Cuando el Presidente Gabriel Boric anunció en 2023 la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, lo hizo con una promesa ambiciosa: sentar las bases para resolver de forma estructural el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en la Macrozona Sur. La tarea no era menor, y los esfuerzos logísticos y administrativos tampoco.

Según datos entregados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a La Tercera, aunque se gastó menos, el presupuesto total para el funcionamiento de la comisión entre junio de 2023 y abril de 2025 fue de $2.454.860.300.

El monto inicial aprobado por el Congreso y la Dipres fue de $2.358 millones para cubrir el trabajo que se inició por decreto el 21 de junio de 2023 y que debía durar hasta el 12 de enero de 2025. Sin embargo, la instancia solicitó una prórroga, lo que extendió su vigencia hasta el 31 de enero y significó una primera inyección adicional de $96,5 millones, autorizada vía decreto por la Segpres. A fines de ese mes vino una segunda solicitud de ampliación: esta vez por tres meses más. El gobierno accedió y sumó otros $270,3 millones, fijando el término definitivo de la comisión para el 30 de abril de 2025.

Desde la unidad de seguimiento del trabajo de la comisión explican que el presupuesto respondió a un “amplio despliegue” territorial y participativo. A lo largo de 18 meses, la comisión desarrolló 63 sesiones oficiales que sumaron 445 horas de trabajo, con presencia en Santiago y en regiones como Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En Santiago, gran parte de las reuniones se llevaba a cabo en dependencias de la Segpres o el edificio Bicentenario. Si no estaban disponibles, los equipos debían gestionar un nuevo espacio.

Por lo mismo, por ejemplo, una de las sesiones se realizó en el hotel Hyatt de Vitacura, donde algunos de los equipos técnicos se hospedaron debido a que las sesiones se extendían muchas veces hasta la madrugada.

Los recursos se usaron en ítems como honorarios, traslados, producción, estadía, alimentación, arriendo de salas y material de difusión, tanto para convocar a actividades como para sistematizar los resultados. Una fracción del presupuesto se destinó también a servicios técnicos y de apoyo logístico, incluyendo la preparación de asambleas y consultas públicas con comunidades mapuche.

Quienes conocieron de cerca el funcionamiento de la comisión aseguran que parte del gasto en transporte se usó para trasladar a comisionados desde sus regiones hasta la capital, entre ellos, la senadora Carmen Gloria Aravena, el dirigente gremial Sebastián Naveillán y la funcionaria regional Gloria Callupe. La comisión también contó con un comité experto que asesoró en materias técnicas y que estuvo integrado por académicos como Pablo Galilea, Sebastián Donoso, Darwin Pailacura y José Aylwin, además de representantes de Conadi y del Ministerio de Desarrollo Social.

Desde la unidad de seguimiento, su coordinador, Fabián Salas, defiende el presupuesto asignado argumentando que responde a una decisión política transversal para abordar un problema urgente. “La comisión surge ante un problema no solo identificado por el sector político de gobierno, sino que transversalmente. Se tomó la determinación política de invertir en un proceso basado en el diálogo, para entregar un diagnóstico y propuestas”, sostiene.

Añade que el acuerdo para su creación fue respaldado por todos los partidos, y que “el Congreso consideró que este problema no podía esperar y requería una solución ¡ya!, por eso aprobó los montos en la Ley de Presupuestos 2024, que fue el año en que la comisión estuvo trabajando en pleno”.

Además, desde la unidad hacen una comparación con procesos similares previos. “La última vez que existió un proceso de diálogo amplio y con una metodología similar fueron los Encuentros Locales Autoconvocados de 2016, que recibieron un presupuesto de $1.400 millones. Eso fue hace nueve años”, recuerda Salas.

Y complementa: “La experiencia internacional sugiere la importancia de tener procesos de diálogo profundos para conseguir acuerdos. La labor que ejerció la comisión va en esa línea y recoge la experiencia de países que han alcanzado vías de entendimiento”.

Según señala, los resultados del trabajo no solo se reflejan en el Informe Final y el registro de actas, sino también en insumos participativos como el Informe de Participación, los resultados de los Diálogos Interculturales y los Encuentros Autoconvocados. “Creemos que el costo de la solución, sin duda, es más bajo que el alto costo del problema”, concluye.

Eso sí, viendo el detalle informado por la Dipres a este medio, los gastos finalmente ejecutados fueron menores de los asignados: $1.558.190.382. Es decir, solo el 63,47%.

¿Qué pasa con el saldo restante? Desde la unidad de seguimiento explican que el dinero queda en Segpres y es el ministerio quien determinará si se solicita mantenerlo en la cartera o se devuelve.

El detalle

El despliegue participativo incluyó 150 audiencias con actores diversos: comunidades mapuche, autoridades ancestrales, gremios productivos, asociaciones de víctimas, organismos públicos, académicos, centros de estudio y representantes internacionales con experiencia en procesos de paz. A estas se sumaron once Diálogos Interculturales realizados entre mayo y agosto de 2024, que reunieron a 1.002 personas de 86 comunas del sur del país, y donde se debatió sobre la relación entre el Estado y el pueblo mapuche.

Otro eje de participación fueron los 58 Encuentros Autoconvocados: espacios de deliberación organizados por comunidades o grupos interesados en enviar propuestas a la comisión. En total, 1.102 personas participaron de estas instancias. Además se realizaron 177 encuentros territoriales adicionales, liderados por comisionados, la secretaría ejecutiva o aliados institucionales, para recibir documentos, responder consultas o ampliar el alcance del diálogo.

“Desde julio de 2023 a enero de 2025, la comisión desarrolló un extenso proceso de relacionamiento y diálogo a través de distintos espacios y por distintas vías, tanto en regiones como en Santiago”, explican desde la unidad de seguimiento. En total, participaron más de 5.187 personas.

*Inicialmente esta nota señalaba que uno de los comisionados, a quien se le pagaba transporte era el senador Francisco Huenchumilla (DC), lo que él desestimó.