La tarde del 11 de marzo de 2022, desde el balcón del Palacio de La Moneda, el recién asumido Presidente Gabriel Boric entregó su primer discurso como Mandatario. En esa ocasión, el Jefe de Estado mencionó solo en una ocasión la palabra “seguridad”, una materia que, sin pensarlo, con el paso de los meses se convertiría en la temática que más se repetiría y marcaría su administración.

El brusco giro en seguridad -que partió cuando Boric tuve que ceder y decretar estado de excepción en la Macrozona Sur pese a haber propuesto desmilitarizar La Araucanía- se profundizó a lo largo de toda su administración. Tanto así que dicho estado de excepción se transformó en permanente y sigue vigente hasta la actualidad.

Por eso el contraste con el presidente electo es evidente. A diferencia de Boric, su sucesor, José Antonio Kast, fue electo en una campaña marcada por la seguridad, la materia que más preocupa a los chilenos según las encuestas.

Según diversos expertos, el escenario en el que Boric asumió su gobierno es distinto al que tendrá su sucesor, así como también al que enfrentó durante su administración.

Lo anterior se refleja no solo en las estadísticas delictuales que se han registrado en los 1.375 días de gobierno del frenteamplista, sino que también en el cambio de rumbo y discurso que tuvo su administración, y la institucionalidad del país desde 2022.

La seguridad bajo Boric

La administración de Boric asumió, a juicio de diversos conocedores en materia de seguridad consultados por La Tercera, cuando se confirmaba una tendencia al alza de diversos delitos tras las pandemia. Ejemplo de aquello es que ese año se registró el mayor número de homicidios de los que se tiene registro en nuestro país, con 1.330 víctimas y con una tasa de 6,7 fallecidos por cada 100 mil habitantes, lejos de los 4,5 del 2018, año en que comenzó la escalada.

Además del alto número de homicidios de ese año, cuando se registraron 3,6 víctimas por día, y también continuando el alza respecto a años anteriores, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) demostró que en el 21,8% de los hogares al menos una persona fue víctima de un delito. Ese año, y en la mayor cifra registrada, el 90,6% consideró que en ese periodo la delincuencia aumentó, levantando alertas por la abultada percepción de inseguridad, la que incluso llevó a posicionar al país, según encuestas, como uno de los más atemorizados del mundo.

El fenómeno de los delitos violentos, entre ellos los homicidios, a juicio del director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se debe principalmente a tres factores. El primero, por el aumento en la participación de menores de edad, quienes actúan con mayor violencia; el aumento en la presencia de armas de fuego, y porque hay más delitos vinculados a bandas: las chilenas de siempre y el surgimiento de organizaciones internacionales.

Lo anterior también se vincularía a que desde 2023 en adelante se comenzó a distinguir un alza importante en delitos como el secuestro o las extorsiones. En cifras de la Fiscalía, ese año comenzó un alza que encontró un peak de 868 casos en 2024.

Según un informe sobre la materia del Ministerio Público, entre 2023 y 2024 se detectaron al menos 10 organizaciones criminales extranjeras operando en Chile, entre las que destacan el Tren de Aragua (Venezuela) o Los Pulpos (Perú).

Dicho informe consigna que “esas organizaciones internacionales no estaban presentes en el Chile prepandemia”. En ese entonces, sostiene Johnson, “este tipo de delito no estaba tan presente en Chile y por lo tanto el Estado no estaba preparado. Pero tenemos que tener conciencia de que ha habido una reacción que ha tenido efectividad, quizás no todo lo que uno hubiera querido, pero el Ministerio Público ha tenido la capacidad de identificar, desarticular y encarcelar a ramas de organizaciones internacionales”.

El mismo 2023, y a raíz de los asesinatos de los funcionarios de Carabineros Álex Salazar (Concepción), Rita Olivares (Quilpué) y Daniel Palma (Santiago), el gobierno de Boric debió impulsar cambios legislativos.

Uno de estos fue la aprobación de normas como la Ley Nain-Retamal que entregaba mayores facultades y protección a los funcionarios policiales, un acuerdo con el Congreso para dos “fast track legislativos”, lo que permitió aprobar decenas de leyes de seguridad en poco tiempo.

Seguido de aquello, se anunció el Plan Calles Sin Violencia del gobierno, lo que además de prometer frenar el alza de homicidios, también entregó recursos para que el Ministerio Público creara el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Así como también instaló el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

A esto se suma la mayor renovación del parque vehicular de Carabineros, la adquisición de vehículos blindados tanto para la policía uniformada como para la Policía de Investigaciones (PDI), así como también de nueva indumentaria, material de protección y un fuerte énfasis en los recursos tecnológicos. Junto con un abultado e histórico presupuesto para seguridad.

“Este gobierno ha puesto un acento en generar institucionalidad para hacerse cargo de la inseguridad. Y no solo el gobierno: creo que en este periodo han coincidido distintas instituciones que han tomado conciencia de la necesidad de fortalecer la institucionalidad para hacerse cargo de la inseguridad”, sostiene Johnson.

Un descenso... ¿permanente?

