En 2019, el hallazgo del cuerpo sin vida de Marina Cabrera Almendras generó conmoción entre los vecinos de Copiapó.

La joven, de 23 años y nacionalidad boliviana, se encontraba desaparecida desde hacía cuatro meses. La última vez que se le vio fue cuando acudió a dejar a su pequeño hijo a una escuela de verano de la ciudad.

Su paradero se desconocía hasta que una geóloga encontró su cuerpo en un pique minero. La Fiscalía de Atacama estableció que había sido asesinada por un sujeto que la abordó en el camino, la subió a una camioneta y llevó su cuerpo hasta dicho punto, donde este esperaba que no fuera encontrada. Fue hallada con traumatismos craneales que le provocaron la muerte.

Por este caso fue detenido Hugo Pastén Espinoza, un chofer de colectivo de la zona a quien se le imputaron varios otros delitos contra mujeres y a quien la prensa bautizó como “el psicópata de Copiapó”. En 2022, fue condenado por ese crimen, por el de Sussy Montalván, una mujer trans, y por otro de una menor de edad. Todo ocurrió entre enero y junio de 2019.

La Corte Suprema, en un fallo histórico, según la fiscalía, dictaminó la aplicación de dos cadenas perpetuas más 20 años para el condenado Pastén.

Estos casos son parte de los que el comité de expertas de la sociedad civil que trabajan en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró para emitir una alerta por su preocupación por la reiteración de estos casos en la zona y lanzar, de paso, una dura crítica al Ministerio Público de esa región.

Expertas internacionales en alerta

El 2 de mayo, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” expresó su “profunda preocupación ante la situación que enfrentan las mujeres en la región de Atacama”.

Su preocupación se basa, expresaron en un documento de tres páginas, en los casos de Tanya Aciares, Sussy Montalván, Marina Cabrera, Catalina Álvarez y Thiare Elguera, todos ocurridos desde 2018.

“Estos casos reflejan un preocupante patrón de desaparición seguido de violencia femicida de mujeres y niñas en situaciones de profunda desventaja social, agravado por dilaciones y lagunas en los procesos judiciales, la utilización de estereotipos de género por parte de operadores/as de justicia, obstáculos para acceder a la justicia y el silencio del Estado ante estos hechos”, señalaron.

En los últimos meses, el comité ha estado en comunicación con el Ministerio de la Mujer, que ha ido entregando información pertinente a la cartera con las medidas que han implementado y de la situación en esa región. En ese sentido, en enero de este año el Comité envió, a través del ministerio, una carta al fiscal nacional expresando su preocupación por el tratamiento de estos casos y haciendo un llamado a acelerar las actuaciones judiciales.

“Sin embargo, a la luz de información recibida por el Comité que da cuenta de la falta de avances sustantivos en las investigaciones, la persistencia de barreras y el clima de inseguridad que enfrentan tanto las mujeres de la región como el entorno de las víctimas, el Comité emite este comunicado elevando su profunda preocupación”, agregaron.

En otro punto, las expertas también criticaron “la vulneración de su legítimo derecho a la protesta, mediante amenazas y represalias que habrían sido realizadas por agentes públicos”. Esto, basándose en una manifestación en honor de Tanya Aciares Pereira, joven de 16 años que estuvo desaparecida desde 2018 y cuyos restos fueron encontrados en 2024.

“Este Comité hace un llamado a actuar con debida diligencia reforzada, acelerando las investigaciones y los procesos judiciales. (...) Este Comité insta a las autoridades del Estado a adoptar medidas prioritarias para proteger los derechos de las mujeres ante el contexto de violencias reportadas en la región de Atacama”, cierra.

Ministerio de la Mujer

Desde el Ministerio de la Mujer comentaron que han ido entregando toda la información requerida al organismo y que compartían la preocupación de las expertas respecto a lo que ha estado ocurriendo en esa región en los últimos años. “Hemos tomado diversas acciones, apegándose a las atribuciones del ministerio y respetando la división de poderes, atendiendo su gravedad y complejidad”, comentaron a este medio.

