Convenio de Desarrollo Social y Bienes Nacionales en la mira: advierten que abriría la puerta a compra de terrenos tomados

En los próximos días los ministerios encabezados por Jeannette Vega y Javiera Toro suscribirán un acuerdo que tendría como objetivo "implementar mecanismos ágiles de compra de tierra". Sin embargo, el anuncio dejó varias dudas en el aire. Mientras exautoridades acusaron que se podría vulnerar la norma que prohíbe que se adquieran tierras "perturbadas", abogados expertos recalcaron que no habría atribuciones claras para avanzar en restitución de terrenos en la Macrozona Sur.


Fue un anuncio del que, hasta ahora, poco se sabe de sus metas y resultados, dicen en la Macrozona Sur. Se trata del “Plan Buen Vivir”, el cual fue diseñado con el objetivo de “mostrar el compromiso con los pueblos indígenas” y empezar a resolver “la deuda centenaria entre el Estado y el pueblo mapuche”, como se aseveró en un comunicado de prensa para su lanzamiento.

Uno de los pilares es la entrega de tierras. Y este lunes 13, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, informó ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que su cartera trabaja en la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social a fin de “agilizar” su compra, aspecto central de la estrategia.

“Va a ser la ejecución, dentro de nuestra competencia, de mecanismos ágiles de compra (...) Nos ponemos a disposición de ejecutar esta adquisición de tierras según los criterios que establezca Conadi y Mideso, que son los organismos públicos que tienen esas facultades y esas atribuciones”, sostuvo Toro en la oportunidad.

Si bien hasta ahora ninguna de las dos reparticiones ha querido revelar el contenido íntegro del mencionado acuerdo, una parte de la intervención de Toro hizo saltar las alarmas de parlamentarios y expertos en el tema, pues este podría abrir la puerta a que se entreguen terrenos “perturbados” -es decir, en toma o usurpados-, condición que prohíbe la entrega de terrenos.

“Las facultades de adquisición y disposición se encuentran reguladas en nuestro decreto ley y en nuestras circulares. Esto nos da facultades amplias de adquisición, y se hacen al servicio de las solicitudes de otros ministerios o entidades gubernamentales. En ese sentido, no existe restricción. Constatando que existe interés fiscal, no existe restricción sobre el tipo de predios a adquirir”, dijo Toro.

Tal posibilidad -que se adquieran terrenos “perturbados”- la puso de manifiesto el extitular de la Conadi Ignacio Malig, quien también expresó sus dudas respecto del objetivo general del convenio.

“Si el objeto de esto es apurar la adquisición de predios, creo que no se cumple. No habría nada que lo permita, pues aun cuando Conadi por ley tiene la posibilidad de recibir recursos de ministerios -entendiendo las tierras como recursos-, por parte de Bienes Nacionales no se ve cómo pudiesen hacerlo, ya que en sus cuatro programas presupuestarios no hay recursos para estos fines. La opción que va quedando es una transferencia de recursos desde Conadi, previa modificación presupuestaria, lo que no tiene nada de ágil y es de una dudosa legalidad, ya que sólo serviría para saltarse las normas establecidas en las glosas de la ley de presupuesto de Conadi”, indicó.

La glosa a la que Malig hace referencia es -entre otros aspectos- la que indica que, reconocido el problema de tierras, un predio reclamado podrá comprarse “siempre que el inmueble cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada”.

Ese aspecto se incluyó por primera vez en la discusión de la Ley de Presupuestos de 2016, cuando Interior estaba liderado por Jorge Burgos (DC) y Desarrollo Social por Marcos Barraza (PC), bajo el argumento de quitar el incentivo para que la tierra se utilizara como moneda de cambio: se negociaba con comunidades movilizadas, que tenían predios tomados, ofreciéndoles soluciones para sus reclamaciones territoriales.

Varios parlamentarios, sobre todo de oposición, han criticado los eventuales objetivos y alcances del convenio. “Esto lo vamos a llevar a la Contraloría para ver, primero, si es legal. Me parece muy rara la figura que están utilizando, creo que hay muchos fuegos artificiales, porque se está creando una expectativa muy alta en las comunidades”, comentó el diputado Miguel Mellado (RN). Asimismo, Jorge Rathgeb (RN) manifestó: “Claramente se está ante una situación de incoherencia entre lo que se anuncia y lo que establecen la normativa y el presupuesto de la nación”.

Para Sebastián Donoso, abogado y profesor de Legislación Indígena UC, hay asuntos de fondo que harían poco viable que Bienes Nacionales pueda adquirir tierras indígenas. Esto, porque la Ley Indígena faculta precisamente a la Conadi para financiar la compra de un predio particular por parte de una comunidad indígena o parte de ella.

