En las dependencias del Ministerio de Seguridad, el ministro de la cartera, Martín Arrau, recibió al directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), encabezado por su presidente, Gustavo Alessandri, para sostener una reunión a propósito de las amenazas que han recibido varios jefes comunales de parte del crimen organizado.

La cita se da tras el atentado frustrado que sufrió el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Según remarcó Alessandri, este hecho “marcó un antes y un después” en materia de prevención y seguridad para los alcaldes.

Tras el encuentro, el ministro Arrau recalcó que la respuesta del Estado ante las amenazas que reciben los alcaldes “debe ser sólida y contundente, de tal manera que los vecinos tengan la certeza de que sus autoridades seguirán trabajando”.

“El Estado tendrá que hacer todo lo necesario para dar las condiciones, no solamente de seguridad, sino que de investigación, de levantar la información, para ir disminuyendo este tipo de riesgos”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que en la reunión con los alcaldes surgieron “nuevas ideas, algunos compromisos de seguir trabajando en cómo levantar mejor la información territorial, cómo evitar que el narcotráfico y el crimen organizado se tomen los barrios”.

Sobre el detalle de lo conversado, el alcalde Alessandri anunció que le solicitaron al ministro su apoyo para que “el Ministerio Público pueda tener un fiscal de dedicación exclusiva a las amenazas que estamos viviendo las personas que tenemos un cargo público y que somos elegidos democráticamente”.

Respecto a los compromisos, detalló que estuvieron de acuerdo en “armar un grupo de trabajo desde la ACHM con el Ministerio de Seguridad (...) para entregar ideas que sean oportunas para poder quitarle los territorios al narcotráfico, al crimen organizado y al sicariato”.

“Nosotros que tenemos el deber de cumplir con nuestros vecinos, tenemos que entregar las herramientas, las ideas oportunas al gobierno, a distintas autoridades para que se puedan realizar esas ideas y que sean el día de mañana políticas de Estado desde los territorios”, planteó.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien también asistió a la cita y ha sufrido amenazas del crimen organizado, remarcó que los municipios manifiestan “un apoyo transversal al alcalde White”.

“Hemos pedido también que los recursos financieros vayan al Ministerio Público para aumentar las dotaciones del personal, como fiscalías que pudieran tener, sobre todo para quienes estamos trabajando en la primera línea del territorio”, indicó.

Frente al escenario que enfrentan los alcaldes, Pizarro subrayó que “aunque el miedo está entre nosotros frente a lo que está sucediendo, vamos a seguir haciendo la pega, con toda la convicción y la pasión del mundo. Creo que hay que enfrentar a estos delincuentes que están en nuestro territorio”.

Tres ejes que marcaron la reunión

Tras la cita, el ministro Arrau compartió en sus redes sociales los tres ejes que marcaron el encuentro con la ACHM.

“1.- Solicitar al Ministerio Público la designación de un fiscal especial que concentre las investigaciones por amenazas contra autoridades municipales.

2.- Crear un equipo conjunto que transforme el conocimiento de los municipios en inteligencia territorial para anticiparnos al crimen y actuar con mayor eficacia.

3.- Elaborar, en un plazo de 30 días, propuestas concretas para recuperar los espacios que el narcotráfico les ha arrebatado a los vecinos honestos".

El ministro remarcó que “esta realidad refuerza la urgencia de enfrentar al crimen organizado con completa convicción”.

“Ninguna amenaza puede paralizar a quienes tienen el deber de servir y proteger a sus comunidades”, aseveró.