Equilibrio. Eso fue lo que solicitó el fiscal nacional, Ángel Valencia, al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, al encargarle la indagación del caso ProCultura. Esto, porque si bien el persecutor tendrá que analizar al detalle cada uno de los miles de documentos que ya son parte de la investigación -que se ha extendido por casi dos años-, tampoco puede tomarse demasiado tiempo para ello.

Porque a pesar de que la remoción de Patricio Cooper a la cabeza de la indagatoria -tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el amparo y declaró ilegal la intervención al celular de la siquiatra Josefina Huneeus- fue un duro traspié para el ente persecutor, no puede implicar, como transmitió Valencia a los equipos, que la indagatoria se paralice.

Principalmente, porque, quienes conocen de la interna de la Fiscalía aseguran que la hebra que tiró Cooper de un eventual financiamiento ilegal de la campaña del Jefe de Estado, lejos de debilitarse con su salida del caso, se afianzará más, pues quien lo sucedió a la cabeza de las pesquisas seguirá dicha senda.

De hecho, uno de los argumentos de Valencia para reemplazarlo fue el “proteger la investigación”. Y es que se entiende que cuando vengan las primeras formalizaciones, aquellas personas que queden en prisión preventiva buscarán colaborar y, además, hay varios informes pendientes respecto de los movimientos patrimoniales de figuras importantes de las ONG vinculadas al caso Convenios.

Movimiento de piezas

Aunque algunos interpretaron que la decisión de Valencia de reasignar el caso ProCultura fue una especie de castigo a Cooper, los hechos al interior de la institución cobran otro significado. Un conocedor de la jugada lo explica en lenguaje futbolístico:

“El fallo de la Corte de Antofagasta fue muy duro, demoledor. A eso se suman las veces que tribunales de esa jurisdicción le dijeron que ´no´ a Cooper: la interceptación del teléfono del Presidente o el allanamiento a La Moneda. Si pensamos en un partido, el árbitro estaba poniendo tarjetas amarillas, y hasta naranjas al jugador. Era necesario que el DT (Valencia), que no comparte las decisiones del réferi, pero las respeta, hiciera un cambio en el equipo, para cuidar a ese jugador“.

Cooper y su equipo ya estaban convencidos de que existía una arista que los podría llevar al pago de deudas de actividades políticas. De eso dan cuenta varios pasajes de la carpeta investigativa que quedaron al descubierto tras la apertura de la reserva del caso, y que evidenció que políticos estaban bajo la lupa, incluido el Presidente Gabriel Boric.

Sin ir más lejos, la revelación del intento fallido de intervenir las comunicaciones al Mandatario confirmó que una de las hebras que se siguen es el presunto financiamiento irregular de la campaña del magallánico para llegar a La Moneda. Por lo mismo, entre los pendientes de Castro Bekios está descartar o confirmar dicha hipótesis.

Los vínculos

Según se lee en distintos documentos que hoy son parte de expediente del caso ProCultura, en un año la fundación aumentó 10 veces los ingresos que percibía producto de convenios con distintas reparticiones públicas. De recibir $ 316.849.723 en 2021, pasó a obtener $ 3.282.841.556 en 2022.

Parte importante de esos dineros provinieron de gobiernos regionales, aunque otro porcentaje vino desde ministerios respecto de los cuales el Presidente Boric “ejercía directa jefatura”. De esta forma, considerando el vínculo que el Mandatario tenía desde antes con Larraín, teniendo incluso intenciones de nombrarlo como ministro.

Asimismo, se ha hecho presente que, en medio de las escuchas realizadas a imputados, se advirtió una conversación entre la cofundadora de ProCultura, Ilonka Csillag; la representante legal, Constanza Gómez, y una tercera persona de nombre Lucía, quien les señalaba que Larraín le había sincerado que no había plata para pagarles y que se la había gastado en la campaña del Presidente.

“Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, rememoró la mujer respecto de su conversación con el siquiatra.

Lo anterior se tomó derechamente como una confesión por los investigadores, llevando a que incluso Cooper indicara: “Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente”.

A esto se suman, además, las declaraciones de distintos imputados que dan cuenta de que Larraín, una vez electo Boric como Presidente, insistía en el estrecho vínculo que mantenía con él y con sus ministros.

En medio de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público hay registro, igualmente, de una conversación de WhatsApp entre Larraín y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, a quien le transmitía que ya había conversado sobre un asunto con el Mandatario.

Ya se habría podido establecer, como se desprende de escritos de la Fiscalía, que hubo traspasos de dineros entre Alberto Larraín y su pareja, Sebastián Balbontín, quien era candidato de Revolución Democrática a la alcaldía de Limache, por lo que ahora pretenden zanjar si hubo aportes a otros personeros del Frente Amplio.

Las medidas

Dados los antecedentes que se fueron sumando en la carpeta, en noviembre el fiscal Cooper requirió al Juzgado de Garantía de Antofagasta “pinchar” el teléfono del Mandatario. El tribunal rechazó en dos ocasiones la medida intrusiva, advirtiendo que no se habría allegado prueba suficiente que permitiese vincular a Boric con los hechos indagados.

Pese a ello, el Ministerio Público sí logró que se aprobara la petición para interceptar las comunicaciones del exjefe de asesores de Presidencia Miguel Crispi. Junto con ello, también interceptaron teléfonos de una serie de funcionarios públicos, entre ellos la exjefa de Asentamientos Precarios y tía de Crispi, Verónica Serrano; Ricardo Trincado, exseremis y exdirectores del Servicio de Vivienda y Urbanización de distintas zonas.

Además, durante el verano, Cooper incluso requirió sin éxito orden para ingresar a La Moneda y así incautar el teléfono de Miguel Crispi, al igual que sus correos electrónicos, estimando que este, cuando se desempeñó como titular de la Subdere, “participó activamente en la selección de la Fundación ProCultura para la adjudicación” de un proyecto en Antofagasta.

De esta forma, el Ministerio Público ha ido trazando un verdadero cerco en torno a La Moneda, reconstruyendo negociaciones y verificando la regularidad de los millonarios traspasos. Eso sí, el camino que resta se avecina cuesta arriba y aún con varios pasajes por explicar.