Este miércoles, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, designó al ministro del máximo tribunal, Carlos Aránguiz, como instructor para el pedido de detención y extradición a Estados Unidos del empresario chileno Carlos Cardoen.

El ministro tendrá que analizar si la solicitud norteamericana cumple con los requisitos, y así proceder o no con la detención.

Además, a Aránguiz le corresponderá analizar la solicitud a la luz de una particular circunstancia en el ordenamiento legal: el último tratado de extradición entre ambos países es de 2017, no obstante, al ser hechos previos a este año, se resolverá de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y al Tratado de 1900 que abordaba las materias entre ambos países.

A comienzos de la década del 90', el gobierno de EE.UU., a través del Departamento de Comercio y el Servicio de Aduanas, presentó una denuncia en contra de Cardoen por exportación ilegal de circonio, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de bombas de racimo, el que fue vendido a Irak.

Desde 1993, Interpol mantiene una alerta roja contra el empresario viñatero, a petición de Estados Unidos. Dicha solicitud fue reiterada por el país norteamericano en 2009 y renovada por el organismo policial hasta 2019.

Ayer Cardoen señaló en un comunicado que se sentía seguro de su inocencia frente a los cargos que se le imputaron en su momento y afirmó que dichas acusaciones "tenían un origen más bien político que legal". Agradeció además el apoyo del Estado chileno y del Senado, señalando que una reciente resolución de este último organismo "ratifica la vulneración de los derechos humanos que me afecta tras 26 años sin garantía de un debido proceso".