Hasta las oficinas de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) llegaron la tarde de este martes algunos de los alcaldes de las comunas de la Región Metropolitana más afectadas por la iniciativa del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores. Coordinados por el líder de la AMUCH y alcalde de La Reina -una de las zonas más afectadas- José Manuel Palacios (UDI), acudieron la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (ind.); de Vitacura, Camila Merino (Evópoli); de Providencia, Jaime Bellolio (UDI); de Lo Barnechea Felipe Alessandri (RN) y de Colina, Isabel Molina (UDI).

La idea era intentar coordinar una postura común para una nueva cita con el Ministerio de Hacienda, la que tendrá lugar este jueves en Teatinos 120, la que se espera cuente con la participación del ministro Jorge Quiroz.

Hasta el minuto las relaciones han estado marcadas por la tensión debido a la idea del Ejecutivo de que los mayores de 65 años no paguen el impuesto territorial. En la práctica ello implicará menores ingresos para los municipios, pues se dejarán de recaudar US$ 200 millones. Y si bien se repondrán los US$ 130 millones del Fondo Común Municipal (FCM) -glosa de platas que las comunas de mayores ingresos traspasan a las más vulnerables- hay unos US$ 70 millones que se dejarán de recaudar.

La Tercera dio a conocer este sábado que en el caso de comunas del sector oriente como Lo Barnechea, Las Condes y La Reina ello implica hasta un 8% del presupuesto anual. Y si bien Hacienda ha sido inflexible y ha insistido en que no se repondrán esas platas, los alcaldes llegaron a una especie de acuerdo no escrito en la reunión del martes, lo que desde ya anuncia un nuevo foco de conflicto: exigirán a La Moneda que se devuelva el 100% de esos US$ 70 millones y que sea el Ejecutivo el que defina la forma de hacerlo.

De todas maneras, los alcaldes ya definieron que si bien se manifestarán de acuerdo con la idea de eximir de las contribuciones a los adultos mayores, se les debe compensar. Así, en la reunión de este martes los alcaldes trabajaron un documento con la serie de propuestas que le harán llegar a La Moneda. Allí se plantean medidas que van más allá de las contribuciones y que implicarían más ingresos para los municipios, como por ejemplo cobrar impuestos a los privados que desarrollen eventos masivos en las comunas.

Sin embargo, en la reunión no se alcanzó total consenso respecto de las propuestas, por lo que todavía no hay un acuerdo formal. En ese sentido, por ahora impera la idea de plantearle al gobierno que Palacio vea la vía de compensación de esos US$ 70 millones, aunque los alcaldes dicen que en la práctica todos los caminos llevan a lo mismo. Por ejemplo, una idea es que se les exima del IVA a algunos municipios, pero eso implicaría menor recaudación al Estado, por lo que sería lo mismo que finalmente el Ejecutivo inyecte más recursos a los municipios.

El líder de la AMUCH, el alcalde Palacios, dice que “esta es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Todo decanta en lo mismo, que es por parte del gobierno central. El aporte del Fondo Común Municipal también tendría que ser compensado por el gobierno central así como ya se comprometió. Nosotros hemos dado distintas líneas. La idea es que el gobierno nos diga cuál es la que más le acomoda“.

A largo plazo los alcaldes quieren poner sobre la mesa un mecanismo de cambio de impuesto territorial por otra medida. Por ejemplo, se quiere plantear que este impuesto en vez de cobrarse trimestralmente se aplique una sola vez y aplicado a la venta de viviendas.

La alcaldesa San Martín señala que “estamos absolutamente de acuerdo en que tiene que haber una exención para las personas mayores de 65 años, pero también creemos que una conversación no tiene por qué ir ligada a la otra. El gobierno y el Estado debe garantizar recursos para los municipios. Por lo tanto, estamos conversando para llevarle una propuesta al gobierno para establecer que nos parece correcta la exención y necesitamos que el Estado, de manera permanente, garantice los recursos que se van a dejar de percibir“.