Desde esa cartera detallaron cuáles son las acciones que han llevado a cabo en esa línea. Por ejemplo, comunicaron que la ministra Antonia Orellana “no solo se ha reunido en diversas ocasiones con familiares de las víctimas y organizaciones feministas de la zona, sino que ha impulsado medidas concretas como la búsqueda de Catalina Álvarez, a través de un georradar adquirido gracias a la coordinación entre la seremi de la Mujer, la Fiscalía y el Gobierno Regional, permitiendo complementar las labores de búsqueda”.

Asimismo, dijeron que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) “asumió la representación legal en aquellas causas en que han contado con la aceptación de las familias y se ha coordinado con otros organismos públicos para responder a demandas que están fuera de sus atribuciones.

“Por su parte, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha puesto a disposición de las familias afectadas sus servicios de atención psicosocial y ha mantenido una comunicación activa para dar seguimiento a las causas y requerimientos de las familias.

Con todo, recordaron que en 2024 el SernamEG instaló en Copiapó el primer Centro de Atención Especializada en Violencias de Género del país, “con el objetivo de fortalecer la atención jurídica, psicológica y psiquiátrica a mujeres que han sufrido violencia grave o extrema”.

“Estas son solo algunas de las acciones desplegadas por el Ejecutivo. En ese sentido, a través de distintas vías institucionales, el Estado ha expresado su total disposición para colaborar con el CEVI, tanto con información respecto a las medidas adoptadas por el Estado de Chile, como en el seguimiento de estos hechos, que también son de nuestro mayor interés”, agregaron.

Respuesta de la fiscalía

Por su parte, desde la Fiscalía de Atacama destacaron la importancia de que organismos internacionales se manifiesten respecto a este tipo de hechos en nuestro país. Asimismo, descartaron que haya un alza en las cifras de este tipo de casos.

El fiscal Regional de Atacama Juan Andrés Shertzer, en respuesta a La Tercera, detalló las cifras de femicidios en su región en los últimos cinco años: “No se observa un alza en ninguna de los fenómenos descritos en nuestra región. Respecto de delitos de femicidios consumados el año 2021 hubo un caso en Atacama; mientras que el 2022 no se registraron femicidios. En el año 2023 hubo un caso consumado y dos investigaciones por suicidios femicidas cuyas investigaciones están en desarrollo y con imputados formalizados y en prisión preventiva, lo cual da cuenta de la importancia que tienen estos casos en la región. El año 2024 hubo un femicidio consumado, mientras que este año 2025 se registra a la fecha un caso de femicidio en Vallenar en que su autor, expareja de la víctima que no mantenía antecedentes ni denuncias VIF, se quitó la vida posterior al crimen".

En ese sentido, agregó que los casos de femicidios la Región de Atacama registran “un número bajo de causas consumadas, existiendo en la actualidad protocolos establecidos y coordinación con el Sernameg frente a hechos que pudieran ocurrir para dirigir las diligencias que lleven a la sanción del responsable”.

“Los casos a los que hace mención el documento, ocurridos en un periodo determinado de tiempo, han sido indagados de manera diligente, involucrando la función de ambas policías. Ello permitió que respecto de la muerte de la adolescente C.A.G., Marina Cabrera y Sussy Montalvan se obtuviera la pena de cárcel más alta en todo el país desde la puesta en marcha del actual proceso penal, tal como fueron las dos penas de presidio perpetuo calificado y otros 20 años de cárcel en contra de Hugo Pastén”, agregó el fiscal.

Con todo, el persecutor regional manifestó que “respecto de las otras causas, las diligencias nunca se han detenido y esas investigaciones se encuentran vigentes y así se mantendrán hasta que se agoten todos los antecedentes que lleven a determinar qué fue lo que ocurrió con ellas y quienes intervinieron en sus desapariciones”.

Finalmente, sobre denuncias por presuntas desgracias con víctimas mujeres que no estén resueltas, en la actualidad Atacama mantiene vigente la causa por la joven Thiare Elgueda, explicó el fiscal Shertzer.