Esta noche, el esposo de la jueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entregó en dependencias del 0S7 de Carabineros, luego de que se emitiera una orden de detención en su contra en el marco de la indagación por cohecho y lavado de activos que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Por esta causa también está detenido el abogado Eduardo Lagos, quienes ya se encuentran en poder de la policía uniformada. Asimismo, también hay una orden de detención pendiente en contra del jurista Mario Vargas.

Esta jornada, por decisión del 7° Juzgado de Garantía, el OS-7 de Carabineros ejecutó una serie órdenes de entrada y registro en los domicilios de Gonzalo Migueles, pareja de la exmagistrada, y en las casas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, donde se logró una serie de incautaciones.

Con todo, Migueles llegó acompañado por su abogado hasta el OS-7 y según consigna T13, a su llegada al cuartel fue abordado por la prensa.

“No sé porque es reservado. No tengo idea de eso”, dijo respecto a la investigación en su contra y en especial al círculo de Vivanco, por los eventuales delitos por tráfico de influencias, negociación incompatible y lavado de activos.

De acuerdo con antecedentes de la indagatoria, Migueles es indagado por eventuales gestiones vinculadas con nombramientos judiciales y de conservadores de bienes raíces, y por presuntos pagos indebidos que podrían constituir el eventual delito de lavado de activos, en el marco del caso conocido popularmente como “la muñeca Bielorrusa”.

La trama

Los abogados Vargas y Lagos también son pesquisados por sus roles en designaciones judiciales. Además por lo que se ha conocido como la trama bielorrusa y que tiene que ver con una causa que llevaron los abogados del estudio de Mario Vargas cuando representaron a la empresa Belaz Movitec SpA.

Se trata de un consorcio internacional chileno-bielorruso conformado por las empresas chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia. Este consorcio participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

El consorcio recurrió contra Codelco, en un caso que terminó ganando y que fue tramitado por el estudio de Vargas. La acción constitucional fue vista en la misma sala que integraba y que alcanzó a presidir en varias ocasiones la exministra Vivanco.

El Ministerio Público lleva meses cercando al entorno de la exsuprema. No solo ha realizado estas incautaciones y órdenes de detención sino que hace algunas semanas atrás también allanó los conservadores de Chillán, a cargo de Yamil Najle y de Puente Alto a cargo de Sergio Yáber. Ambos, también cercanos al grupo de Vivanco, Migueles y Vargas.

Según ha explicado Migueles, él realizaba labores remuneradas tanto para Yáber como para Najle, lo que explicaría los depósitos que habría en su cuenta corriente de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores. Sin embargo, a juicio del OS7 de Carabineros, esos movimientos bancarios podrían constituir lavado de activos.