Pero, ¿cuál es el estado de la seguridad pública? El director de investigación y desarrollo del Centro de Justicia & Sociedad de la Universidad Católica, Pablo Carvacho, explica que “el escenario de estos últimos años ha sido más bien de estabilidad en términos delictuales, con pequeños signos de mejora, sobre todo respecto a los homicidios, lo cual es un dato tranquilizador, pero eso no implica que estamos en una situación de complejidad en el panorama delictual”.

Esto se demostraría porque durante el último tiempo, específicamente en el primer semestre de 2025, ciertos delitos comenzaron a descender según diversos reportes oficiales y continuaron una tendencia a la baja que se registra desde 2024. Por ejemplo, los secuestros según la Fiscalía descendieron 2,1% durante la primera parte de este año, mientras que los homicidios –según el Observatorio de Homicidios– bajaron 13,8% en el mismo periodo.

Basándose en eso, y, si bien las tendencias con las cuales asumirá el próximo gobierno son más estables, a juicio de los expertos consultados dicho escenario no se puede dar por sentado, dado las variaciones que tienen los delitos, así como también porque, pese al leve descenso, las cifras siguen siendo altas.

La experta en seguridad e investigadora de Athenalab Pilar Giannini sostiene que “la leve disminución de homicidios registrada en los últimos trimestres puede deberse a efectos de estrategias focalizadas, ciclos internos de grupos criminales, o factores coyunturales como variaciones en disputas por mercados de drogas. Sin embargo, es prematuro afirmar que se trata de una tendencia sostenible”. Una opinión que comparte Johnson, quien afirma que incluso se puede deber a que las bandas a veces se “asientan en territorios y ya no necesitan el homicidio para seguir operando”.

Respecto a las bandas de crimen organizado que surgieron durante los últimos años, Giannini advierte que “el crimen organizado transnacional y sus expresiones locales tienden a persistir, y es difícil de eliminar, mientras existan condiciones favorables: demanda de droga, corredores logísticos vulnerables, marginalidad urbana y capacidad de corrupción”.

Por otro lado, según cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) –dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD)–, también hay algunos grupos de delitos que tienden a la baja. Pese a un repunte en 2024, este año los ilícitos agrupados como robos violentos (robos con violencia, robo por sorpresa, robo violento de vehículos) registran una leve caída, pasando de una tasa de 150,3 casos policiales el tercer trimestre del año pasado a 135 en el mismo periodo de 2025.

Giannini explica que “estos delitos de alto impacto y modus operandi audaz responden a una táctica de criminalidad que busca rapidez, intimidación y baja exposición. Su continuidad depende de la capacidad de respuesta policial para lograr su disuasión”.

Otra alarmante cifra que persiste, sostienen las fuentes consultas, es la percepción de inseguridad. Si bien un informe reciente de Paz Ciudadana mostró una disminución, Johnson cree que todavía “vamos a tener años con percepción de inseguridad alta”, aunque “es difícil que en Chile sigan aumentando los niveles de percepción de inseguridad que tenemos ya que estamos en niveles extremadamente altos”.

La herencia y el desafío

A pesar del escenario actual, la investigadora de Athenalab plantea que “la futura administración heredará un escenario de cifras delictivas elevadas, especialmente en delitos violentos, como los homicidios, lesiones, delitos con armas y una creciente complejidad en la criminalidad organizada, como el narcotráfico, extorsión, lavado de activos”.

“A todas luces, una crisis en materia de seguridad con sensación de inseguridad histórica y con altas expectativas debe ser el problema prioritario para una próxima administración”, agrega la experta en seguridad.

De lo que sí existe certeza es que los avances en materia legislativa generarán un mejor escenario en materia institucional, lo que mejorará la forma en que se combate la actual crisis de seguridad. A pesar de aquello, Pablo Carvacho plantea que la futura administración “va a tener un nuevo Ministerio de Seguridad, prácticamente ya implementado, y parte de los desafíos van a tener que ver con la bajada de ese ministerio, sobre todo a nivel local y a nivel de coordinación interinstitucional”.

Giannini por su parte considera que será clave el nuevo ministerio, así como también “la postergada discusión sobre reformas al sistema penitenciario, de inteligencia y control fronterizo, ya que la gobernanza en seguridad requerirá un enfoque multidimensional de coordinación, que combine políticas de control con estrategias de prevención y recuperación de territorios”.

Precisamente el sistema penitenciario –según coinciden Johnson, Giannini y Carvacho– es uno de los principales desafíos que tiene la futura administración de Kast, ya que, según señala el investigador de la UC, actualmente hay una sobrepoblación penal, “y eso también es un problema importante que van a tener que resolver las futuras autoridades, sobre todo porque implica que hay más hacinamiento, más posibilidades de vincularse con crimen organizado dentro de las cárceles”.

“También como desafío pendiente está el desarrollo de mayor inteligencia financiera para la persecución del dinero que está detrás del crimen organizado, la gestión de los activos que se incautan y una mirada focalizada en desarmar la organización criminal más que perseguir solamente al último eslabón”, concluye Carvacho.