Este miércoles fue formalizada una mujer chilena de 31 años, acusada del infanticidio en contra de su hija recién nacida, ocurrido en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

El caso se remonta a diciembre del año pasado cuando la acusada llegó con signos de haber tenido un parto hasta el Hospital Clínico de Magallanes, solicitando atención médica de urgencia, despertando las sospechas del equipo médico, tras lo que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) dio inició a labores investigativas que los condujeron hasta el hogar de la acusada.

Una vez en el lugar, los detectives encontraron el cuerpo de la recién nacida el cual estaba oculto entre bolsas y frazadas, lo que dio paso a una serie de diligencias investigativas desarrolladas por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La investigación se extendió durante cinco meses e incluyó la toma de declaraciones, empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencia, entre los que se incluyó la autopsia del cuerpo de la bebé.

El subprefecto de la BH, Jair Bravo, detalló que “los detectives se trasladaron al inmueble de esta persona, logrando ubicar al interior de una de las habitaciones el cuerpo de un neonato de sexo femenino oculto al interior de bolsas y frazadas”.

En tanto, la fiscal Johanna Irribarra explicó que el delito de infanticidio “es cuando el padre o la madre le dan muerte a su bebé recién nacido dentro de las primeras 48 horas”.

“Los antecedentes que nosotros tenemos es que esto habría ocurrido así en diciembre del año pasado, donde esta mujer habría dado a luz y posteriormente el bebé habría sido ingresado a una bolsa de nylon de basura y amarrada, donde habría fallecido”, agregó la persecutora.

Pese a que la Fiscalía de Magallanes solicitó la prisión preventiva, luego de la audiencia de formalización por el delito de infanticidio, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Se fijaron tres meses para la investigación y la fiscal no descartó recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la medida cautelar decretada.