En prisión preventiva quedó una mujer en Antofagasta tras ser detenida por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) imputada por una estafa relacionada con falsos cupos para viviendas sociales en Antofagasta.

Según la investigación por parte de la Fiscalía de Antofagasta, la mujer ofrecía a sus víctimas la opción de obtener departamentos mediante gestiones especiales a través del Serviu. Para ello, les solicitaba diversas sumas de dinero para reservas, impuestos, gastos notariales y otros trámites.

“La investigación permitió establecer que la imputada habría confeccionado y utilizado documentación que aparentaba provenir del Serviu, incorporando membretes, firmas y timbres institucionales, además de correos electrónicos que utilizaban el logotipo de dicha institución para aparentar legitimidad, sin embargo, todo ello resultaba ser una puesta en escena para concretar las estafas”, detalló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Luego que las víctimas comenzaban a solicitar información sobre la entrega de los departamentos comprometidos, finalmente les entregaba respuestas evasivas para finalmente dejar de atender las consultas.

“Este procedimiento es el resultado de un proceso investigativo desarrollado por detectives especializados, quienes, mediante el análisis criminal y la aplicación de técnicas investigativas policiales, lograron establecer la participación de la imputada en estos hechos”, remarcó por su parte el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Antofagasta, subprefecto Néctor Rojas.

Desde el Ministerio Público enfatizan que la investigación por el caso sigue en curso. En un primer momento se recibieron un total de ocho denuncias contra la imputada, con un perjuicio total de $23 millones. Sin embargo, Rojas detalló que posteriormente habrían recibido otras cinco denuncias adicionales.

La mujer fue formalizada por los delitos de estafa reiterada y, tras la petición por parte de Fiscalía, quedó con la cautelar de prisión preventiva por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad. Se estableció un plazo de 120 días para la investigación.