Dos causas por compras fallidas: la de la casa de la familia Allende por el Ministerio de Bienes Nacionales y la de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, además de un “apéndice” de esa indagatoria respecto a la diputada Karol Cariola, son los casos relacionados a políticos que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, mantiene a su cargo tras ser apartado de ProCultura.

Esto, por la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta estimó que fueron ilegales las escuchas telefónicas que se hicieron a Josefina Huneeus, la exesposa de Alberto Larraín, el psiquiatra que encabezó la cuestionada fundación.

Valencia puso la investigación en manos de la Fiscalía de Antofagasta, comandada por Juan Castro Bekios.

Casa de Allende

Respecto a la operación de compraventa de la casa de Salvador Allende de calle Guardia Vieja, comenzó a indagarse ante una denuncia que presentó, en enero de este año, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano.

Figuran como imputados y declararon en esta causa por un presunto fraude al fisco, la exsenadora Isabel Allende, hija del exmandatario, la exministra y nieta del líder de la UP, Maya Fernández, y el Presidente Gabriel Boric.

Sierra Bella y Cariola

Cooper mantiene también el caso Sierra Bella, que comenzó a indagar en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El contenido de comunicaciones entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, ambas del Partido Comunista, motivó al Ministerio Público a abrir un investigación por un eventual delito de “tráfico de influencias” anexo a la fallida compra de la clínica.

El 3 de marzo, cuando Cariola daba a luz a su primer hijo, la Policía de Investigaciones daba curso a una orden de allanamiento para incautar el teléfono móvil de la legisladora.

El episodio detonó un requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA-para removerlo. La remoción debe ser aprobada por cuatro séptimos de los miembros de la Corte Suprema.