Hace 10 días el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó el cierre de la investigación del caso Convenios que involucra a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo, y presentó acusación en contra de siete imputados. Entre ellos la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda Carlos Contreras.

En esta entrevista el fiscal explica que, respecto de todos ellos, llegaron a la convicción de que se concertaron para defraudar al Fisco y que tienen pruebas para que se les condene en el juicio que está pronto a partir.

Si bien por estos días el persecutor tiene como prioridad preparar todo para el juicio de Democracia Viva, no ha dejado de indagar en otra causa relevante que tiene en sus manos: el caso ProCultura. En esa indagatoria, afirma Castro, está trabajando con rapidez para revisar todos los antecedentes y decretar diligencias para, dice él como deseo personal, formalizar antes de fin de año.

Democracia Viva es la primera gran investigación del caso Convenios que llevarán a juicio. ¿Qué visión pudo hacerse de los delitos que ahí se cometieron?

Que más allá de la fundación en particular, estos no son casos aislados sino que es un fenómeno delictual. No es coincidencia que estas distintas formas de fraude se hayan presentado en un mismo periodo de tiempo, con cierto tipo de proyectos y en algunos casos con fundaciones recién creadas. Hay una modalidad de suscripción de convenios, generalmente, con las mismas entidades públicas.

Si hay un mecanismo, ¿quién pudo estar detrás?

Hoy no tenemos certeza de si alguien elaboró esta forma de defraudar. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer lo necesario para identificarlo.

¿Por qué no se ha logrado zanjar eso en dos años de indagación?

Dos años no es mucho. Solo como ejemplo, hace pocos días reventamos una operación de trata de personas que data de 2023, pero recién pudimos detenerlos. Entonces a veces pareciera que no se comprende la complejidad que tienen estos fenómenos. Pero hoy hay resultados y estamos llevando a juicio oral estas cuatro aristas.

¿Se mantiene entonces una línea investigativa sobre un eventual cabecilla?

Mirando el fenómeno de forma global, es evidente que si esto se repite en distintas partes tiene que haber algo más, pero ese algo más no lo tengo por qué agotar en una arista determinada. A lo mejor no es un cabecilla o articulador, sino que puede ser alguien que simplemente dio la idea.

Estas aristas están esencialmente vinculadas al Ministerio de Vivienda y al programa de Asentamientos Precarios ¿No hay responsabilidades de Carlos Montes o de Verónica Serrano?

No tuvimos antecedentes suficientes como para poder acreditar participación de ellos en estos hechos, si los hubiésemos tenido, por cierto que hubiésemos avanzado sobre ellos. Como se hizo, por ejemplo, con la diputada Catalina Pérez. 

¿Se encontraron con impedimentos o red de protección para indagar a personas que podrían estar más arriba en la toma de decisiones detrás de los convenios?

No puedo hablar de red de protección. Sí nos hubiese gustado, en los momentos iniciales de la investigación, haber tenido más cooperación en general de personas que fueron entrevistadas en calidad de imputados.

El fiscal Cristián Aguilar comunicó la decisión de separar una hebra investigativa respecto de Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Javiera Martínez. ¿En qué situación procesal están ellos?

Era necesario investigarlos por separado, dado el cierre de la investigación principal. Eso significa que se están revisando los antecedentes para realizar nuevas instrucciones a la policía para definir cuál es la situación de ellos. Hoy no se tiene tomada ninguna decisión. Que sean citados como testigos en la causa principal en nada afecta la investigación, por separado, que se inició a su respecto y donde tienen calidad de imputados.

¿Pero se descartó su participación en los delitos que son materia de la acusación?

Al momento de presentarse la acusación respecto de esas personas no habían antecedentes para acusar, si no hubiesen sido previamente formalizados. En esos hechos no logramos acreditar participación de ellos, lo que no significa que pueda haber alguna otra situación en la que puedan estar involucrados o en alguna otra calidad. Lo que nos corresponde es agotar las indagaciones.

Hace unos meses recibió la causa ProCultura. ¿En qué situación está esa arista?

Es un monstruo. Primero tuvimos que hacernos de la carpeta y enterarnos de la cantidad de antecedentes que hay en la investigación, que son muchísimos. Como pasó por varias fiscalías, había que asimilar eso de acuerdo a la metodología que nosotros utilizamos y así empezamos a avanzar con diligencia. Ya hemos concretado al menos dos viajes a Santiago para entrevistar a una importante cantidad de funcionarios públicos que tienen que ver con el desarrollo de los convenios que se realizaron entre el Gore Metropolitano y la fundación, que es una de las aristas priorizadas.

¿Se encontraron con vacíos de antecedentes en la carpeta? Querellantes han insistido en que estaba todo para formalizar y que hay retrasos.

Hoy no están todos los antecedentes, de acuerdo con nuestro estándar y estilo de investigación. No estaban todos los antecedentes como para formalizar de un día para otro, menos si no conocíamos los detalles. Hubiese sido absolutamente poco serio e irresponsable tomar la investigación de otra región, con una decisión que se dice que estaba tomada, con un criterio de otro colega, que puede ser absolutamente legítimo, y formalizar. No es nuestra forma.

El fiscal Patricio Cooper confirmó que se aprontaba a formalizar. ¿No le parece que estén los elementos para dar ese paso?

Nosotros tenemos un estándar para formalizar que dice relación con los hechos que nosotros vemos, las calificaciones jurídicas que observamos y los elementos probatorios reunidos. Desde esa perspectiva, si seguimos recabando antecedentes es porque seriamente y con convicción estimamos que en este minuto no están los antecedentes suficientes para formalizar.

¿Pero qué tan lejos se está de esa decisión?

Esperamos hacerlo lo antes posible. Hemos tomado medidas de priorización, que no es para mí realmente lo ideal, pero somos absolutamente conscientes y no podemos hacer oídos sordos de la connotación pública que tiene el caso. Se requiere una respuesta.

¿Antes de fin de año?

No me puedo poner un plazo. Pero no le puedo negar, y esto es una cuestión absolutamente personal, que sí me gustaría poder tener una formalización dentro del año, pero sería irresponsable comprometerlo.