Por casi una hora el fiscal nacional, Jorge Abbott, se conectó a través de un live en el Instagram del Ministerio Público para abordar los distintos los desafíos de la entidad en su 21º aniversario.

En la ocasión, el jefe de los persecutores se refirió a la polémica que surgió respecto de la entrega del bono de clase media luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) señalara que más de 430 mil personas percibieron el monto entregado por el Estado sin cumplir los requisitos y que de ese total, 37.100 eran funcionarios públicos.

A raíz de esto, el Ministerio Público tomó la decisión de abrir una investigación penal por lo ocurrido y Abbott ofició a al director del SII, Fernando Barraza, para que entregue el listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones. En esa oportunidad, el ente persecutor informó que la indagatoria podría ser por los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros ilícitos.

Sobre esto, el fiscal nacional señaló -durante su entrevista en el Instagram del organismo- que “de acuerdo a antecedentes que estamos recabando, se nos han entregado algunos y dicen relación con funcionarios de la propia Fiscalía. Pero estamos recabando los antecedentes de todas personas, pues bien existirían situaciones en las cuales las personas a través de engaño habrían obtenido este bono”.

“Aquí nos vamos a encontrar con muchas situaciones. Nos vamos a encontrar situaciones en las que hubo errores, situaciones en que simplemente no hubo dolo. Pero también nos vamos a encontrar con situaciones que son particularmente graves”, agregó.

Igualmente, Abbott manifestó que los fiscales “no podemos anticipar juicios definitivos sin investigar exactamente todo lo que ocurrió”. Así, indicó que el proceso “tampoco era muy estricto. En consecuencia, no era que uno haya tenido que pasar muchos pasos y elucubrar mucho. Entonces, puede haber situaciones límite que, producto de un mal entendido, haya llevado a alguien a solicitar este monto”.

Respecto de las sanciones, el persecutor sostuvo que "seguramente van a tener un tratamiento diferente las personas que devuelvan ese monto a quienes no la devuelvan. Quienes no la devuelvan probablemente tengan un reproche penal intenso y los que la devuelvan tengan una situación diferente dependiendo de quién es la persona que solicitó este beneficio. Porque si la solicitó una persona que tiene recursos y que no tiene ninguna necesidad, el juicio de reproche es bastante más intenso”.

Funcionarios públicos

Además, el fiscal Abbott añadió que si un funcionario público de alto nivel solicitó el monto de ayuda del Estado, “creo que el reproche debe ser muy intenso”, a diferencia de lo que ocurriría con un auxiliar o administrativo.

En el caso de los trabajadores de la fiscalía, el persecutor sostuvo que “en el caso nuestro vamos a abrir investigaciones administrativas, vamos a ver qué nos dicen nuestros funcionarios, por qué razón cobraron ese bono. Y probablemente algunos tengan explicación y otros no”.

"Los que no tengan tendrán algún reproche por parte nuestra en el ámbito administrativo, sin perjuicio del reproche penal que corresponda. Teniendo siempre presente que tenemos que discernir entre las personas quienes cometieron este presunto ilícito”, dijo.

De acuerdo a los recuentos del SII, desde el sábado hasta el jueves, se han restituido unos 15 mil bonos mal adjudicados.