Desde Lo Barnechea, Alessandri asevera que “los alcaldes de la AMUCH sostuvimos una reunión de trabajo para evaluar el impacto que tendría esta medida en las finanzas municipales y definir una posición común de cara a la reunión que sostendremos mañana con el ministro Quiroz y su equipo. Durante esta jornada seguiremos trabajando una propuesta que permita compatibilizar el alivio que necesitan muchos adultos mayores con la estabilidad financiera de los municipios. En Lo Barnechea, la exención de contribuciones para adultos mayores podría significar una disminución superior a los 8 mil millones de pesos anuales”.

En tanto, el jefe comunal de Providencia, el alcalde Bellolio, expone que “todos los alcaldes estamos de acuerdo que hay que avanzar en el beneficio de la exención de las contribuciones a las personas mayores, pero no a costa de reducir los recursos municipales. No solo se debe compensar el Fondo Común Municipal, sino que también a las comunas que van a ver afectados sus presupuestos. También estamos de acuerdo en que debe ser una política focalizada que, por ejemplo, no se aplique a las casas que sobrepasen cierto valor y que significan 25% total de los ingresos por contribuciones”.

La propuesta de alcaldes

La Tercera accedió al borrador inicial de las propuestas que se abordaron en la reunión -en colaboración con Amuch, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR)- aunque éste podría cambiar.

El escrito parte diciendo que la iniciativa de las asociaciones busca “garantizar por ley una compensación íntegra, permanente y cuantificada de toda exención del impuesto territorial que afecte a los municipios o al FCM. Segundo, fortalecer los ingresos propios municipales con nuevas fuentes y con un diseño que premie el esfuerzo recaudatorio".

Luego se plantean principios de compensación al FCM: principio de compensación íntegra, aporte fiscal compensatorio al FCM -de “carácter permanente”- la determinación y certificación por el Servicio de Impuestos Internos de “el monto teórico del impuesto territorial dejado de recaudar en el año anterior por efecto de cada beneficio, agregado por comuna”.

Después de explicita el principio de provisión presupuestaria garantizada -de carácter de “gasto obligatorio”- y el principio de distribución por el que la Tesorería distribuirá de manera que “reciban exactamente la proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir”.

Por último, se detalla el principio de cláusula de salvaguarda -que los municipios no reciban ingresos inferiores a los que habrían recibido previamente- y el de transparencia, para que la Tesorería y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo publiquen en la web los montos de compensación.

Respecto de los ingresos de compensación se plantea una “recuperación estatal de plusvalías a las transferencias onerosas de bienes raíces. Establécese un impuesto de beneficio municipal que gravará las transferencias onerosas de bienes raíces con una tasa del 3% del precio o valor transaccional, con ocasión de la inscripción del título”.

Otra medida apunta a los eventos masivos: “Derecho municipal a los espectáculos masivos. Los espectáculos y eventos masivos con venta de entradas pagarán un derecho municipal equivalente al 5% del valor de las entradas, recaudado en la boletería o plataforma de venta. Una fracción de su producto se integrará al Fondo Común Municipal con fines redistributivos”.

También una iniciativa apunta a “gravamen a entidades exentas que desarrollan actividades lucrativas. Las personas o entidades propietarias de inmuebles exentos del impuesto territorial que desarrollen en ellos, directa o indirectamente, actividades generadoras de rentas, quedarán afectas a un tributo de beneficio municipal indexado a dichas utilidades”.

Otra medida tiene relación con autorizar a las municipalidades, “individualmente o asociadas, a participar en proyectos de infraestructura de retorno mediante asociaciones públicoprivadas” y otra medida propone “facúltase a las municipalidades para emitir certificados o bonos vinculados a proyectos de economía circular y eficiencia ambiental, con los incentivos tributarios que la ley establezca”.

También se sugiere permitir a municipalidades, asociaciones y corporaciones cobrar por talleres y otras actividades de capacitación. Otra medida plantea una compensación fiscal del Impuesto al Valor Agregado municipal: “Las municipalidades tendrán derecho a recuperar el impuesto al valor agregado recargado en las facturas que den cuenta de la adquisición de bienes o la contratación de servicios destinados directamente al cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales, a la prestación de servicios a la comunidad”.

Una última medida sugiere “cobro de los derechos de aseo municipal por el Servicio de Tesorerías. El cobro de los derechos de aseo municipal, se realizará directamente por el Servicio de Tesorerías la que estará facultada para realizar la recaudación y cobrar administrativa y judicialmente estos ingresos municipales”.