Este martes se conoció que 1.212.297 dosis de la campaña contra la influenza no fueron utilizadas, lo que implica un costo de casi 2.639 millones de pesos. Las voces que comenzaron pidiendo explicaciones ahora se transforman en peticiones para que la autoridad dé un paso al costado. “Debe asumir las responsabilidades políticas y administrativas”, señalan algunos parlamentarios.

Desde hace algunos días, la Subsecretaría de Salud Pública -y particularmente su titular, Andrea Albagli- ya venía en el centro de las críticas por la gestión de las vacunas y un crítico informe de Contraloría al respecto. La creciente presión se agudizó aun más luego de que en la jornada de martes se conociera que 1.212.297 dosis de vacunas de la campaña 2024 contra la influenza se perdieron por problemas logísticos o vencimiento, encendiendo nuevas alertas en medio de la campaña de invierno. Y, por cierto, abriendo aun más el flanco de la autoridad, quien comienza a verse presionada por el Congreso.

Fueron varios los parlamentarios -tanto del oficialismo como de la oposición- que apenas conocido el hecho manifestaron la necesidad de que las autoridades entreguen explicaciones. Con el correr de las horas esas voces se han ido endureciendo y ahora apuntan directamente a la subsecretaria Albagli, a quien algunos incluso plantean que debe ser citada al Congreso para rendir cuentas por lo ocurrido. Pero otros van más allá.

Daniel Lilayu (UDI), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, afirma que “es ella quien debe asumir las responsabilidades políticas y administrativas de este caso, poniendo incluso su cargo a disposición si es necesario”. Y suma: “El año pasado ya se registraron varias muertes en nuestro país a causa de la influenza, pero lamentablemente no vemos que las actuales autoridades hayan aprendido la lección, porque seguimos con un plan de vacunación absolutamente insuficiente para la magnitud de la crisis respiratoria que se aproxima”.

El diputado Andrés Celis (RN), también miembro de dicha instancia, dice que “la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, lo primero que debería hacer es pedirle disculpas públicas a la ciudadanía y entregar su renuncia”, y que “lo sucedido con la pérdida de millones de vacunas contra el Covid-19 y la influenza no puede minimizarse, porque acá se puso en riesgo la salud de la población (…) Este informe revela pérdida de confianza”.

Su compañera de comisión, la diputada María Luisa Cordero (ind. RN) coincide en que “vamos a exigir explicaciones claras a la subsecretaria y no descartamos pedir su salida si no se asumen responsabilidades. El Ministerio de Salud no puede seguir operando bajo esta preocupante descoordinación institucional”.

Críticas de esa índole ya se habían comenzado a dar este martes, apenas conocida la información. Por ejemplo, el senador UDI Sergio Gahona, quien es parte de la Comisión de Salud, señaló que desde dicha instancia “advertimos varias veces que la campaña de vacunación no estaba funcionando, y ahora nos corresponderá exigir responsabilidades por esta pérdida de recursos que son tan escasos en el sistema de salud”.

La diputada Ana María Gazmuri (AH) afirma que esta no es la primera vez que la subsecretaria tiene problemas en su gestión: “Debe entregar explicaciones serias ante la Comisión de Salud. Queremos cifras exactas, responsables identificados y un desglose claro del impacto económico. No bastan las entrevistas en medios: las respuestas formales deben llegar al Congreso, que es el órgano fiscalizador. Y no es la primera vez que esta subsecretaria debe dar una explicación, ya que su conducción en diversos temas ha sido errática”.

Consultada por estas cifras la mañana de este miércoles en conversación con Radio Pauta, la autoridad sanitaria explicó que “cuando estamos hablando de medicamento, de vacunas, es habitual que haya pérdidas”.

“Esas pérdidas tienen diferentes razones, y en las estrategias de vacunación es habitual que haya mermas. Tan habitual que cuando uno hace el cálculo de compra, las contabiliza: está incorporado el dato de merma, porque es imposible que no existan”, explicó. “El objetivo es que sean lo menos posible”.

Detalló además que si bien las mermas “siempre existen”, no son igual en proporción todos los años. La explicación a esto yace en que la merma aumenta cuando se dan ciertos escenarios en donde se combinan dos elementos importantes: alto riesgo sanitario y alta incertidumbre.

La minuta de defensa

Para frenar los daños, desde el Minsal enviaron una minuta a los parlamentarios. “Son elementos de juicio para comprender la situación”, era el mensaje que acompañaba el documento.

El documento que el Ejecutivo les hizo llegar a los legisladores destacaba que en 2024 Chile alcanzó un récord histórico en la vacunación contra la influenza, administrando más de 8,3 millones de dosis. Y destacaban que este hito superó ampliamente las cifras de años anteriores, “reflejando una respuesta masiva de la población ante el aumento de la percepción de riesgo”.

Pero también entregaba datos que permiten ponerle más cifras a la crisis, como que la merma de vacunas de otros años fue significativamente menor. Por ejemplo, en 2023 fue de 475.840 dosis; en 2022, de 152.478, y en 2020, de 527.361.

Del mismo modo, se detallaba el valor de las vacunas, con el que se puede calcular “el costo para el país” que mencionaba el senador Castro.

Según la minuta, cada dosis de influenza se consiguió a 2,4 dólares en la licitación pública y a 4,26 de la divisa norteamericana vía trato directo, cuando hubo que hacerlo.

Así, considerando el promedio del dólar en enero del año pasado (907 pesos), 1.212.297 vacunas perdidas implica que cada una no administrada significó perder (como mínimo, asumiendo que todas las dosis perdidas fueron de la licitación) $2.177 y en su conjunto, $2.638.928.109.

Ahora, si se calcula con el precio del trato directo, que siempre es más caro, sería una pérdida de $3.863 por dosis, y un total de $4.684.097.394.

Eso, la subsecretaria de Salud Pública aclaró que la pérdida fue de 4.800 millones.