Un nuevo y contundente informe publicó la Contraloría General de la República. En esta ocasión, el organismo encabezado por Dorothy Pérez apunta a Carabineros, quienes habrían incumplido una serie de normativas al no retirar vehículos con encargo ni detener a personas prófugas de la justicia. Todo esto en el marco de controles de tránsito que se hicieron en la Región Metropolitana.

La grave situación, según informó el ente fiscalizador, fue detectada luego de la revisión se una serie de procedimientos policiales, precisamente de controles de tránsito que realiza la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de la policía uniformada ejecutados entre enero del 2023 y junio del 2024.

En ese sentido, según da cuenta el informe de la Contraloría, 626 vehículos que estaban con encargo por robo no fueron retirados de circulación al momento de ser controlados y fiscalizados por los funcionarios policiales.

Por otro lado, el análisis del organismo encabezado por la contralora Pérez, determinó que 144 personas que tenían órdenes de detención por diferentes delitos como abuso sexual, tráfico de drogas o porte ilegal de armas, no fueron detenidas por Carabineros pese a encontrarse con una orden de detención al estar prófugos de la justicia.

A raíz de las complejas irregularidades advertidas por el ente fiscalizador, la Contraloría ordenó la realización de un sumario al interior de la policía uniformada, así como también remitió todos los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de que -señalan fuentes- se indaguen presuntos delitos de obstrucción a la justicia por parte de los funcionarios policiales que realizaron los cuestionados controles.

Las otras infracciones

En su mismo reporte, el órgano fiscalizador expone que los controles de tránsito también permitieron detectar que la policía uniformada emitió 869 citaciones por infracciones que debían derivar en el retiro de los vehículos, lo que no se realizó.

Las infracciones más comunes por la que los funcionarios debían haber retirado los vehículos, señala Contraloría, era por circular sin placa patente, sin permiso de circulación vigente, certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual.

Por otro lado, también se advierte que en más de 145 controles vehiculares, los funcionarios policiales no consultaron al Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV), impidiendo detectar el estado legal de los automóviles.

La Contraloría igualmente cuestiona que la policía uniformada tampoco cuenta con procedimientos, normativas como la estandarización del uso de los sistemas de control vehicular, aprobación de los registros de infracciones, validaciones, entre otras. Incluso, descubrió que los funcionarios policiales no cuentan con instrumentos para medir el polarizado en automóviles.

Por lo mismo, el ente fiscalizador ordenó a la policía uniformada a confeccionar un protocolo de uso de la plataforma de la sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, así como también enviar el avance en la adquisición de los instrumentos para medir el polarizado de ventanas.

La esquirla a Melipilla

Durante su indagatoria, la Contraloría ante la serie de falencias advertidas, detectó irregularidades vinculadas al control de tránsito en la comuna de Melipilla.

Esto porque Carabineros en sus descargos citó como ejemplo ante el ente fiscalizador una ordenanza de la Municipalidad de Melipilla que les impedía hacer retiro de vehículos con faltas de tránsito, ya que el aparcadero municipal estaba en su máxima capacidad.

Ante eso, la Contraloría ordenó a dicha repartición municipal de la Región Metropolitana adoptar las medidas para corregir la situación, así como también derivó los antecedentes a la División de Gobiernos Regionales y Municipales para que inicie una auditoría en esta materia respecto a otros municipios del país.