Hace 18 meses, en octubre de 2024, el Ministerio Público tomó la decisión de indagar el fenómeno del tráfico de armas de manera ampliada. Ya no analizando hechos particulares, sino que poniendo foco en las eventuales redes nacionales que podrían estar detrás de la comercialización de estos letales implementos.

En marzo de 2023, efectivos de la PDI detuvieron a cuatro sujetos por dicho ilícito e incautaron dos impresoras 3D con las que los imputados producían piezas para confeccionar armas que luego adaptaban. “Armero 3D” fue el nombre de esa operación.

Pero en los meses venideros el asunto se acrecentó. Funcionarios de análisis criminal notaron que en redes sociales aumentaba la comercialización de estas armas. Y en paralelo, a través de distintos allanamientos, comenzaron a aparecer pistolas elaboradas a partir de materiales plásticos en filamento o resina.

Todo ello dio luces de que había un mercado extenso que debían atacar, por lo que los detectives entregaron los insumos a la Fiscalía. Así, en el marco del foco penitenciario que mantiene la Fiscalía Regional Occidente, encabezada por el fiscal regional Marcos Pastén, el fiscal Sergio Soto detectó un hilo del cual tirar.

Producto de una incautación de insumos prohibidos en la cárcel Santiago 1, se requisó el celular que mantenía un imputado que era parte de un grupo de mensajería en que se comercializaban armas. Él, desde el interior del penal, intentaba adquirir una de ellas, aunque en realidad terminó dejando en evidencia todo un entramado que habían conformado sujetos que hasta ese momento no habían sido identificados.

Tras el hallazgo, Soto junto a Pastén conformaron un equipo multidisciplinario. Reunieron a efectivos especializados de la PDI, de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), de Cibercrimen y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim). En cuestión de meses detectaron que no sólo había un grupo en que se ofertaban las armas. Hasta ahora contabilizan 14, todos cerrados y encriptados.

Algunos de los grupos de Telegram llevaban el nombre de Portes, El Mercenario, YlasNerfs?, Armas Fogueo Chile, Arms Metales, Certeros de Norte a Sur, Puntuales de Norte a Aur, Juguetes y Fruta y Arm$ Chill. En WhatsApp otras denominaciones: Certeros de Norte a Sur y Gatilleros de Norte a Sur. En total, identificaron alrededor de 1.000 sujetos ligados a ellos.

Con el correr de las semanas, las pesquisas permitieron establecer qué rol jugaban los imputados. Así pudieron individualizar a los administradores de los grupos, los armeros (tradicionales y digitales), los comercializadores, proveedores, facilitadores de nombres y de cuentas, y a los compradores, aunque aún no hay claridad sobre cuántas habrían sido las armas que alcanzaron a comercializar.

Para todo ello fue clave el rol que cumplieron agentes policiales que consiguieron vulnerar los controles dispuestos por los sujetos e infiltrarse en los grupos. Así, además, evidenciaron que para ingresar a esos espacios había que tener un patrocinador y que para adquirir armamento de mayor calibre primero había que comprar uno más básico.

Despejado quiénes y cómo actuaban, la madrugada del 15 de julio la Fiscalía dio el vamos para reventar el caso. Producto de la magnitud, todo se realizó en coordinación con la Fiscalía Supraterritorial, que a partir de junio tomó el control de la indagatoria y ha estado en la formalización de los imputados ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Se materializaron más de 90 órdenes de entrada y registro y se detuvo a 58 imputados, ocho de ellos menores de edad, una exfuncionaria de Carabineros y un exconscripto del Ejército. Asimismo, se identificó a otros siete sujetos ligados a la red que ya se encontraban privados de libertad por delitos previos.

Fuentes que conocen del caso advierten que la mayoría de los imputados son jóvenes, de clase media, con conocimientos tecnológicos y no relacionados con otros ilícitos. Uno de los líderes es menor de edad, “El Antiyuta”, como se hacía llamar. Otros tres menores eran armeros.

Entre los sujetos con antecedentes, figuran algunos con causas anteriores por secuestro, homicidio y otros delitos violentos.

Los juguetes letales

Los investigadores denominaron el caso como Operación 3D, pues parte importante de las 90 armas incautadas durante los procedimientos estaban ensambladas a partir de piezas impresas con polímeros que, por sus condiciones, no permiten trazabilidad.

Son calibre .22 y a pesar de que están hechas a partir de plástico, el cañón y la aguja percutora son metálicos. A diferencia de las armas tradicionales, la munición no queda horadada, o sea, queda sin huella para hacerle seguimiento. Si se encuentran casquillos de bala en un caso de homicidio, por ejemplo, es casi imposible darle seguimiento.

Si bien son monodisparo, los peritos establecieron que se pueden percutar al menos 14 o 15 veces.

Según explicó a La Tercera el fiscal Pastén, en medio de las pruebas de velocidad y trayectoria que se hicieron en Lacrim de la PDI, evidenciaron que si bien las armas 3D tienen un menor alcance que las tradicionales, mantienen igual impacto. Son igual de letales que, por ejemplo, una pistola si se dispara a una corta distancia, aunque su precio es bastante menor.

“A una distancia razonable pueden matar a una persona. De eso no hay duda, pero no hay cómo dar trazabilidad. Son una suerte de armas fantasmas, de ahí uno de los grandes peligros tras este mercado”, comentó el persecutor.

Por lo mismo, Pastén recalcó que necesariamente este caso debe llevar a plantear una discusión en torno a modificaciones a la Ley de Control de Armas y se mostró a favor de la idea que sugirió la diputada Ximena Ossandón (RN) para bloquear el acceso a planos para la impresión de armas 3D: “La situación es muy compleja y los volúmenes de dinero que esto puede movilizar es considerable. Por lo mismo, no sólo hay que discutir qué pasa con las armas 3D adaptadas para disparar, sino que también con aquellas que son simples juguetes, pero que son de tal realismo que sirven para intimidar o ser potencialmente adaptables”.