una dictadura pura y dura que tiene sumido al país en una crisis política y social enorme. Pero además de eso, es un régimen de viola sistemáticamente los derechos de las personas, pero eso es que el gobierno de Chile reafirma su compromiso con la recuperación de la democracia en Venezuela”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar otro informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.

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