En primer año de gestión, Superintendencia de Educación Superior sancionó a 6 casas de estudios por motivos financieros
El organismo abrió procesos de fiscalización por materias financieras a 49 de las 150 casas de estudios del país. Se han recibido 2.365 reclamos contra los planteles.
En su primer año de funcionamiento, la Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió procesos de fiscalización por materias financieras a 49 de las 150 casas de estudios.
Así lo informó el organismo en su primera cuenta pública, donde señalaron que seis casas de estudios fueron sancionadas por razones financieras.
A la fecha, según informa el órgano dependiente del Ministerio de Educación, la Superintendencia ha ejecutado un total de 1.053 acciones de fiscalización, abarcando a la totalidad de las casas de estudio sujetas a supervisión.
Hoy está en plena ejecución el Plan Especial de Fiscalización de las medidas adoptadas por las instituciones en el contexto de la emergencia sanitaria producto del Covid-19, que constituye nuestro primer plan de fiscalización de contingencia, creado para revisar la efectiva prestación de los servicios educacionales en condiciones equivalentes a las originalmente convenidas.
En esa línea, la superintendencia informó que el Departamento de Atención Ciudadana ha recibido un total de 2.365 de reclamos y denuncias contra instituciones de educación superior, cifra que el organismo define como “significativo, dada su breve existencia”. De los casos tramitados, un 57% terminó con solución favorable para el usuario.
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En cuanto a las temáticas más recurrentes de estos reclamos, el mayor número es por problemas administrativos en las instituciones (38%). Le siguen los relacionados a cobros erróneos y otros temas de financiamiento, con un 28%. Los conflictos derivados a materias académicas tienen un 26% de las quejas.
En relación a la distribución geográfica de estas presentaciones, el 57,7% del total proviene de instituciones de educación superior de la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Valparaíso con un 10,6% y del Biobío y del Maule, ambos con un 5,8%.
Asimismo, el 60% de los casos presentados fueron dirigidos a planteles universitarios, un 30,5% a institutos profesionales y un 9,5% a centros de formación técnica.
“Queremos reforzar el compromiso que este servicio asumió hace exactamente un año, cuando inició sus funciones con la misión de contribuir a aumentar la calidad en el sistema de educación superior, ejerciendo nuestro rol fiscalizador; y la confianza que la ciudadanía deposita en él y en sus instituciones, promoviendo la transparencia en todos sus procesos", señaló el superintendente, Jorge Avilés Barros.
"Así también y de manera muy especial, queremos canalizar nuestra energía en responder a las expectativas que los estudiantes, sus familias y el resto de la comunidad han depositado en nosotros y en darle al destinatario final del sistema la atención y relevancia que merece”, añadió la autoridad.