Durante la jornada de este jueves se dio a conocer la detención de 41 personas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas a lo largos de los años.

Fue una investigación de más de un año la que permitió la detención de estos individuos en un operativo que se realizó en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos.

Respecto a los detenidos según fue dado a conocer, estos son todos de nacionalidad chilena de entre 35 y 45 años, algunos de ellos con antecedentes por delitos de receptación, estafas y otras defraudaciones, así como por robo en bienes nacionales de uso publico, robo en lugar habitado y apropiación indebida.

¿Cómo operaba esta organización criminal?

Según dio a conocer el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, desde el 2016 es que comenzó a operar esta asociación delictiva, la cual se encontraba encabezada por un grupo familiar.

Según explicó el subcomisario de la PDI, Héctor Balboa, en conversación con Mucho Gusto de Mega, se trataba de tres hermanos, con la participación de sus parejas y conocimiento de sus padres.

“Comenzaron a bancarizarse ellos mismos en un principio, cuando estaban aprendiendo toda esta dinámica, y luego fueron, con los años, perfeccionando el modo operandi para el fraude a los bancos”, explicó.

De acuerdo a lo que detalló, “hay diferentes modos operandi que nosotros pudimos establecer y que configuran finalmente el delito de lavado de activos. Ellos, por ejemplo, le sacaban tarjetas a estas personas y, por decirlo popularmente, las reventaban en el extranjeros con viajes, traían el dinero en efectivo también a Chile cuando les sobraba".

Junto con esto, informaron que las tarjetas que sacaban con documentación falsa, pertenecían incluso a personas en situación de calle.

Los individuos de esta forma falsificaban títulos universitarios, cédulas de identidad y otros tipos de documentos con el fin de obtener créditos de entidades bancarias, a la vez que creaban empresas ficticias con el fin de concretar los ilícitos.

“Se construyeron empresas falsas, con antecedentes falsos, con ello accedieron a productos del sistema bancario, obtuvieron también créditos, seguros, adquirieron bienes, obtuvieron liquidez, con eso usaron testaferros para adquirir nuevos productos y así un poco desvirtuar la trazabilidad del patrimonio”, señaló el director General PDI, Eduardo Cerna.

Otro de los modos de operar que tenía esta agrupación criminal, era utilizar empresas falsas para solicitar máquinas de compra y posteriormente estafar a entidades bancarias.

“Con las tarjetas de los mismos testaferros, recordemos que ellos manejaban todas las claves, las bancarias, las cuentas, las tarjetas. Las pasaban, hacían compras ficticias en estas máquinas y luego las anulaban. Solicitaban la reversa a la entidad financiera. Ellos pagaban, el banco se hacía cargo de pagar estos montos al comprador y cuando le solicitaban el dinero al vendedor, ese dinero ya no existía en la cuenta”, explicó el subcomisario Balboa.

Persona del Poder Judicial

Entre los detenidos se encuentra una persona que trabajaba en el Poder Judicial, quien cumplía las labores de testaferro para la organización criminal.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal Garrido, “para funcionar esta asociación entonces tenía una estructura con liderazgos definidos que tenían la misión de detectar a algunas personas, otros cumplían labores relativas a solicitar los créditos, es decir, ocupando piezas menores dentro de la organización”.

“En este contexto también uno de los medios necesarios para la comisión de los delitos era obtener información en relación con las diligencias que puedan estarse realizando respecto de las personas que estaban sometidas a la investigación y que hoy día están detenidas. Y dentro de esas labores cumplía una función un funcionario del Poder Judicial que también cumplía las labores de testaferro, es decir, facilitaba las acciones de lavado de activos registrando su nombre y los bienes que eran adquiridos por los líderes de la asociación”, añadió.

Por su parte el subcomisario de la PDI señaló que era este abogado que trabajaba en el Tribunal Oral de Temuco, quien tenía a su nombre la empresa que mantenía la avioneta que se incautó en el operativo.

“Esa avioneta fue importada en el año 2018 por el líder de la organización, traspasada posteriormente a una empresa de su padre, y luego a la de este abogado, con la finalidad de ocultar quién es el verdadero dueño”, agregó.