Engaños, amenazas y muchas veces violencia física. Esa es la realidad que enfrentan los y las centenares de víctimas del delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que ha identificado y rescatado la Policía de Investigaciones (PDI) durante los últimos tres años.

Aún cuando se trata de ilícitos que se vienen observando desde hace años, la instalación en Chile de estructuras criminales transnacionales, como el temido Tren de Aragua y sus diferentes células, han implicado no sólo un aumento en los casos, sino que también una mutación en el modus operandi de los responsables, que se han tornado mucho más agresivos.

De acuerdo con cifras de la institución policial, en los últimos tres años se han registrado 457 víctimas, si se suman ambos delitos. En 2023 se contabilizaban 152; en 2024 fueron 216, y hasta junio de 2025 se registran 89.

Del total, 285 son mujeres, y 172, hombres. Mayoritariamente, muestran las estadísticas, las víctimas son de nacionalidad venezolana (258) y boliviana (86), aunque también hay casos de personas de República Dominicana y Ecuador. Respecto de los detenidos, desde la PDI precisan que son principalmente venezolanos, peruanos y chilenos.

“A propósito de estos casos, vemos claramente un aumento de la violencia. Esto se comenzó a observar ya desde 2019 y 2020. Las organizaciones criminales que se dedican a estos delitos han incrementado el uso de la violencia, sobre todo contra quienes no se ajustan a los parámetros que ellos van fijando”, comenta la jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas, subprefecta Elena Hidalgo.

¿Por qué ambos delitos se analizan en conjunto? Porque si bien se trata de delitos distintos, en el último tiempo se ha visto que lo que empieza como un ilícito de tráfico de migrantes, deriva en una trata de persona con fines de explotación sexual.

Un trayecto “eterno”

Para ejemplificar los tormentos que enfrentan las víctimas, Hidalgo relata que en el trayecto que siguen las víctimas para llegar a territorio nacional, son constantemente hostigadas. Se trata de un recorrido que hacen por tierra y que en el caso de quienes viajan desde Venezuela, tarda alrededor de 11 días.

“Salen desde Cúcuta, pasan por Colombia, luego se dirigen a Ipiales, en Ecuador, para seguir por Perú, concretamente hasta Desaguadero, desde donde siguen su viaje hasta Pisiga, en Bolivia. A Chile ingresan por Colchane. Pero eso nunca se les dice, a las víctimas no se les da cuenta de que el traslado será así, son engañadas y hay una falsa promesa de conseguir un mejor futuro”, manifiesta la subprefecta.

La detective expone, en el mismo sentido, que las personas “son sometidas por parte de los denominados trocheros o burreros, a un cansancio físico, a pocas horas de descanso, escasa alimentación, y en la mayoría de los casos, cuando hablamos del tráfico ilícito de migrantes, se les promete un servicio de traslado regular a través de medios de transporte legalizados, con ingresos regulares al país, pero cuando ya han pagado, se encuentran con una realidad que es sumamente diferente”.

La detective también hace presente que con miras a evitar que denuncien, constantemente se les advierte a las víctimas que si llegan a tomar contacto con policías o la Fiscalía, se podría afectar a sus familias, pues habitualmente los sujetos que cometen estos delitos se quedan con contactos de los entornos de cada una de ellas.

Vulnerabilidad extrema

De los casos de trata de personas detectados por la PDI, la mayoría está relacionado con la explotación sexual de las víctimas, principalmente mujeres. Entre 2023 y el primer semestre de 2025 se registran 144 casos de esa índole.

Muchas de ellas son engañadas, se les dice que vendrán a Chile para trabajar como modelos, cuidar niños o cualquier otro trabajo formal. Sin embargo, al llegar al país se encuentran con una realidad diametralmente diferente. Por lo demás, a la mayoría se les cobra por el lugar en el deberán trabajar, por la ropa, y en escasas oportunidades se les clarifica en qué moneda está pactada su deuda, con lo que se les hace muchísimo más difícil “lograr su libertad”.

Dada la vulnerabilidad que viven en sus países de origen, eso sí, se ha detectado que muchas de las víctimas no se perciben a sí mismas como tales, según explica Vania Saavedra, psicóloga del Instituto de Criminología de la PDI, quien también menciona que en el último tiempo han observado que a varias se les expone a drogas de sumisión.

“En el caso de víctimas de trata con fines de explotación sexual, donde vemos involucradas a niñas o adolescentes, ellas no disponen de recursos cognitivos en ese rango etario para dilucidar que están involucradas en un acto delictivo. Y por otra parte, cuentan con múltiples factores de vulnerabilidad de los cuales los imputados se aprovechan. Vienen de un contexto de desarraigo, no tienen redes, no disponen de vínculos seguros con sus familias de origen, vienen de un contexto sociodemográfico y económico también vulnerable, entonces es mucho más posible que se vean involucradas en este tipo de fenómeno”, comenta la profesional, explicando, además, que esto supone grandes desafíos a la hora de indagar los casos y que los peritos puedan acercarse a ellas.

En términos generales, Saavedra asegura que las víctimas de estos delitos presentan daños irreparables, dado “el quiebre vital al que son sometidas y que afecta directamente su dignidad”.

“Muchas veces este fenómeno es detectado cuando ya la víctima ha participado en distintas instancias del delito, cuando ha sido expuesta además a polivictimizaciones, es decir, a otro tipo de malos tratos, daño físico, privación de alimentación, maltrato psicológico, además de la dinámica de la transgresión sexual”, agrega la profesional.