“Este mecanismo está regulado en la propia ley indígena, en un reglamento y en los procedimientos internos de Conadi, que incluyen estudios de títulos, tasaciones, etc. Por lo mismo, incluso si fuera correcto que Bienes Nacionales tiene facultades legales para comprar predios a particulares y entregarlos a comunidades indígenas, eso implicaría generar un procedimiento paralelo en base a reglas no conocidas y que sería interpretado como una forma de ‘saltarse’ los procedimientos existentes que, por lo demás, han sido objeto de muchas polémicas, por lo que el riesgo de generar un conflicto es muy alto”, sostuvo.

Y respecto del tipo de predios a adquirir, Donoso aseveró que “la glosa en cuestión forma parte de la partida presupuestaria de Conadi, por lo que no aplica a Bienes Nacionales. En caso de que este ministerio quisiera implementar la compra de predios a particulares y aplicarle la misma lógica, el Congreso Nacional tendría que incluir una glosa similar en la partida presupuestaria del ministerio cuando se discuta la próxima ley de presupuestos”.

Consultados por estos eventuales impedimentos, desde Bienes Nacionales indicaron que “la ley es clara en permitir a Bienes Nacionales adquirir tierras si existe un interés fiscal. Adquirido el bien, el ministerio debe administrarlo con el propósito señalado por el servicio público que lo solicita”.

“El propósito de esta colaboración interinstitucional es viabilizar uno de los aspectos del “Plan Buen Vivir”: implementar mecanismos ágiles de compra de tierras. Por medio de un oficio dirigido al MBN, se indica el predio a adquirir, su precio, ítem presupuestario y finalidad. Luego, el MBN inicia un proceso de compra y transferencia, en este caso a Conadi, lo que está regulado. El procedimiento y los criterios de asignación siguen siendo los de Conadi, el MBN se limita a viabilizar el mecanismo de compra ágil y apoyar la eficiencia de los mecanismos de restitución de Conadi. No reemplaza el mecanismo, es coadyuvante”, subrayaron.

De todas maneras, para Donoso sigue habiendo interrogantes: “La entrada en escena de Bienes Nacionales implica la entrada de un actor distinto que no es el interlocutor habitual de las comunidades y que no tiene experticia en este tipo de procedimientos, que son de alta complejidad política, social y jurídica, donde uno de los elementos más relevantes es definir si las comunidades postulantes tienen o no aplicabilidad para el mecanismo”.

Con todo, desde una perspectiva netamente jurídica, Luis Codero, experto en derecho administrativo y académico de la Universidad de Chile, expuso que la ley permite a Bienes Nacionales gestionar y adquirir bienes y, a través de ellos, ejecutar distintos objetivos de política pública.

“La capacidad del uso de los bienes fiscales para políticas públicas es amplia. Entonces, no es correcto que Bienes Nacionales no pueda comprar terrenos indígenas. La cartera podría perfectamente utilizar recursos de Conadi para ejecutar una política pública fijada por ellos. De hecho, la Ley de Presupuesto ya permite otras transferencias de recursos, entonces son posibles este tipo de convenios para ejecutar parte de los fondos”, detalló.

Igualmente, sostuvo que, a su juicio, es claro que Bienes Nacionales es el “especialista” si de gestión de recursos fiscales se trata. “De hecho, no me extrañaría que el plan de adquisición de tierras fuera desarrollado por ellos, que tienen la experiencia de gestión. Bienes Nacionales tiene un procedimiento muy formalizado para la compra de terrenos, tienen información catastral, tienen mayores equipos, es su giro”, argumentó.

“No se comprarán predios violentados”

Desde el Ejecutivo descartaron que las palabras de la titular de Bienes Nacionales impliquen una forma de saltarse la condición pacífica que se pide a los predios a adquirir. “Tal como lo hemos sostenido siempre, no se realizarán compras de predios violentados, porque nuestro camino es institucional y dialogante, respetando lo que mandata la ley indígena y con una Conadi fortalecida y en comunicación directa con las comunidades”, recalcó la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega.

“Tenemos un mandato claro del Presidente Gabriel Boric de avanzar en destrabar y agilizar la compra de tierras. Es esto en lo que hemos venido trabajando, en diálogo con todos los sectores, que nos ha permitido iniciar hoy (ayer) la primera entrega de tierras en la Región de La Araucanía. En esa línea, también lanzamos una plataforma digital que acelera la tramitación de solicitudes de aplicabilidad vía 20b y estamos trabajando con todos los ministerios, incluido el de Bienes Nacionales, para evaluar mecanismos de compra de tierras”, agregó.

En ese sentido, el gobernador Patricio Vallespín, presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, valoró los esfuerzos realizados. “En términos generales me parece positivo que se establezca cualquier mecanismo que busque solucionar problemas que se viven en la Macrozona Sur. El detalle jurídico puede dar lugar a múltiples interpretaciones, por tanto, asumimos que en este caso el ministerio debe haber revisado todos los antecedentes para obrar con cierta seguridad, porque entiendo que Bienes Nacionales puede tener mayor facilidad”, enfatizó.

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“Es lamentable esta falta de civilidad, que incluso tiene pena de cárcel”, dijo la jefa comunal Daniela Peñaloza.