El Departamento de Estado norteamericano abrió una ofensiva diplomática y económica para dejar sin capacidad de operación a la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza una campaña que contempla sanciones, revocación de visados y presión sobre los 125 países firmantes del Estatuto de Roma -el instrumento que da origen a la CPI- para que se retiren del organismo que persigue el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el delito de agresión.

El anuncio se formalizó en un comunicado del Departamento de Estado que describió a la CPI como una “amenaza para la soberanía estadounidense” y prometió inhabilitar de forma sistemática la capacidad del tribunal de operar y de perseguir a militares o funcionarios de Estados Unidos.

El mismo comunicado detalla las medidas que están bajo consideración para ser aplicadas. Entre ellas, aparecen llamadas diplomáticas para instar a otras naciones a retirarse de la CPI, presión sobre los países que dependen de la asistencia o la protección militar de Washington, la revocación de visados para el personal del tribunal y un aumento de las sanciones contra la CPI y organizaciones asociadas a ella.

Rubio expuso el objetivo de la campaña en un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal. “Esto es solo el comienzo. Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo si es necesario”, escribió el secretario de Estado.

Además, consultado por la agencia Reuters, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que dentro de la CPI hay “lunáticos y desquiciados”, y que era imposible que algún funcionario político o militar estadounidense fuera juzgado, ya que el país no es parte del tratado que da origen al tribunal internacional.

Impunidad y soberanía

El argumento que esgrimió Rubio se apoya en la supremacía de sus tribunales por sobre una instancia internacional. “Estados Unidos nunca aceptó un tribunal mundial que pudiera prevalecer sobre nuestras propias cortes y la Constitución”, escribió el secretario de Estado. Así, Washington acusa a la CPI de atribuirse la autoridad de procesar a militares y funcionarios estadounidenses, una jurisdicción que todos los presidentes estadounidenses -desde la ratificación del Estatuto de Roma- han rechazado.

Juristas consultados por El País ven en la campaña un intento de blindar a Estados Unidos frente a su política exterior. El exfuncionario de la CPI, Asier Garrido Muñoz -consultado por el diario español-, sostiene que “la propaganda (de Marco Rubio) no se fundamenta en la coherencia de los argumentos sino en el poder”, y contrasta lo que Washington reprocha al tribunal con lo que ejecuta de forma unilateral, como la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para juzgarlo en Estados Unidos. La censura estadounidense, agrega Garrido, se apoya “en la falacia de que solo un juez nacional puede juzgar a un ciudadano propio”.

El abogado estadounidense Reed Brody, especializado en crímenes de guerra, se refirió a la intención de Washington de poder actuar sin ser perseguido por ello. “Que nadie se engañe. No se trata de defender su soberanía, se trata de impunidad”, afirma.

A juicio de Brody, la campaña de Rubio funciona como “una póliza de seguro” para evitar en el futuro “la rendición de cuentas por crímenes que la administración Trump está cometiendo a plena luz del día”, y añade que “sancionar a jueces y fiscales por hacer su trabajo es, en sí mismo, obstrucción a la Justicia”.

La CPI, que entró en funciones en 2002, es la única institución permanente que juzga crímenes de lesa humanidad y de guerra. Actúa solo cuando un Estado no puede o no quiere hacerlo y está facultada para perseguir a ciudadanos de países ajenos al tribunal cuando delinquen en el territorio de un Estado miembro. Esa competencia territorial explica la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de cometer genocidio en Gaza, ya que Palestina integra el tribunal desde 2015, y la dictada contra el mandatario ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños ucranios.

A las recientes presiones se suman las sanciones que Washington aplicó en 2025 a 11 juristas del tribunal, entre ellos ocho de sus 18 jueces y sus tres fiscales, unas medidas que les impiden llevar una vida normal y alcanzan a quienes colaboren con ellos.

Resistencia de la CPI

Pese a la presión estadounidense contra el tribunal y sus integrantes, actualmente la corte sigue operando en La Haya. Recientemente, los jueces confirmaron por unanimidad 17 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad contra el libio Khaled Mohamed Ali El Hishri, y para noviembre se espera la apertura del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, según El País.

La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, respondió a la ofensiva el 17 de julio, durante la celebración del Día de la Justicia Penal Internacional. Recordó que la institución se creó “para acabar con la impunidad de los autores de los peores delitos” y subrayó que la búsqueda de la justicia “es una responsabilidad compartida”.

Al cierre de su alocución aseguró que “la CPI se mantiene firme en su misión de hacer justicia a las víctimas de los mayores crímenes, incluso en los momentos más difíciles”.

Brody atribuye la arremetida de Rubio a la persecución de aliados de Washington por parte de la CPI. “Hasta 2024, la CPI persiguió casi exclusivamente a africanos y enemigos de Occidente, como el presidente ruso, Vladimir Putin. Y Occidente aplaudió”, asegura. “Cuando se aplicó la misma ley a un aliado de Estados Unidos (en referencia a Netanyahu) Washington decidió estrangular al tribunal”, sostiene. Al tribunal, concluye, “no se le castiga por sus fracasos sino por su imparcialidad”.

Por su parte, frente a la promesa del secretario de Estado de desmontar el tribunal “ladrillo a ladrillo”, el exfuncionario Garrido Muñoz respondió que “afortunadamente, el edificio es de cemento, metal y cristal”.

Pero el futuro de la institución depende del compromiso de los países que la sostienen económicamente, apuntó El País. El año pasado, Níger, Malí y Burkina Faso, iniciaron el procedimiento para retirarse del Estatuto de Roma, y algunos gobiernos podrían reducir sus aportes al presupuesto.