Corte Suprema allana el camino para incautar correos del Minsal de acuerdo a fórmula propuesta por la Fiscalía

Corresponderá al ministro de Salud, Enrique Paris, identificar qué correos quedarán excluidos de la diligencia. La Fiscalía indaga presuntos delitos relacionados al manejo de la pandemia del Covid-19




Por segunda vez, la Corte Suprema se tuvo que referir a la disputa que existe entre la Fiscalía Centro Norte y el Ministerio de Salud (Minsal) por la incautación de correos electrónicos en el marco de la indagatoria por las cifras y las muertes relacionadas a la pandemia del Covid-19.

La primera vez fue el 15 de octubre, cuando en un fallo dividido estableció que el Ministerio Público podía acceder a las comunicaciones, pero solo aquellas vinculadas “únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados”, excluyendo los e-mails relativos a “la adquisición de insumos esenciales para enfrentar la pandemia”, y a los que dicen relación con la “destinación de efectivos y recursos militares y policiales a labores estratégicas relacionadas con el Covid-19”.

Y el segundo pronunciamiento ocurrió esta jornada: el ministro de Salud, Enrique Paris, había acudido al tribunal objetando la fórmula propuesta por el Ministerio Público para concretar la diligencia, pero la Suprema estimó que “habiéndose pronunciado esta Corte sobre la controversia prevista en el artículo 209 del Código Procesal Penal, no ha lugar por improcedente”. Y respecto a una serie de documentos se ingresaron al máximo tribunal, tanto por parte de la fiscalía como del Minsal, la corte solo se limitó a indicar “téngase presente y estese a lo resuelto”.

En específico, la fiscalía pidió las comunicaciones del exministro de Salud Jaime Mañalich, de su exjefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el marco de una investigación penal por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en la pandemia. Para lograr esto, obtuvo una autorización judicial del Séptimo Juzgado de Garantía. La diligencia se iba a realizar a comienzos de septiembre, pero esta no se pudo concretar ya que el ministro Paris se negó, argumentando que conocer estos mensajes podrían afectar la seguridad nacional. Con esto, se refería a las diversas tratativas para adquirir ventiladores, así como destinación de efectivos militares a raíz del estado de emergencia.

Este escenario generó un episodio de tensión entre el gobierno y el Ministerio Público, y quedó en manos de la Corte Suprema decidir quién tiene la razón.

Tras algunos días de deliberación, el máximo tribunal indicó que solo se podía acceder a los correos destinados a aclarar los hechos investigados, pero no se hizo cargo de la fórmula en que esto se podría concretar. Así, el 16 de octubre el fiscal Marcelo Carrasco propuso una fórmula al Séptimo Juzgado de Garantía, la cual fue aceptada por el tribunal. Esta establecía que el Ministerio Público obtendría -a través de peritos del Laboratorio de Criminalística y del Cibercrimen de la PDI , bajo supervisión del fiscal- “dos copias forenses (copia A y copia B) de la totalidad de los correos electrónicos sobre los cuales recae la medida”.

Luego, la fiscalía debería conservar la copia A “en calidad de comunicaciones retenidas (...) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella”. Y la copia B será entregada al ministro Paris, quien tendrá un plazo máximo de tres días para “singularizar las comunicaciones electrónicas que se correspondan con los supuestos de excepción previstos” por la Corte Suprema. Es decir, los que podrían afectar la seguridad nacional.

Después, la fiscalía podrá “revisar los documentos singularizados” por Paris y extraer de la copia A “las comunicaciones que cumplan con la regla de excepción fijada por la Corte Suprema”.

Sin embargo, esa fórmula no dejó conforme a Paris. Ese fue el motivo por el cual el 19 de octubre Paris recurrió nuevamente a la Corte Suprema, en que pidió “la inmediata intervención de la judicatura”, con el objetivo de suspender la autorización despachada por el Séptimo Juzgado de Garantía. A juicio de Paris, la resolución “ha sido dictada en abierta contravención” con la sentencia de la Segunda Sala del máximo tribunal. En su escrito, el secretario de Estado aseguró que era deber de la fiscalía “identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo mediante términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar”.

Este nuevo escrito gatilló una serie de ingresos de documentos ante la Corte Suprema, tanto por parte del Minsal como de la fiscalía. Sin embargo, ninguno de estos fueron considerados. De hecho, la resolución de hoy del máximo tribunal fue solo de una página.

Consultado Gabriel Zaliasnik, abogado del exministro Jaime Mañalich, aseguró que “no me parece muy dramático. El ministro Paris debe ahora definir los correos que estén vinculados a la investigación y que no afecten además la seguridad nacional, que es lo que dijo la Corte Suprema y el juzgado de garantía”.

La causa se abrió luego de que el senador Alejandro Navarro y la Comisión Chilena de Derechos Humanos se querellaran ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades del área sanitaria. En paralelo, también presentó una querella el abogado Ramón Sepúlveda en representación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Lo hizo ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Sepúlveda indicó que “estamos conformes con la resolución, es lo que esperamos de la Corte Suprema, ya que el recurso presentado por el ministro de Salud no tenía ningún sustento legal, tal como ha ocurrido con diversas presentaciones de las defensas y del propio ministro, por lo que a todas luces esta última presentación debía ser rechazada”.

Agregó que “ahora lo que procede es que se ejecute la diligencia por la fiscalía y PDI, tal como fue ordenado. Esperamos que luego de todo lo ocurrido, el Minsal y Entel (donde están los servidores de los correos) no pongan más trabas a esta investigación, ya que esta diligencia debió ejecutarse luego de la resolución del juzgado de garantía, contra la que ya se habían presentado recursos reposición por parte de las defensas del Presidente Piñera y el exministro Mañalich”.

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