“Haber formado a un astronauta y mandarlo a manejar un bus o micro”.

Un médico que adeuda $ 596 millones al Estado, usa esta metáfora para defenderse de la situación que, dice, le aqueja: tener que trabajar en un servicio de salud público donde, argumenta, “no existen las condiciones médicas ni técnicas” para desarrollar sus “sueños y expectativas profesionales”. Así consta en el recurso de apelación con el que busca evitar el pago de la millonaria suma.

Debe ese monto porque incumplió su Periodo Asistencial Obligatorio (PAO), que es el deber legal de trabajar en un establecimiento de salud pública que tienen los médicos cuyas formaciones de especialidad fueron costeadas con recursos estatales.

Quienes reciben este beneficio lo hacen firmando un convenio y un pagaré con el Servicio de Salud que los subvenciona. La obligación que contraen es trabajar en esa repartición el doble de tiempo de lo que dure la especialización financiada, según estipulan las leyes 19.664 y 15.076, y el Decreto Supremo N°507 del Ministerio de Salud.

Un médico que no empieza o deja de desempeñar su PAO, queda inhabilitado de trabajar en el sistema público por hasta seis años y debe devolver al Estado todos los recursos invertidos, más una multa del 50%, que puede incluir además un gravamen adicional de un 30%. La sanción también aplica a los casos en que el profesional renuncia o reprueba su especialización.

La meta de este tipo de formación es aumentar el número de especialistas y fomentar la distribución de ellos en zonas rurales o extremas del país, considerando la realidad del país, que los concentra en la Región Metropolitana.

En el detalle, quienes no han cumplido con su PAO representan solo un 1,6% del total de becados, según información enviada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales a este medio. Sin embargo, la deuda que acarrean al Fisco es, como mínimo, de $ 24.248 millones. Esta cifra representa sólo una parte del total, pues ni la propia institución conoce con claridad el monto al que asciende.

A través de solicitudes de Transparencia se consultó a los 29 Servicios de Salud del país y a Redes Asistenciales la cantidad de médicos que incumplieron el PAO porque lo abandonaron o no lo iniciaron en los últimos 15 años; el dinero que le costó al Estado aquellas especializaciones; el número de infractores demandados y el monto devuelto en los casos en que se pagó la deuda total o parcial.

En total, 12 Servicios de Salud enviaron el monto que los médicos les deben de ese periodo de tiempo, el que suma $ 13.600.594.307.

En ocho de los otros servicios La Tercera recabó información de las deudas a través de causas públicas del Poder Judicial, las que suman $ 10.647.692.406. Sin embargo, estos casos no corresponden a la totalidad de los infractores de esas reparticiones.

Por ejemplo, el Servicio de Salud de Tarapacá informó vía Transparencia que 10 médicos infringieron su PAO en esa repartición y que no han devuelto lo adeudado al Estado, sin especificar los montos. Y como en los tribunales civiles solo hay tres de estos casos expuestos de forma pública, no es posible obtener la cifra de los otros siete profesionales.

Sumando ambos grupos, el dinero que se le debe al Fisco alcanza los $ 24.248.286.713 desde el 2010 a la fecha. Pero como se explicó, estos son datos incompletos y no incluyen a los otros nueve Servicios de Salud del país.

Los 29 Servicios de Salud que reportaron, informaron de al menos 332 deudores en los últimos 15 años, de los cuales solo 30 han devuelto parte o la totalidad del monto luego de que tribunales civiles ordenaran la restitución de los recursos al Fisco.

Sobre los 302 médicos restantes solo pesa, hasta ahora, la inhabilitación de trabajar en el sistema público, pudiendo ejercer su especialidad en el sistema privado sin ninguna clase de restricción.

“Un cumplimiento por sobre el 97% habla de una política de formación exitosa y obviamente el perfeccionamiento de esta política es en lo que estamos también trabajando”, dice al respecto Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales.

Y es que la cantidad de inhabilitados que se manejaba nivel central es de 128 de los 7.950 médicos PAO desde el 2015. Anterior a esa fecha no poseen los datos sistematizados como para entregarlos en un corto plazo. Sobre la deuda concreta de esos doctores, ni Martorell ni la subsecretaría tienen el número exacto.

Y si en el pasado se han presentado mociones parlamentarias para que esos médicos que no devuelven su beca se vean impedidos de ejercer aplicando esos conocimientos, ahora el subsecretario adelanta algunas propuestas de esta administración “más drásticas en el control del cumplimiento”. Ahí se ha analizado la posibilidad, si bien requiere de un proyecto de ley, “de retener impuestos de quienes no cumplen, para que a través de ese mecanismo se pudiera hacer efectivo el cobro”.

También se propone limitar o prohibir el acceso a programas de subespecialización a quienes no cumplieron con su PAO. Para eso no sería necesario pasar por el Congreso, porque podría ser un criterio en los concursos que los propios servicios de salud financian.

Asimismo, deja abierta la posibilidad de “limitar o restringir” la acreditación de calidad a prestadores institucionales -como clínicas-, cuando tengan en sus equipos a doctores deudores.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, respalda estas tres propuestas y acusa una “conducta antiética grave” de los infractores. En tal sentido, dice que el Estado “debe asegurar” el pago de las deudas y que los organismos pertinentes “deberían tener claro de qué hablamos”.

Sobre las clínicas, indica que es un “comportamiento poco ético” contratar a médicos que no han restituido los fondos al Fisco. “Quien no paga la deuda realmente hizo un engaño al Estado, a su país, e incluso a la universidad que lo formó”, asegura.