La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó la jornada de ayer el proyecto que establece nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales, despachándolo a la Cámara.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, es parte de los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast en el marco de “Escuelas Protegidas”, y contempla modificaciones al Código Penal para agravar las penas por delitos que se cometen en recintos educacionales

Junto con esto, el proyecto también fusiona otra iniciativa que buscaba sancionar ilícitos contra profesores y asistentes de la educación.

Tras la votación, se decidió que el diputado informante fuese Luis Sánchez (Republicano).

Debate parlamentario: delitos cometidos contra la comunidad educativa, contra la propiedad y por amenazas

Durante la votación de las diversas enmiendas realizadas al proyecto original se enfocaron en el alcance de la normativa y si esta es aplicable a todos los niveles educativos, desde la educación parvularia a la superior.

Tras un debate reglamentario, sobre el orden para votar las enmiendas, se procedió en el orden solicitado por el Ejecutivo. De esta manera, el texto aprobado por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención, dispone lo siguiente:

La agravante penal se aplicará a delitos cometidos contra personas de la comunidad educativa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones o participación en dicho ámbito, al interior de establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, esto, ya sea en sus dependencias, inmediaciones o lugares a los que acudan a realizar actividades educativas, incluido el transporte escolar

Asimismo, se precisa que los integrantes de la comunidad educativa son los alumnos, padres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes directivos y los sostenedores.

Sumado a esto, también se aprobó agregar en el catalogo de agravantes el cometer un delito contra la propiedad, en que se haya empleado violencia, intimidación o fuerza en las cosas, o cometer el delito de daños o incendio, en el interior o dependencias de un establecimiento o institución educacional.

Otro punto del debate fue incluir como agravante específica del delito de amenazas el que estas las realicen los padres, apoderados o tutores de los estudiantes en contra de los profesionales o funcionarios de los establecimientos educacionales. En esto, tras varias votaciones, la comisión respaldó -por 9 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones- la propuesta realizada por el diputado Marcos Barraza. Esta añade esta circunstancia -con una sanción agravada en un grado- en el artículo 297 bis del Código Penal.

Junto con esto, se aprobó también aumentar la sanción en los casos de maltrato de obra o agresiones físicas en contra de los docentes o trabajadores de la educación, por parte de los padres o de quienes tengan el cuidado personal del estudiante.