A toda marcha continúa la negociación entre los alcaldes y el gobierno por el artículo sobre la eximición de contribuciones que está incluido dentro de la megarreforma del Ejecutivo. La Moneda busca liberar del pago a los contribuyentes mayores de 65 años y los municipios han alegado que ello impactará en una menor recaudación para las comunas.

Esta administración ha dicho que ello significará menores ingresos por US$ 200 millones, pero que la glosa solidaria destinada para el Fondo Común Municipal (FCM) por unos US$ 130 millones serán repuestos. Los US$ 70 millones restantes se dejarán de recaudar, según ha insistido el Ejecutivo.

Durante el jueves de la semana pasada desde Palacio se comenzó a transparentar cuánto impactará concretamente a cada municipio. A comunas como Las Condes, por ejemplo, le significará unos $13 mil millones menos al año, equivalentes al 5,4% de su presupuesto.

De ahí que las tres asociaciones de alcaldes -la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), presididas redpectivamente por Gustavo Alessandri (ind.-RN), José Manuel Palacios (UDI) y Rodrigo Contreras (UDI)- se volvieron a reunir el viernes de la semana pasada para redactar una propuesta de consenso que le entregaron a las entidades del Ejecutivo a cargo del tema: el Ministerio de Hacienda de Jorge Quiroz y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) de Sebastián Figueroa.

Como parte de esa negociación para esta semana se convocaron reuniones al respecto. Por ejemplo, este jueves habrá una nueva cita en Hacienda, pero esta vez con alcaldes de las comunas más afectadas por las contribuciones. En un video difundido en el Encuentro Nacional de Alcaldes, la semana pasada el ministro Quiroz sostuvo que la medida afectará a “las 12 comunas más ricas”. En ese lote La Tercera dio cuenta que hay comunas como Vitacura, La Reina, Providencia, Lo Barnechea y Ñuñoa que el dinero de menos implica hasta un 8% de sus presupuestos.

De ahí que en la cita en Teatinos 120 se espera que los alcaldes continúen buscando el consenso de la redacción en común que les ofreció el gobierno para aplacar -en algo- su descontento. Hasta el minuto, lo que esperan las autoridades comunales es que quede clara la compensación al FCM como parte de un articulado de la ley y que haya un monto fijo, de modo de no sujetar la tramitación a la Ley de Presupuesto de cada año. Hasta el minuto uno de los nudos de esa discusión técnica era si el monto quedaba fijado en UTM o en UF.

Para este martes, en tanto, la AMUCH convocó a una reunión con alcaldes de las comunas más afectadas para seguir consensuando la redacción que enviarán al Ejecutivo.

Según conocedores del contenido de la propuesta, esta va más allá del tema de las contribuciones. Por ejemplo, respecto del impuesto territorial la propuesta contiene la importancia de que fuera compensatorio y de carácter permanente. También se aborda una propuesta de que fuera el Servicio de Impuestos Internos el que determinara el monto del tributo que dejará de recaudar cada comuna, en base al año anterior. Se plantea también que cada zona y municipio reciban exactamente la misma cantidad de dinero o proporción que recibían antes, y que la Ley de Presupuestos garantice los recursos necesarios.

Con todo, las propuestas van más allá de temas territoriales y plantean nuevas fuentes de ingresos, entre ellas un derecho municipal a los espectáculos a través de un cobro del 5% del valor de las entradas, y que parte de esos dineros fueran al Fondo Común Municipal.

Se plantea asimismo que las asociaciones, municipios y corporaciones puedan cobrar por servicios por los que antes no, como seminarios y talleres. También se ve la idea de que los municipios y alianzas público y privadas puedan participar en proyectos de infraestructura para llevar dinero a los municipios, y que puedan emitir bonos vinculados a proyectos de economía circular y eficiencia ambiental. Otra medida es el cobro de aseo municipal por servicios de tesorería, un fondo de compensación para gravámenes energéticos y beneficios sobre el cobro del IVA por servicios que beneficien a la comunidad.

Crece la tensión

Pese a que continuarán las negociaciones y los diálogos, el ambiente se tensionó aún más luego que los alcaldes discreparan con las cifras que desde el gobierno les han informado como afectación por el dinero que cada comuna dejaría de recaudar por concepto de contribuciones. Un caso emblemático es el de Providencia, donde la Subdere cuantificó en cerca de $3 mil millones el costo para la comuna, mientras que el alcalde Jaime Bellolio dice que es el doble: $6 mil millones.

La diferencia se da en varias otras comunas, como Huechuraba y Santiago entre ellas. De ahí que los alcaldes pidieron transparentar la metodología que el gobierno está usando. Desde La Moneda les han dicho que en ocasiones los números difieren pues el Ejecutivo -a diferencia de los alcaldes- sí tiene identificada la “vivienda principal” de los mayores de 65 años, que es la que estaría eximida de contribuciones, mientras que las comunas sólo tienen el número de viviendas con propietarios de más de 65 años, independiente de si es la principal.

Pese a las explicaciones, la relación está en extremo tensa, recordando que no es sólo por este tema: el cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en el marco de la reconstrucción nacional acuñada por el gobierno, tiene intranquilos a los alcaldes, que han alertado podría conllevar a la creación de más guetos verticales. Parte de esa tensión se dejó ver en el encuentro de alcaldes de la semana pasada en Coquimbo, cuando la llegada del Presidente José Antonio Kast implicó recibir gritos de parte de algunas autoridades comunales.