Hace meses que el gobierno había anunciado que su plan era presentar un ambicioso proyecto para elevar el sueldo de Carabineros, dar bonos a quienes ejercen funciones en zonas de riesgo y mejorar las condiciones para que más jóvenes ingresen a la Escuela de Carabineros.

La primera que lo puso sobre la mesa fue la exministra de Seguridad Trinidad Steinert. Esa idea fue trabajada con especial interés por el exsubsecretario de Seguridad Andrés Jouannet.

Luego de que ambos fueran desvinculados del gobierno, la posta la tomó el ministro Martín Arrau (Republicano). Así, tras semanas de trabajo junto a los equipos del Ministerio de Hacienda, finalmente el Ejecutivo mostró las cartas de cómo pretende atraer más personas a Carabineros para revertir la tendencia a la baja en la dotación policial.

El asunto es urgente. El gobierno sabe que la situación es crítica ya que así lo muestran las cifras. La estimación del Ejecutivo es que por año se pierden mil uniformados. Si en 2020 había 43.941 funcionarios, la cifra llegó a 38.134 en 2025. La proyección es aún más devastadora. De no haber un cambio en la tendencia, al 2030 el Ejecutivo proyecta que en las calles solo habrá 34 mil suboficiales.

Por eso Arrau pondrá todas sus fichas en las indicaciones que van a presentar a un mensaje ingresado al Senado en mayo de 2025 por el expresidente Gabriel Boric y el exministro de Seguridad Luis Cordero.

El objetivo de las enmiendas del Ejecutivo apuntan a “mejorar las condiciones desde el primer día en la Escuela de Formación hasta el retiro, compensar más a quien sirve donde más se necesita, aumentar la dotación de carabineros en la calle y equipar a los funcionarios para protegerse y proteger”.

El primer pilar de las indicaciones apunta a la puerta de entrada, es decir, los jóvenes que ingresan para formarse como futuros carabineros. El diagnóstico que tiene el gobierno es que uno de cada cinco alumnos abandona la formación, y la mayoría no lo hace por falta de vocación, sino porque no puede costearla.

Por eso las indicaciones del Ejecutivo pretenden eliminar “esa barrera para que ningún joven con vocación de servicio quede fuera por razones económicas, y escalaría la capacidad de egreso desde 963 carabineros en 2026 a 1.550 en 2027 y 2.300 en 2028. La meta es reducir la deserción en formación desde 22% a 15%”.

Para eso se busca triplicar el estipendio del alumno. Las enmiendas consideran un aumento de $70.271 a $246.285 líquidos mensuales. El Estado además asumirá el 100% del internado y financiará los exámenes médicos de admisión que rondean los $500.000.

También se permitirá el nombramiento anticipado, para que la persona que apruebe el tercer semestre, pueda ser nombrado carabinero al iniciar el cuarto semestre y así hacer su práctica con una remuneración cercana a los $700 mil.

El segundo pilar tiene que ver con hacer que los carabineros sientan que “vale la pena quedarse” y servir “donde más se necesita”. El gobierno está consciente de que servir en una comuna de alto riesgo tiene una remuneración prácticamente igual que cumplir funciones en un territorio tranquilo. Por eso las indicaciones apuntan a que “el nivel de riesgo se traducirá en una remuneración justa”. La idea es que “a mayor exposición, haya mayor respaldo económico del Estado”.

Para lograrlo la se quiere cambiar la Gratificación Especial de Riesgo. Esto actualmente tiene un tope del 20% y el Ejecutivo quiere elevar su tope hasta 100% del sueldo en posesión y eliminar la incompatibilidad que hoy deja fuera al personal graduado.

Además las indicaciones van a crear “la Asignación por Eficiencia Institucional del 10% del sueldo base, trimestral, ligada a metas de gestión, y una Gratificación de Criticidad de hasta 30% para funciones estratégicas”.

Además la extensión de la carrera se amplía de 30 a 35 años para el retiro voluntario y el derecho a pensión de retiro se alcanzará a los 23 años de servicio efectivo. Todo esto solo tendrá efecto en los futuros ingresos ya que el personal actual mantiene íntegras sus condiciones.

El tercer pilar está catalogado como “devolver a la calle a quien hoy está en el cuartel”. Para eso hay indicaciones que habilitan la contratación de personal civil para funciones administrativas y de notificación. Así La Moneda pretende reemplazar cerca de 1.000 puestos que hoy cumplen carabineros. Si a eso se le suma la reorganización interna, el Ejecutivo estima que alrededor de 1.148 funcionarios volverán al patrullaje, la fiscalización y la respuesta ante procedimientos.

El cuarto pilar apunta a “equipar a quien protege”. Esto profundiza la línea que inició Boric de dotar a Carabineros de herramientas para su labor. El gobierno pasado ya lo hizo, por ejemplo, con una fuerte renovación de sus vehículas.

Ahora el gobierno quiere impulsar la adquisición de equipamiento para una demanda de 23.450 carabineros en labores operativas. Para eso quieren comprar más de 20.000 chalecos antibalas nivel III-A modular para cubrir déficit, reposición y obsolescencia, más de 4.300 cámaras corporales para personal de Control de Orden Público y unidades especializadas y 17.758 teléfonos con CAD Móvil.

El último pilar está vinculado con controlar y gestionar el despliegue. Con esto se busca terminar con el papeleo a través de la digitalización de los procedimientos en terreno a través del CAD Móvil. Así todo queda registrado de inmediato y georreferenciado, y además el mando tiene control con información en tiempo real.

Para todo esto el gobierno compromete una inversión anual permanente de $100.394 millones. Adicionalmente, el paquete de inversión en equipamiento asciende a $111.783 millones en el periodo 2027-2031.