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Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres con orden de expulsión y 90 controles de identidad

El operativo, correspondiente a la primera de cuatro etapas, contempló el desalojo de 220 viviendas levantadas en un terreno contaminado con polimetales.

Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres personas con orden de expulsión y 90 controles de identidad

La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, en conjunto de más de 100 funcionarios de la Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), lideró la primera etapa del desalojo y la demolición de estructuras en la toma de Cerro Chuño en la ciudad de Arica durante este sábado.

El operativo, en el que también participó el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Municipalidad de Arica y diversos servicios públicos, desalojó 220 viviendas contempladas en la primera etapa de cuatro del proceso de recuperación de Cerro Chuño.

La intervención permitió restituir al Serviu un área de 2,6 hectáreas contaminada por polimetales. De acuerdo con el Ejecutivo, el sector se había transformado en uno de los principales focos regionales de deterioro urbano, delincuencia, inmigración irregular y riesgo sanitario.

El operativo fue supervisado en terreno por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y coordinado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Además, contempló un plan de acompañamiento social dirigido especialmente a las familias y personas en situación de mayor vulnerabilidad.

“La cultura del orden en nuestro país llegó para quedarse bajo nuestra administración”, sostuvo Pavez, quien afirmó que la situación de Cerro Chuño representa “un dolor para la ciudad de Arica” asociado al desorden sanitario, la inseguridad y la inmigración irregular.

Un detenido y controles migratorios

Durante el procedimiento, una persona fue detenida por infracción a la Ley 20.000, luego de ser sorprendida con pequeñas cantidades de droga.

Asimismo, se realizaron 90 controles de identidad y cerca de 12 personas fueron notificadas por infracciones a la legislación migratoria. Otras tres mantenían órdenes de expulsión, situación que también les fue informada durante el operativo.

Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres con orden de expulsión y 90 controles de identidad

El delegado presidencial regional, Cristián Sayes, destacó que el procedimiento fue planificado durante varios meses para resguardar la seguridad de quienes participaron y proteger a las personas que requerían asistencia estatal.

“Hoy damos cumplimiento a un compromiso asumido con la región y avanzamos en una intervención que durante muchos años fue postergada”, señaló.

La autoridad agregó que, una vez terminado el desalojo, comenzará una nueva etapa que considera el cierre del sector y el inicio de las obras de demolición.

Pavez destaca ausencia de incidentes violentos

El subsecretario del Interior sostuvo que la intervención busca proteger la vida y la salud de quienes permanecían en un terreno contaminado con plomo y arsénico. Además, aseguró que el sector había sido utilizado por organizaciones criminales para delitos vinculados al tráfico de drogas, el acopio de armas, casas de tortura y entierros clandestinos.

“Hoy el Estado en su plenitud vuelve a entrar en Cerro Chuño”, afirmó Pavez, quien destacó que durante la primera parte del procedimiento no se registraron episodios de violencia.

Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres con orden de expulsión y 90 controles de identidad

La autoridad explicó que la planificación incluyó un catastro previo de las familias y medidas especiales para resguardar a niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. También adelantó que el Gobierno continuará con las siguientes etapas de la intervención en Cerro Chuño.

Pavez vinculó el operativo con otros procesos de recuperación territorial impulsados por el Ejecutivo en San Antonio, Región de Valparaíso, y en La Chimba, Región de Antofagasta. Según indicó, las acciones continuarán en sectores ocupados ilegalmente cuando exista una orden judicial o administrativa que permita recuperar terrenos públicos o privados.

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