En su primer año de funcionamiento, la Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió procesos de fiscalización por materias financieras a 49 de las 150 casas de estudios.

Así lo informó el organismo en su primera cuenta pública, donde señalaron que seis casas de estudios fueron sancionadas por razones financieras.

A la fecha, según informa el órgano dependiente del Ministerio de Educación, la Superintendencia ha ejecutado un total de 1.053 acciones de fiscalización, abarcando a la totalidad de las casas de estudio sujetas a supervisión.

Hoy está en plena ejecución el Plan Especial de Fiscalización de las medidas adoptadas por las instituciones en el contexto de la emergencia sanitaria producto del Covid-19, que constituye nuestro primer plan de fiscalización de contingencia, creado para revisar la efectiva prestación de los servicios educacionales en condiciones equivalentes a las originalmente convenidas.

En esa línea, la superintendencia informó que el Departamento de Atención Ciudadana ha recibido un total de 2.365 de reclamos y denuncias contra instituciones de educación superior, cifra que el organismo define como “significativo, dada su breve existencia”. De los casos tramitados, un 57% terminó con solución favorable para el usuario.

En cuanto a las temáticas más recurrentes de estos reclamos, el mayor número es por problemas administrativos en las instituciones (38%). Le siguen los relacionados a cobros erróneos y otros temas de financiamiento, con un 28%. Los conflictos derivados a materias académicas tienen un 26% de las quejas.

En relación a la distribución geográfica de estas presentaciones, el 57,7% del total proviene de instituciones de educación superior de la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Valparaíso con un 10,6% y del Biobío y del Maule, ambos con un 5,8%.

Asimismo, el 60% de los casos presentados fueron dirigidos a planteles universitarios, un 30,5% a institutos profesionales y un 9,5% a centros de formación técnica.

“Queremos reforzar el compromiso que este servicio asumió hace exactamente un año, cuando inició sus funciones con la misión de contribuir a aumentar la calidad en el sistema de educación superior, ejerciendo nuestro rol fiscalizador; y la confianza que la ciudadanía deposita en él y en sus instituciones, promoviendo la transparencia en todos sus procesos", señaló el superintendente, Jorge Avilés Barros.

"Así también y de manera muy especial, queremos canalizar nuestra energía en responder a las expectativas que los estudiantes, sus familias y el resto de la comunidad han depositado en nosotros y en darle al destinatario final del sistema la atención y relevancia que merece”, añadió la autoridad.