En 2019 la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) dio el vamos para la implementación de un nuevo proyecto de seguridad en el país. Se trataba del programa “Plan Calle Segura” que buscaba dotar de equipamiento y financiamiento a través de la instalación de mil cámaras en 66 comunas y cuyo trabajo, a más de cinco años de su anuncio, aún no se concreta por diversas razones.

Para ese trabajo la SPD adjudicó el proyecto a la empresa Ingesmart SpA, la que quedó a cargo de la instalación y operación de las cámaras. Dicha implementación se concretaba con un contrato por cada lugar, los que agruparon comunas según la zona del país.

La zona uno, por ejemplo, eran las comunas del norte grande, la dos las del norte chico, la tres es Valparaíso, la cuatro es la Región Metropolitana (RM), la cinco las de centro sur, la seis sur y la zona siete es el sur austral.

Ese ambicioso proyecto de dotación de mil cámaras en 66 comunas actualmente pasa por una disputa entre la empresa y la SPD, y no sólo en términos administrativos, sino que también en el ámbito judicial.

La arista judicial derivó de acusaciones cruzadas de incumplimientos. Mientras la empresa apunta a la entidad de gobierno por no cumplir con el contrato y de cobrar abusiva e ilegalmente multas y seguros, la SPD afirma que Ingesmart SpA no cumplió con la instalación de los equipos dentro de los plazos, algo que la compañía acusa se debió a falencias por parte de la subsecretaría.

Una pandemia y los mil días

El origen del conflicto entre la empresa y la entidad de gobierno encabezada por la subsecretaria Carolina Leitao se remonta al retraso en la instalación de los equipos desde 2019 en adelante.

Desde la subsecretaría sostienen que “desde 2021, Ingesmart incumplió sus obligaciones contractuales en todas las zonas, atrasándose en la implementación de las distintas etapas del proyecto como por el deficiente servicio que prestaba la infraestructura instalada”. A eso se suma, afirman desde la institución, que “durante 2023, producto de los incumplimientos constantes, la subsecretaría ejecutó las garantías de fiel cumplimiento en seis de las siete zonas (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)”.

La empresa, según explica la firma a La Tercera, justifica que su demora en la instalación de las cámaras se debió inicialmente a los problemas de proveedores a raíz de la crisis de la pandemia, así como también a la falta de regulación de parte de la SPD al proyecto, como también el hecho de que la cartera de gobierno no alcanzó a tener convenios con los municipios, Carabineros, entre otras reparticiones públicas con las que se debía operar para concretar los servicios.

El abogado de Ingesmart, Jorge Lembeye, afirma que “hubo una serie de descoordinaciones que se empezaron a producir, problemas de equipamiento que no pudo ser obtenido, falta de coordinación con las autoridades respectivas, todas situaciones que eran completamente ajenas a la empresa, que llevaron a una serie de retrasos”.

Pese a las dificultades, la empresa afirma que completó las instalaciones de casi todas las zonas salvo la cuatro, específicamente en la RM que comprende 387 cámaras en 29 comunas.

En ese proceso se encontraba cuando el 31 de marzo la subsecretaría puso término al contrato afirmando que pasaron 1.100 días de retraso “sin implementación completa del servicio”, además de un informe negativo de la Contraloría sobre el trabajo de la empresa, lo que derivó en nuevas diferencias entre la compañía y la autoridad. Según expone el abogado de Ingesmart, finalmente quedó pendiente instalar siete cámaras para concluir el proyecto de mil.

Un proyecto que afectó a la empresa

Según la compañía, el trato entre Ingesmart y la SPD significó un desmedro para el patrimonio de la empresa, la que debió el 2023 someterse a un proceso de reorganización concursal dado la compleja situación financiera. Aquello se debió, entre otras cosas, a que según las bases de la licitación el 75% del pago se realiza sólo una vez que la subsecretaría recepcionaba las obras por lo que la empresa debió trabajar más del tiempo estimado con su propio capital.

A esto se suma que la misma entidad pública aplicó una serie de multas y cobro de pólizas de seguros, las que en total ascienden a 150 mil UF, lo que según la empresa contribuyó a la compleja situación económica.

“Si tienes a una compañía prestando el servicio, trabajando, realizando las destinaciones materiales e inmateriales para esto, pero sin poder cobrar, ya llega un minuto en que se vuelve insostenible”, agrega Lembeye.

El veedor por la compañía en el proceso de reorganización, Nicolás Mena, sostiene que “las multas se incrementaron a partir de la fecha en que la empresa solicita su reorganización, perjudicándola de manera directa, por cuanto para una compañía que está en este tipo de procesos es muy complicado tener que pagar a sus acreedores y además destinar sus ingresos al pago de multas, muchas de ellas fuera de bases y poco ajustadas a derecho”.

Desde la subsecretaría explican que actualmente, “los contratos de las zonas 1, 2 3, 5, 6 y 7 están en sus últimos meses de vigencia, manteniéndose los incumplimientos señalados, por lo que la Subsecretaría sigue aplicando multas”.

Mena, por su parte, destaca que “la empresa está logrando salir adelante a través de contratos con otras entidades públicas y privadas, demostrando que no obstante estar sometida a un procedimiento de reorganización concursal, es económicamente viable”.

La arremetida judicial

A raíz del complejo escenario entre la empresa y la entidad pública, Ingesmart activó una arremetida judicial, la cual desde abril pasado hasta ahora ya suma al menos cinco requerimientos ante la justicia civil.

El primero fue una medida precautoria por el término del contrato de la zona cuatro, el cual aún no es resuelto en la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, en junio también presentaron una demanda de nulidad para revertir las multas sobre el contrato de esa zona, causa aún no resuelta.

Pero en el caso también la empresa ha pedido, en agosto pasado, a tribunales que se le ordene a la SPD restituir los fondos de las multas de las otras zonas, dado que -afirman- se cursaron mientras estaban en reorganización, lo que va en contra de la ley. En esa ocasión el tribunal le dio la razón a Ingesmart y no sólo ordenó el reintegro del 12 mil UF, sino que también presentó sus reproches al organismo.

En octubre se sumó una apelación administrativa y ahora en noviembre la compañía presentó una nueva solicitud de medida precautoria por el fin del contrato de las cámaras para la capital.

Desde la subsecretaría comentaron que en esta disputa judicial, la entidad es representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) “para salvaguardar el correcto uso de bienes públicos ante una empresa que no cumplió con lo comprometido en el contrato de adjudicación de dicho servicio”.

Una compra en espera

El largo historial de diferencias entre la empresa y la entidad de gobierno pone en riesgo el proyecto de mil cámaras.

Según el abogado de Ingesmart el actual escenario llevan a que la compañía “va a estar en una situación en que no va a poder seguir prestando un servicio” porque el fin de los contratos “va a llevar a que estas mil cámaras queden sin funcionamiento, lo cual va a afectar a todos los municipios que tienen este proyecto y a una población de cerca de ocho millones de habitantes”.

Por lo mismo, desde la SPD indican que ejercieron “su derecho de compra del equipamiento en las seis zonas para el posterior traspaso de estos equipos a las comunas beneficiarias, pero Ingesmart ha rechazado esta compra debido a los procesos administrativos y judiciales pendientes”.

Desde la empresa por su parte, explican que la subsecretaría realizó ese requerimiento fuera de plazo y que con esto busca comprar los equipos cobrando a través de las multas y seguros. “Queremos que la subsecretaría respete las decisiones de los tribunales de justicia, que se restituyan los fondos y las pólizas, algo que no ha hecho hasta el día de hoy”, concluye Lembeye.