La jornada de este lunes, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; el jefe nacional Contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay; el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, y el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, entregaron detalles de la denominada Operación 3D, indagación del Ministerio Público que logró la detención de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas.

La estructura, como enfatizó el fiscal Orellana, había extendido sus tentáculos por 12 regiones del país, por lo que el golpe se calificó como muy relevante para la institución. El inicio de las pesquisas, según se precisó, se remonta a 2024 en el marco del Foco Penitenciario que tiene a su cargo la Fiscalía Occidente.

Las sigilosas actuaciones de los investigadores quedaron al descubierto durante la semana pasada, cuando el miércoles 15 de julio se activó un megaoperativo que incluyó allanamientos simultáneos en diversas ciudades. Eso sí, las acciones no se agotaron ese día y continuaron las jornadas posteriores. De hecho, aún hay hebras con procedimientos activos.

Hasta ahora, como pudo recabar este medio, se han materializado 90 órdenes de entrada y registro, y se contabiliza un total de 58 detenidos, ocho de ellos menores de edad. Además, se identificó a otros siete sujetos ligados a esta banda que ya se encontraban privados de libertad.

De los menores de edad, según fuentes consultadas, seis son chilenos, uno es venezolano y uno es colombiano. Respecto de los adultos, sólo dos son extranjeros, oriundos de Venezuela.

Conforme explicitó el fiscal Orellana, entre los implicados se encuentra una funcionaria de Carabineros y también un militar. Ella, según precisó, proveía de información relevante a los imputados a cambio de retribuciones económicas. Conforme establecieron los investigadores, proporcionaba antecedentes sobre quiénes podían entrar o no a los chat donde se vendían las armas. Quien le pagaba los sobornos aún no ha sido detenido, aunque mantiene orden de aprehensión vigente. Por su lado, al funcionario castrense se le vincula a la comercialización de las armas.

Estos dos sujetos fueron formalizados el viernes pasado, inmediatamente después de su detención. La funcionaria, por asociación criminal y cohecho; y el militar, por tráfico ilícito de armas y municiones. Ambos quedaron en prisión preventiva.

Producto del despliegue, se registra un total de 90 armas incautadas, las que eran vendidas por montos entre $ 50 mil y $ 300 mil. Algunas eran armas de fuego convencionales, y otras, cuyas piezas fueron producidas por los imputados con impresoras 3D, que también fueron requisadas en medio de los operativos.

“Lo importante es que acá hay una estructura, con controles, con funciones establecidas. Logramos establecer la vinculación, la coordinación, cómo se fabricaba, cómo se distribuía, cómo se vendía, cómo se manipulaban estos elementos y cómo se obtenían los recursos, y también cómo se ocultaban las procedencias de los mismos”, dijo Cerna al valorar las labores desplegadas.

Las operaciones

Como había adelantado este medio, y según precisaron las autoridades esta jornada, para la comercialización de estos elementos los imputados utilizaban plataformas de mensajería instantánea como Telegram. A través de esa plataforma concretaban las ventas y concertaban los servicios de empresas de courier para la distribución.

“Lo que se avizora en este caso es un fenómeno complejo. La Policía de Investigaciones alcanzó a levantar antecedentes respecto de participación de casi mil personas en estas redes de mensajería encriptada, y abre un espacio de un comercio ilegal, oculto, subrepticio, para acceder a armas de fuego de una manera muy fácil, y eso es un flanco de riesgo para la comunidad, y es por eso que es tan destacable este proceso”, destacó el fiscal Orellana.

El persecutor además hizo presente que evitarán hablar del término de la estructura criminal. “Lo que queda claro, por primera vez, es que existe todo un mercado negro asociado a esta comercialización que está a un botón de distancia, por decirlo de alguna manera, que está a un simple clic en un computador para efectos de recibir cosas tales como una escopeta o un arma semiautomática adaptada por un sistema de delivery o de entrega de carga tradicional, convencional", apuntó.

Considerando que la formalización de todos los implicados aún está en curso, el persecutor precisó que a la mayoría se le formalizará por tráfico de armas de fuego y asociación criminal.

El jefe de la Fiscalía Supraterritorial, además, precisó que en el marco de las pesquisas establecieron que hay “conexiones financieras entre los imputados a lo largo de todo el país”, lo que se pudo constatar gracias a rigurosos análisis patrimoniales.

Por su parte, el fiscal regional Pastén hizo presente que “no cejaremos nosotros desde el foco penitenciario en seguir transmitiendo la información que nos parezca relevante y las investigaciones que nosotros podamos desarrollar también para precisamente terminar o tratar de aminorar el impacto de estos delitos que producen gran lesividad”.