La bancada de diputados de la UDI presentó este sábado la denominada “Agenda Mártires de Chile”, un paquete de iniciativas que busca crear un estatuto especial de protección para las familias de funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) fallecidos en actos de servicio durante procedimientos policiales.

La propuesta surge, según el documento elaborado por los parlamentarios, ante el aumento de hechos de violencia contra efectivos policiales y la ausencia de un régimen especial que entregue apoyo permanente a sus familias, más allá de los beneficios previsionales actualmente vigentes.

Entre las principales medidas, la iniciativa plantea modificar el sistema previsional para que la pensión de montepío se calcule sobre el grado que el funcionario habría alcanzado al finalizar su carrera, además de eliminar restricciones para acceder a este beneficio y equiparar las pensiones de los distintos beneficiarios.

En materia de educación, propone que el Estado financie el 100% de los estudios de los hijos, desde la educación prebásica hasta la obtención de un título técnico o profesional, sin considerar el nivel socioeconómico. Asimismo, contempla becas para estudios de postgrado, recursos para útiles escolares, uniformes y transporte, además de cupos preferentes en establecimientos de excelencia.

La agenda también incorpora un aumento del seguro de vida hasta 10.000 UF, junto con un anticipo equivalente al 10% de ese monto, pagadero dentro de las 48 horas posteriores al fallecimiento para cubrir gastos inmediatos.

En el ámbito habitacional, los diputados proponen que el Estado adquiera una vivienda de hasta 4.500 UF para las familias que no sean propietarias, además de condonar los saldos de créditos hipotecarios vigentes y establecer una exención permanente del pago de contribuciones de bienes raíces.

El documento también considera apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial sin límite de tiempo para cónyuges, convivientes civiles, hijos, padres y hermanos dependientes, así como programas de reinserción laboral y la asignación de un abogado financiado por el Estado para representar a las familias en los procesos judiciales derivados del fallecimiento del funcionario. Además, propone un subsidio especial de inserción laboral para los hijos de los efectivos policiales.