“No hay prioridad para las familias con mayor vulnerabilidad” en el país”, sostiene el nuevo director ejecutivo de Techo, Gonzalo Rodríguez, tras el lanzamiento del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, el último registro elaborado por la fundación.

Desde el cargo que asumió hace dos meses advierte sobre la ausencia del Estado en vastos sectores, el avance del narcotráfico en zonas donde ni siquiera entran carabineros y la falta de decisión política para regularizar más de 230 asentamientos ubicados en terrenos fiscales.

¿Cuál es el panorama actual de los campamentos según el catastro?

En el catastro 2024-2025 registramos 120.000 familias viviendo en 1.428 campamentos a nivel nacional. El 85% está en Tarapacá, Atacama, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Biobío. Vemos con preocupación que este número sigue aumentando, pero también se ha estancado: un 35% de los campamentos existe desde antes del 2010.

¿Qué factores explican la concentración de campamentos en ciertas regiones del país?

Esto se relaciona con el crecimiento de las ciudades y las oportunidades laborales. En zonas como Santiago o el norte también influye la migración, que ha aumentado la demanda de vivienda.

¿Qué implica para el Estado que muchas familias lleven más de una década viviendo en campamentos?

El gran desafío del país es volver a mirar los campamentos. Los olvidamos en la última década y volvimos a cifras de hace 30 años. La política habitacional actual no está respondiendo, y eso debe cambiar. Los campamentos existen por necesidad: el 80% de las familias llegó porque no podía pagar arriendo.

¿Qué explica el fuerte aumento de campamentos tras el estallido social y la pandemia?

Entre 2019 y 2020 hubo un crecimiento gigantesco. En los campamentos, el 90% de las personas trabaja, pero solo la mitad tiene contrato. La informalidad laboral y económica es clave. Durante la pandemia, al no poder salir a trabajar, muchas familias dejaron de percibir ingresos. Y si no podían pagar arriendo, la única alternativa era irse a un campamento.

¿Qué lectura hacen del menor aumento de campamentos registrado este año?

El riesgo es creer que estamos resolviendo el problema solo porque el aumento es menor. Las familias en campamentos siguen creciendo y están condenadas a vivir en esa situación por mucho tiempo. Resolver este problema no es solo tarea del Estado: es responsabilidad de toda la sociedad. Invertir en campamentos es invertir en ciudades y sociedades más cohesionadas.

¿Ha estado el gobierno a la altura de abordar el déficit habitacional en campamentos?

El esfuerzo de este gobierno en vivienda, especialmente con el Plan de Emergencia Habitacional, va en el camino correcto. Potenciar la construcción y aumentar la oferta contribuye a disminuir el déficit. Pero ese mismo plan ha sido insuficiente para llegar a los campamentos: de las 190.000 viviendas entregadas, solo 1.700 han sido para familias de campamentos, menos del 1%. Considerando que el 17% del déficit corresponde a hogares en campamentos, la proporción está desajustada. El plan debe continuar, pero con ajustes, ya que hoy no está respondiendo a las necesidades de las familias más vulnerables del país al momento de obtener su vivienda.

¿Por qué no está llegando a las familias más vulnerables?

Las causas son estructurales. Tener una meta nacional de 260.000 viviendas es positivo, pero si no hay focalización ni prioridad para quienes están en mayor vulnerabilidad, ese plan no va a considerar a esas familias. Los subsidios actuales son insuficientes, no permiten acceder a terrenos bien ubicados ni a viviendas de calidad. Hay que avanzar en focalización, especialmente para el 40% más vulnerable. Si el déficit habitacional nacional es de 700.000 hogares y un 17% corresponde a campamentos, el plan del ministerio debería al menos considerar esa misma proporción.

¿Qué condiciones mínimas deben cumplirse en un desalojo de campamentos?

Hay cerca de 450 campamentos en riesgo de desalojo, ya sea por vía administrativa o judicial. El desalojo debe ser la última opción. No se termina un campamento sacando familias, solo se trasladan a otro lugar. Y cuando ocurre, debe hacerse con anticipación, resguardando los derechos de las personas, especialmente de los niños, permitiendo retirar sus cosas y ofreciendo soluciones habitacionales para que no queden en la calle.

¿Por qué el Estado no ha regularizado terrenos fiscales donde ya viven familias en campamentos?

Ha faltado voluntad política. El Ministerio de Vivienda no es el dueño de los terrenos, lo es Bienes Nacionales. Por eso se requiere una mirada interministerial. Hemos identificado 230 campamentos en terrenos estatales, no en zonas de riesgo, que podrían regularizarse. Sería incluso más barato para el Estado que construir nuevas viviendas.

¿Cómo ha influido el narcotráfico en los campamentos?

El narcotráfico ha crecido, y en algunos casos hay ausencia del Estado, donde ni siquiera llegan carabineros. Eso los vuelve propicios para que operen grupos organizados, pero las primeras víctimas son las propias familias.

La gran mayoría es trabajadora, está organizada y vive ahí por necesidad. Por unos pocos que delinquen se estigmatiza a todos. Este no es un problema de seguridad, es un problema de vivienda y pobreza. Evidentemente, hay casos de violencia, pero no por eso podemos meter a todos en el mismo saco.