Un nuevo antecedente se conoció durante esta semana respecto al imputado por las muertes de los suboficiales mayores de Carabineros Eugenio Nain y Marcos Cosme.

Y es que Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como El Rana, habría recibido un guillatún durante su estancia en el hospital base de Valdivia, lugar donde estuvo algunos días vigilado por Gendarmería tras su detención el pasado 15 de julio.

Según denunció el diputado Leandro Kunstmann (PRep.), el director regional (s) de Gendarmería en Los Ríos, Luis Povea Pavez, permitió la realización de la ceremonia ancestral mapuche el pasado 18 de julio entre las 10:00 y las 11:00 horas.

En la instancia, aparentemente se permitió la asistencia de al menos cuatro personas al recinto hospitalario.

Durante la noche del jueves, Gendarmería confirmó la situación por medio de un comunicado, en el que anunció la realización de un sumario administrativo y expresó su rechazo a la determinación.

“Se informa que la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile dispuso un sumario administrativo, mediante el cual se adoptarán las sanciones que correspondan a las jefaturas que resulten responsables”, enfatizaron desde la institución carcelaria.

Sobre este apartado, detallaron que la revisión sería por los siguientes motivos:

• Transgredir criterios de seguridad en la custodia de un interno de alta connotación pública.
• No informar de manera oportuna sobre la realización de esta actividad al Alto Mando institucional y al Director Nacional de Gendarmería de Chile, quienes no compartían esta decisión.
• No entregar oportunamente estos antecedentes al Juzgado de Garantía respectivo, lo que impidió intentar revertir esta autorización.

“Este tipo de negligencias son inexcusables para Gendarmería de Chile. En consecuencia, las medidas adoptadas buscan garantizar el estricto apego de nuestro personal a los protocolos vigentes, fortalecer los estándares de seguridad institucional y reafirmar nuestro compromiso permanente con la seguridad pública”, concluyeron al respecto.

El Rana actualmente se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por los crímenes en contra de Eugenio Nain en 2020 y Marcos Cosme este 2026. Tras recuperarse de sus heridas sufridas durante su captura, fue trasladado para cumplir la medida cautelar al penal Santiago 1.

Diputados critican a Gendarmería y exigen sanciones

Tras la respuesta de Gendarmería, diputados de diversos sectores políticos criticaron la determinación inicial de la institución e hicieron un llamado a esclarecer la situación.

“Toda persona en prisión preventiva mantiene sus derechos y la presunción de inocencia debe respetarse. Pero esos derechos nunca pueden convertirse en una excusa para flexibilizar los protocolos de seguridad. Frente a imputados por delitos de extrema gravedad, y más aún cuando se trata de personas imputadas por el homicidio de carabineros, el Estado debe actuar con la máxima firmeza", señaló Flor Contreras (PDG).

Mientras tanto, Tomás Kast (Evópoli) calificó el hecho como “inaceptable” y señaló que “aquí las prioridades estuvieron completamente invertidas. Las responsabilidades administrativas deben perseguirse hasta las últimas consecuencias y es indispensable revisar los protocolos para que situaciones como estas no vuelvan a repetirse".

El diputado republicano Álvaro Carter consideró la situación “un insulto a la memoria de los carabineros Naín y Cosme que se permita este tipo de privilegios a delincuentes de alta peligrosidad”.

Por su parte, Marlene Pérez (Ind. UDI) llamó a Gendarmería a “actuar con el máximo rigor. La apertura de este sumario administrativo no puede quedar solo en un trámite de buenas intenciones y debe demostrar resultados concretos de eventuales responsabilidades”.

Desde la oposición, el diputado José Montalva (PPD) enfatizó que en esta situación “se evidencia una falla en los protocolos internos y en la cadena de mando de Gendarmería”.

“Valoro que se haya instruido un sumario de inmediato, pero este debe resolverse con celeridad y terminar con sanciones ejemplares a quienes incumplieron deberes. Aquí no está en discusión ningún derecho ni cultural ni religioso. Lo que está en juego es que un imputado de alta peligrosidad debe permanecer bajo estrictas medidas de seguridad y que cualquier actuación debe ajustarse rigurosamente a la ley y a los protocolos”, añadió al respecto.